Ética radica querellas contra Domenech e Itza García

La Oficina de Ética Gubernamental radicó el 29 de octubre dos querellas contra el exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech Fernández y la exsubsecretaria Itza García Rodríguez. Los dos funcionarios que salieron de La Fortaleza en agosto bajo investigación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Según los documentos, publicados por la OEG, ésta alega que Domenech violó la prohibición que la Ley 1-2012 impone a los exservidores públicos durante el año siguiente a su salida, al contratar como abogada a Janet Parra Mercado, cuyo contrato de $125,000 con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado él mismo autorizó en agosto de 2025, y que García intervino para que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio contratara por $120,000 a la empresa de su pareja, con quien comparte residencia, y meses después le aseguró a la OEG que se había inhibido de todo asunto relacionado con esa compañía.

Las querellas, recibidas en la Secretaría de la OEG a las 4:27 y 4:28 de la tarde con los números 27-21 y 27-22, piden sanciones bajo el Artículo 4.7(c) de la Ley 1-2012, una multa civil equivalente a tres veces el beneficio económico recibido y la restitución de los fondos públicos desembolsados, con retención contra sus fondos de retiro si no pagan. Los dos tienen 20 días para contestar. Las querellas son administrativas y ninguno de los dos ha sido acusado de ningún delito.

EL CONTRATO DE $125,000 DE PARRA MERCADO

La querella contra Domenech, firmada por los abogados de la OEG Jaime A. Vázquez Colón y Daniel J. Rodríguez Ramírez, parte de la Orden Ejecutiva 2025-008, con la que la gobernadora le dio al secretario de la Gobernación la facultad de "decidir sobre la aprobación de toda contratación de servicios profesionales". El 18 de agosto de 2025, según la querella, la plataforma electrónica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto generó la comunicación que autorizó a la CFSE a formalizar el contrato C_2026-06293 con Parra Mercado por $125,000 hasta el 30 de junio de 2026, con las firmas electrónicas de Domenech y del director de la OGP, Orlando Rivera Berríos.

Ese mismo día la administradora de la CFSE, Enid Ortiz Rodríguez, y Parra Mercado firmaron el contrato 2026-000070. Domenech renunció el 7 de agosto de 2026 y tres días después El Nuevo Día reportó que Parra Mercado era su abogada ante el Panel del FEI. El 28 de agosto el Panel notificó a la OEG una resolución en el asunto DI-FEI-2026-0011, y del registro de notificaciones surge que a Domenech se le notificó por conducto de Parra Mercado.

Para la OEG, la autorización del contrato de la CFSE fue una "acción oficial" y contratar a la misma abogada dentro del año siguiente viola el Artículo 4.6(c), que prohíbe a un exservidor "contratar, directa o indirectamente, con una persona privada o negocio sobre el que haya ejercido una acción oficial durante el año anterior a la terminación de su empleo".

El 6 de agosto, el día antes de la renuncia, el director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, explicó a Metro que Domenech no había consultado a la oficina sobre su salida al sector privado y que las restricciones atadas a acciones oficiales no admiten excepción. "Eso no es dispensable, eso es una prohibición de ley que no permite dispensa", dijo. Parra Mercado, exfiscal y exjefa de la división de crimen organizado de Justicia, fue la secretaria de Justicia designada de Jenniffer González entre el 2 de enero y el 8 de mayo de 2025, cuando la gobernadora retiró su nombramiento después de que Thomas Rivera Schatz anunciara que no tenía los votos. En abril de este año, el presidente del Senado radicó una queja disciplinaria contra ella ante el Tribunal Supremo.

Vea la querella contra Francisco Domenech aquí

LA PAREJA DE LA SUBSECRETARIA

La querella contra García, firmada por Zuriel R. Figueroa Berríos y Alexandra Rivera Ríos, reconstruye quince meses. El 30 de julio de 2025 García y su pareja, Luis Alberto Sánchez Andino, firmaron juntos el contrato de arrendamiento de la residencia que compartieron al menos hasta agosto de 2026.

El 12 de septiembre de 2025 Sánchez Andino inscribió en el Departamento de Estado la empresa Next Wave Solutions, LLC, de la que es administrador y agente residente. El 9 de noviembre García le envió al entonces secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, su subalterno, copia digital de una propuesta de servicios de la empresa y el teléfono de su pareja, y el 5 de diciembre le escribió por mensaje de texto que Sánchez Andino estaba en el DDEC para firmar el contrato.

El 16 de diciembre el DDEC y la Oficina de Gerencia de Permisos formalizaron el contrato 2026-000561 con Next Wave por $120,000, vigente hasta el 30 de junio de 2026, para "consultoría administrativa, coordinación de proyectos y eventos". La empresa firmó además dos contratos con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el 1 de diciembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, y uno con el Municipio de Utuado el 4 de diciembre de 2025.

El 20 de marzo de 2026 García presentó ante la OEG un mecanismo de inhibición en el que afirmó que "hasta el presente, esta servidora se ha mantenido totalmente inhibida de cualquier proceso, discusión o autorización relacionada con la compañía Next Wave Solutions, LLC, o con el Sr. Sánchez Andino como su representante". La OEG lo aceptó el 13 de abril con efecto prospectivo.

Ahora alega que fue "una falsa representación", porque "en efecto, sí intervino", y que la secuencia completa, el cargo de alta jerarquía en enero de 2025, el arrendamiento compartido en julio, la corporación de la pareja en septiembre, las gestiones con el subalterno en noviembre, el contrato once días después de la última gestión y la inhibición tres meses más tarde, "causa en el público la robusta impresión de una acción antiética" en violación de los incisos (g) y (s) del Artículo 4.2, que prohíben intervenir en asuntos donde una persona que comparte la residencia tenga un conflicto de intereses y toda acción que ponga en duda la imparcialidad de la función pública.

Vea la querella contra Itza García aquí.

Rivera Schatz había referido a García al Panel del FEI y a la OEG el 9 de julio con dos declaraciones juradas de Negrón Reichard y del exdirector de Incentivos del DDEC, Ernesto Zayas García, que incluían las gestiones para contratar a su pareja. García respondió entonces que las alegaciones eran "totalmente falsas" y que no litigaría el asunto en los medios. El 17 de julio el Panel amplió a Domenech y a García la investigación que las fiscales Fabiola Acarón Porrata-Doria e Ileana Agudo Calderón llevaban sobre exfuncionarios de la OGPe, y Domenech calificó las alegaciones de Negrón Reichard de "plagadas de mentiras, medias verdades". Cuatro días después la gobernadora anunció la salida de ambos, Domenech renunció el 7 de agosto y García el 15.

Esa pesquisa sigue abierta, con noviembre como fecha estimada de cierre si no se piden prórrogas, y la OEG informó en agosto que su propia investigación de Domenech ya estaba en la fase exhaustiva. Las querellas del 29 de octubre son las primeras acciones formales de la OEG contra los dos exfuncionarios.