Vargas Laureano reclama justicia salarial para Récord Penal

La representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Swanny Enit Vargas Laureano, reclamó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que revise las condiciones laborales de los Técnicos y Supervisores de Récord Penal, al plantear que enfrentan salarios bajos, escasez de personal y falta de recursos para cumplir funciones que inciden directamente sobre el tiempo que una persona permanece confinada.

Vargas Laureano solicitó que la agencia certifique cuántos técnicos y supervisores permanecen activos, las plazas vacantes, la cantidad de casos asignados a cada empleado, sus escalas salariales y las responsabilidades adicionales que les han sido asignadas.

Según información suministrada a la legisladora por los propios trabajadores, actualmente habría alrededor de 23 técnicos y supervisores de Récord Penal para atender una población correccional superior a las 7,000 personas. Esa cifra de empleados no ha sido confirmada públicamente por el DCR.

La población bajo custodia reportada recientemente por la agencia sí supera las 7,000 personas. Al anunciar su salida del DCR en agosto, el entonces secretario Francisco Quiñones Rivera informó que el sistema tenía 7,228 personas bajo custodia, además de 6,571 personas supervisadas en la libre comunidad. 

“Un cómputo de sentencia no es simplemente llenar un documento: puede incidir en cuánto tiempo una persona permanece privada de su libertad y cuándo corresponde su excarcelación”, sostuvo Vargas Laureano.

Trabajo especializado dentro del sistema penal

Entre las funciones atribuidas a los Técnicos de Récord Penal se encuentran analizar las sentencias emitidas por los tribunales, revisar expedientes, preparar cómputos de sentencia y procesos de excarcelación, así como aplicar leyes, reglamentos y disposiciones administrativas relacionadas con el cumplimiento de las penas.

También mantienen coordinación con tribunales, el Departamento de Justicia y otras dependencias gubernamentales.

Una convocatoria vigente del propio DCR para el puesto de Técnico de Récords Penales establece un salario mínimo anual de $21,300, equivalente a aproximadamente $1,775 mensuales antes de deducciones. La convocatoria contempla plazas en Bayamón, Ponce, Guayama, San Juan y Mayagüez. 

La cifra guarda proximidad con el señalamiento de los trabajadores citado por Vargas Laureano, quienes ubican su remuneración alrededor de los $1,700 mensuales.

“No podemos exigir precisión absoluta en decisiones que afectan la libertad de un ser humano mientras permitimos que quienes realizan esos trabajos no cuenten con salarios suficientes, tengan escasez de personal y falta de recursos”, expresó la representante.

Reclamo ocurre tras aumento a otros empleados

Vargas Laureano hizo referencia al aumento salarial otorgado durante la administración del exsecretario Quiñones Rivera a miles de empleados del sistema correccional.

Quiñones informó al concluir su gestión que 3,547 oficiales correccionales y otros empleados del área de seguridad recibieron un aumento anual de $8,960.04. 

La representante sostuvo que ese antecedente justifica revisar también las condiciones de otras clases ocupacionales que considera esenciales para el funcionamiento del sistema.

El reclamo llega semanas después de que Julie O. Gómez Gómez asumiera oficialmente la dirección del DCR. El Senado confirmó su nombramiento como secretaria el 24 de agosto, luego de la salida de Quiñones. 

El propio Departamento celebró recientemente actividades de desarrollo profesional para técnicos de servicios sociopenales, técnicos de récord penal y trabajadores sociales, enfocadas en trabajo en equipo, comunicación y manejo de cargas laborales y emocionales. 

Pide revisar plazas y carga de trabajo

Vargas Laureano sostuvo que el planteamiento no debe limitarse a una discusión sobre salarios y pidió evaluar la estructura completa de las oficinas de Récord Penal.

La legisladora solicitó que Corrección determine cuántas plazas adicionales serían necesarias y establezca un plan para fortalecer el personal y los recursos disponibles en las instituciones.

“Estamos hablando de la capacidad del Estado para administrar correctamente las sentencias impuestas por nuestros tribunales. La justicia salarial, una plantilla adecuada y los recursos necesarios también son herramientas para proteger la integridad del sistema”, concluyó Vargas Laureano.