NFE podría cobrar $37.5 millones por gas de terceros

Senadores populares denuncian un cargo de 50 centavos por MMBtu y advierten que podría trasladarse a la factura eléctrica.

Por Redacción InDiarioPolítica|

El portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández dirige la conferencia de prensa junto a la delegación Popular del alto cuerpo. (Suministrada)
Comparte el artículo:

New Fortress Energy (NFE) podría continuar recibiendo millones de dólares aun cuando no suministre el gas natural necesario para operar las centrales generatrices de Puerto Rico. Así lo denunció este lunes la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, al revelar detalles de una disposición contractual que permite a la empresa cobrar por el uso de sus instalaciones cuando otros suplidores tengan que sustituirla.

Durante una conferencia de prensa en el Capitolio, los legisladores advirtieron que el mecanismo, conocido como tolling arrangement, contempla un cargo inicial de 50 centavos por cada millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) de gas natural que terceros introduzcan a través de la terminal controlada por NFE en San Juan.

Según los cálculos presentados por la delegación, estos cargos podrían representar hasta $37.5 millones anuales bajo un escenario de utilización de 75 millones de MMBtu.

La cifra constituye una proyección basada en el volumen contractual utilizado por los legisladores y no un desembolso confirmado ni una cantidad que necesariamente recibirá la empresa.

Un peaje que podría terminar en la factura eléctrica

La portavoz alterna de la delegación popular, Marially González Huertas, explicó que el acuerdo establece una compensación para NFE cuando suplidores alternos utilizan su infraestructura para entregar gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La legisladora cuestionó que una empresa que no logra cumplir con el suministro contratado pueda recibir ingresos adicionales mediante la utilización de sus instalaciones por otros proveedores.

"¿Ustedes creen que ese suplidor va a absorber ese peaje? No. Se lo va a cobrar a la AEE en el precio del gas", manifestó González Huertas.

La senadora advirtió que esos gastos podrían terminar trasladándose a los abonados mediante la Cláusula de Compra de Combustible incluida en la factura eléctrica.

El contrato examinado confirma la existencia del cargo de $0.50 por MMBtu, aunque el efecto final sobre los consumidores dependerá de los acuerdos con suplidores alternos, los costos efectivamente incurridos y su tratamiento regulatorio.

Hasta $2 millones por un solo cargamento

El senador Josian Santiago Rivera presentó estimados sobre el impacto económico que podría representar el cobro por utilizar las instalaciones de New Fortress.

Según explicó, un solo cargamento de gas natural transportado por un suplidor sustituto podría generar entre $1.8 millones y $2 millones en cargos para la empresa.

El legislador indicó que, utilizando como referencia un volumen de ocho millones de MMBtu mensuales, los ingresos potenciales por este concepto alcanzarían los $4 millones durante un mes.

Asimismo, tomando como base los 75 millones de MMBtu anuales contemplados en el acuerdo de suministro, el cargo inicial equivaldría a $37.5 millones.

"¡Qué tremendo negocio para New Fortress!", expresó Santiago Rivera, al cuestionar que la compañía pueda recibir pagos por el acceso de terceros a sus instalaciones aun cuando sea necesario sustituirla como suplidora.

El mecanismo también contempla ajustes anuales vinculados a la inflación, con un incremento mínimo de 2%, lo que podría elevar el cargo unitario durante la vigencia del contrato.

No obstante, las proyecciones presentadas por el PPD son escenarios hipotéticos. Los ingresos reales dependerán del volumen de gas que efectivamente llegue mediante terceros y de los acuerdos aplicables.

La Junta Fiscal defiende el acceso alterno

El mecanismo cuestionado por la delegación popular fue una de las condiciones examinadas por la Junta de Supervisión Fiscal durante la aprobación del contrato de suministro de gas en diciembre de 2025.

En declaraciones oficiales del 21 de octubre, el organismo defendió la importancia de garantizar que otros suplidores puedan utilizar las instalaciones de NFE cuando la empresa no entregue el combustible contratado.

Para la Junta, esa disposición es fundamental para evitar interrupciones de suministro y proteger la estabilidad del sistema eléctrico.

El organismo también informó que, según estimados de la AEE, la utilización de diésel ante los retrasos en las entregas de gas representó aproximadamente $32 millones entre el 16 de septiembre y el 12 de octubre de 2026.

Esta posición introduce otro elemento en la controversia: aunque el acceso a la terminal supone un cargo para suplidores alternos, utilizarla podría evitar costos mayores asociados con la generación mediante diésel.

Señalan al zar de Energía por falta de fiscalización

La senadora Ada Álvarez Conde cuestionó la gestión del director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y zar de Energía, Josué Colón Ortiz, sobre los contratos relacionados con New Fortress.

La legisladora señaló que Genera PR, encargada de operar las centrales generatrices, es una subsidiaria vinculada a New Fortress y representa a la AEE en el acuerdo de suministro de gas.

"¿Dónde está el Zar de Energía?", preguntó Álvarez Conde, al reclamar explicaciones sobre las gestiones de fiscalización realizadas por la AAPP.

La senadora también hizo referencia a la controversia relacionada con el contrato de Power Expectations, que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de sectores políticos.

De acuerdo con las disposiciones del contrato de gas, la AAPP tiene autoridad expresa para fiscalizar a Genera y exigir el cumplimiento del acuerdo frente a NFE, lo que coloca a esa entidad en el centro de los reclamos de rendición de cuentas.

Cuestionan que el Gobierno celebre la decisión judicial

Por su parte, el expresidente del Senado José Luis Dalmau Santiago responsabilizó a las administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) por haber permitido que New Fortress consolidara su control sobre infraestructura estratégica de suministro energético.

Dalmau recordó que el arrendamiento de los muelles A y B de San Juan se produjo durante la administración del exgobernador Ricardo Rosselló y cuestionó que la gobernadora Jenniffer González Colón continúe defendiendo las decisiones de su administración relacionadas con la empresa.

"¡Qué fácil es repartir culpas! Pero que asuma su responsabilidad con el País", expresó.

La delegación también rechazó que el Gobierno presente como un triunfo definitivo la orden emitida el viernes por el juez federal Pedro A. Delgado Hernández, quien obligó a NFE a facilitar el acceso de suplidores alternos a sus instalaciones.

Los legisladores argumentaron que la intervención judicial demuestra las dificultades para garantizar el suministro mediante un contrato aprobado menos de un año atrás.

Aunque la orden permite avanzar hacia la utilización de suplidores alternos, los populares sostienen que todavía falta determinar cuánto costará activar ese mecanismo.

Exigen revelar cuánto terminará pagando el consumidor

Al concluir la conferencia, el portavoz popular, Luis Javier Hernández Ortiz, exigió que la gobernadora y el zar de Energía divulguen cuánto podría recibir New Fortress por permitir el uso de sus instalaciones durante la emergencia.

"¿Cuánto le va a pagar a NFE en peaje durante esta emergencia, y cuánto de eso terminará en la factura de luz?", cuestionó Hernández Ortiz.

La controversia coloca sobre la mesa una nueva interrogante económica: si Puerto Rico tiene que contratar a otra empresa para recibir el gas que New Fortress no puede suministrar, ¿cuánto terminará costando utilizar la infraestructura de la compañía original?

Por ahora, los $37.5 millones proyectados por los senadores no representan una factura emitida ni un costo confirmado para los abonados. Sin embargo, las disposiciones contractuales que permiten cobrar por la utilización de la terminal abren un nuevo frente de escrutinio sobre los acuerdos energéticos del Gobierno.