Contralora audita y revela fallas millonarias en Guaynabo
Documentaron obras fraccionadas, compras sin subasta, pagos cuestionados y proyectos que no generaron beneficio público.
Por Redacción InDiario|Política|
La Oficina de la Contralora de Puerto Rico documentó un amplio historial de deficiencias fiscales y administrativas en el Municipio de Guaynabo, que incluye obras de construcción divididas para evitar subastas públicas, compras millonarias sin competencia, pagos indebidos y proyectos que no rindieron el beneficio esperado para la ciudadanía.
Uno de los informes concluyó que las operaciones examinadas se apartaron de disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la contratación de obras y los procesos de subasta. La auditoría, correspondiente al periodo entre enero de 2011 y diciembre de 2014, contenía 11 hallazgos y recibió una opinión parcialmente adversa.
Entre los señalamientos figura el fraccionamiento de cinco obras de construcción que sumaban aproximadamente $700,000. Según la Contraloría, la división de los proyectos permitió que el Municipio evitara celebrar una subasta pública formal, práctica que puede limitar la competencia y abrir espacio al favoritismo en la contratación gubernamental.
Los auditores también identificaron la adquisición de 11 esculturas de bronce, 15 zafacones ornamentales y otras piezas por $764,695 sin celebrar una subasta pública. Además, se aprobaron nueve enmiendas a un contrato para el mantenimiento de la flota municipal sin permitir que otras compañías compitieran por esos servicios.
Otro hallazgo reveló que el Municipio pagó $710,000 a una corporación contratada para inspeccionar tres proyectos de construcción, aunque el presidente de la empresa tenía suspendida su autorización para ejercer la ingeniería desde 2008. La situación fue referida al Departamento de Justicia y a organismos reguladores de la profesión.
La auditoría señaló, además, que tres proyectos de construcción valorados en $9.1 millones fueron contratados sin obtener previamente los permisos correspondientes. También se ejecutaron obras sin la aprobación de la Junta de Subastas, sin contratos formalizados y sin las fianzas requeridas para proteger los intereses municipales.
Los señalamientos incluyeron un pago en exceso de $13,400 por servicios de adiestramiento para jóvenes, deficiencias en la concesión de donativos y la permanencia de 369 empleados clasificados como transitorios que habían excedido, en algunos casos por hasta 23 años, el periodo probatorio permitido.
Una auditoría posterior, que examinó operaciones realizadas entre 2015 y 2020, volvió a identificar fallas en los procesos de compra y desembolso. El informe señaló que el Municipio adquirió por $124,294 los módulos de juego del parque pasivo de Torrimar sin celebrar la subasta requerida para compras superiores a $100,000.
Ese segundo informe también cuestionó la falta de utilidad de dos inversiones municipales: el Museo de la Música Rafael Ithier, cuya construcción alcanzó los $15.9 millones, y una planta de concreto adquirida por $221,158 que permanecía deteriorada y sin instalarse.
Contraloría informó, asimismo, que el Municipio procesó 907 pagos mediante transferencias electrónicas por más de $35.5 millones sin contar con reglamentación para ese mecanismo. Además, no presentó para examen los documentos correspondientes a 17 desembolsos por obras de construcción que totalizaban $870,147.
Los periodos auditados corresponden a administraciones municipales anteriores. No obstante, los informes reflejan cómo la ausencia de competencia, documentación y controles adecuados puede comprometer la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
