Factura estimada de $17,420 sacude turismo en Cabo Rojo
Un comercio que usualmente pagaba unos $2,000 recibió una factura casi nueve veces mayor; Migdalia González exige acción.
Por Redacción InDiario|Política|
Una factura estimada de electricidad por $17,420, recibida por un establecimiento de café en Cabo Rojo, ha encendido las alarmas sobre el impacto de los costos energéticos en los pequeños negocios vinculados a la industria turística del oeste.
Según la denuncia, el establecimiento pagaba habitualmente alrededor de $2,000 mensuales, por lo que la nueva factura representa un incremento de $15,420, equivalente al 771 % de su facturación habitual.
Lo preocupante es que el cargo no responde a una lectura real del contador, sino a una estimación de LUMA Energy. Hasta el momento, no se ha establecido si la cantidad obedece a un error de facturación o a ajustes por consumo acumulado.
La situación plantea interrogantes sobre la estabilidad económica de los negocios turísticos de Cabo Rojo, particularmente en sectores como Boquerón, Joyuda, El Combate y Puerto Real, donde restaurantes, cafeterías y hospederías dependen de la electricidad para mantener sus operaciones.
Una factura de esta magnitud podría comprometer las finanzas de un pequeño comercio, provocar aumentos en los precios al consumidor o incluso poner en riesgo su continuidad.
La preocupación coincide con advertencias del Centro Unido de Detallistas (CUD), que ha señalado que unas 12,000 pequeñas y medianas empresas podrían cerrar debido a los elevados costos energéticos.
Migdalia González exige soluciones a La Fortaleza
La denuncia fue presentada por la vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD) y exsenadora, Migdalia González Arroyo, quien criticó a la gobernadora Jenniffer González Colón por la falta de soluciones al encarecimiento de la electricidad.
“Mientras la gobernadora Jenniffer González se entretiene pidiendo la estadidad por enésima vez, los comercios, los hogares y las industrias están sufriendo el alza desmedida en las facturas de electricidad”, expresó.
González Arroyo también cuestionó la propuesta gubernamental de reducir temporalmente el IVU sobre alimentos preparados, al considerar que carecía de una fuente de financiamiento viable ante la Junta de Supervisión Fiscal.
Como alternativa, defendió tres medidas legislativas presentadas por la delegación popular en el Senado, dirigidas a utilizar aproximadamente $131 millones del Fondo de Emergencia para sufragar el reciente aumento en las tarifas eléctricas.
Según la dirigente, esa cantidad representa cerca del 11 % del balance estimado del fondo, que podría alcanzar los $1,200 millones.
“Esta es una solución viable”, sostuvo González Arroyo.
Mientras continúa el debate político sobre las alternativas para reducir el costo energético, el caso de Cabo Rojo pone de relieve una preocupación inmediata para el comercio: cómo sostener un negocio cuando una sola factura eléctrica puede multiplicarse casi nueve veces sin una lectura real del contador.
