Alcaldes alertan por fondos federales ante Censo 2030

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico expresó su oposición a los cambios propuestos por el Negociado del Censo de Estados Unidos para el Censo de 2030, al advertir que podrían provocar errores en el conteo poblacional y comprometer millones de dólares en fondos federales destinados a los municipios.

Mediante una comunicación presentada el 2 de noviembre, la organización señaló que la propuesta federal no considera adecuadamente las particularidades de Puerto Rico, incluyendo su sistema contributivo, las direcciones rurales y el movimiento de residentes entre la Isla y los estados.

El presidente de la Asociación, Jorge L. González Otero, advirtió que una enumeración incorrecta podría afectar directamente los recursos disponibles para atender las necesidades de las comunidades.

“Un ciudadano que no sea contado correctamente sigue necesitando servicios, pero su municipio podría recibir menos recursos para atenderlo”, expresó.

Entre los programas potencialmente afectados figuran los de vivienda, asistencia a adultos mayores, cuido infantil, transportación y desarrollo comunitario. La organización también advirtió sobre posibles consecuencias para la distribución de recursos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Censo de 2020 registró miles de omisiones

La Asociación recordó que el propio Negociado del Censo identificó aproximadamente 217,000 omisiones de residentesdurante el ejercicio de 2020.

Sin embargo, el estudio federal también identificó duplicaciones y otras enumeraciones incorrectas, por lo que el resultado neto fue un sobreconteo estimado de 174,000 personas, equivalente al 5.7 % de la población. Las omisiones no representan, por tanto, una subestimación neta de 217,000 habitantes.

Ante estos antecedentes, la organización solicitó que no se apruebe la reglamentación en su forma actual y reclamó la celebración de vistas públicas en Puerto Rico, estudios de impacto y consultas con los gobiernos municipales.

Asimismo, respaldó las gestiones del comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, para incorporar al Instituto de Estadísticas y la Junta de Planificación en la evaluación de los cambios propuestos.

La reglamentación federal, publicada el 10 de septiembre, contempla nuevos criterios para determinar la residencia habitual de las personas y modificaciones en la recopilación de información demográfica. Su periodo de comentarios públicos concluyó el 2 de noviembre.

“Lo que exigimos es sencillo: que cada puertorriqueño sea contado, una sola vez y en el lugar correcto. De ello dependen los recursos y servicios que recibirán nuestras comunidades durante la próxima década”, concluyó González Otero.