¿Cuáles son los delitos que se le imputan a Francisco Domenech?

Presiones ilegales para otorgar decretos contributivos a clientes de Politank, posible perjurio, destrucción de evidencia, obstrucción de una investigación interna, violaciones al deber de inhibición para beneficio de allegados, represalias contra denunciantes y discrimen político-partidista. Ese es el catálogo de conducta que dos declaraciones juradas radicadas este jueves ante el Senado de Puerto Rico atribuyen al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y que sus autores estiman puede constituir delito público.

Los testimonios los sometieron el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Sebastián Negrón Reichard y el exdirector de la Oficina de Incentivos para Negocios (OIN) Ernesto J. Zayas García, en respuesta a citaciones de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside Thomas Rivera Schatz al amparo de la Resolución del Senado 548. La resolución ordena examinar posibles violaciones al Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, al Código Penal, a la Ley de Ética Gubernamental, a cualquier otro estatuto penal y a las normas federales que rigen la contratación con fondos federales. Corresponderá al Senado, al Departamento de Justicia y al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente determinar si los hechos jurados configuran esos delitos.

LA PRESIÓN POR LOS DECRETOS DE CLIENTES DE POLITANK

La primera imputación, es la alegada intervención e influencia indebida del funcionario para que el DDEC concediera decretos contributivos a intereses gestionados por Politank, la firma de cabildeo que Domenech fundó y que juró haber vendido. Según la declaración jurada, el 18 de mayo de 2026, horas después de que Negrón Reichard anunciara referidos a las autoridades por presiones en una subasta de fondos federales, Domenech llegó al DDEC con sus ayudantes en una dinámica que el exsecretario describe como "una demostración de poder". Terminada la parte de la reunión que el propio Domenech grabó con su celular, exigió atender tres solicitudes que le había entregado impresas el viernes anterior. Correspondían a Opus Miramar, el proyecto de torres de lujo en el Distrito de Convenciones cuyo decreto gestionaba activamente Politank, y a Federico Cardona Firpi y Gabriel López Sánchez, dos individuos con casos archivados que resultaron ser accionistas de las entidades detrás del mismo proyecto.

Según ambos testimonios, Domenech confrontó a Zayas García asegurando falsamente que este había endosado el proyecto, consultó desde su celular documentos confidenciales del expediente administrativo que no debían obrar en su poder, invocó al menos dos veces la "discreción" del secretario del DDEC para aprobar un decreto que no cumplía con la ley y "comenzó a actuar y comportarse como si él mismo fuese el representante del proponente". Molesto, reclamó que ya habían celebrado la ceremonia de primera piedra "partiendo de la premisa de que el decreto de exención contributiva con los créditos ya había aprobado". Zayas García lo resume bajo juramento como "una presión indebida, antiética e ilegal", y Negrón Reichard la califica de actuación ilegal dirigida a obtener un beneficio no autorizado por ley para un cliente de Politank. La solicitud de Opus Miramar reclamaba un crédito contributivo de $120 millones sobre una inversión proyectada de $300 millones, con torres residenciales de lujo "sin un solo elemento de actividad turística hasta que se comenzará a construir el hotel en el futuro".

La segunda imputación es el aprovechamiento del cargo para beneficio económico propio. Una auditoría de la OIN, referida el 2 de junio al subsecretario Roberto Lefranc Fortuño, estableció que Domenech figuraba como único accionista de Politank desde 2017 hasta esa misma fecha, que la firma dejó de radicar los informes anuales de negocio exento de 2020, 2022, 2023 y 2024, y que nunca solicitó la autorización previa que exige la ley para transferir el negocio, omisión que anula el decreto desde el 31 de diciembre de 2024, fecha de la alegada venta. La OIN recomendó una multa de $40,000 y la revocación retroactiva al 1 de enero de 2021. "Para todos los efectos legales, el único beneficiario del decreto de Politank es el Lcdo. Domenech", juró Zayas García, quien explicó que las ganancias acumuladas por la firma podrán distribuírsele exentas de contribuciones ante una recompra de acciones, por lo que toda gestión suya a favor de clientes de Politank "redunda en beneficios directos al propio Lcdo. Domenech". El expediente físico de la firma, además, desapareció de la OIN al comenzar la auditoría. Politank rechazó los hallazgos en un comunicado del 29 de junio en el que denunció un patrón de discrimen y sostuvo que una recompra de acciones no constituye un cambio de control que requiriera autorización.

Describió además un esquema de inhibiciones recíprocas con la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, mediante el cual cada uno gestionaba los asuntos de los que el otro debía apartarse, incluyendo la contratación y los pagos de la pareja sentimental de la subsecretaria.

PERJURIO, EVIDENCIA DESTRUIDA Y REPRESALIAS

La cuarta imputación es el posible perjurio ante la Comisión Total del Senado. Domenech juró el 24 de marzo que vendió Politank por $4 millones pagados por la propia corporación y que no interviene en los asuntos de la firma, aunque no pudo identificar a sus dueños actuales. Para Negrón Reichard, las gestiones documentadas semanas después resultan "totalmente contrarias, incompatibles e irreconciliables" con aquel testimonio, por lo que el secretario de la Gobernación "declaró bajo juramento sobre hechos materiales e importantes, con evidente conocimiento de su falsedad". La resolución senatorial ordena precisamente determinar si incurrió en falsedad o en otra conducta sancionable.

La quinta abarca las declaraciones falsas que Negrón Reichard identifica en las declaraciones juradas que el propio Domenech radicó en su contra el 17 y el 22 de junio, y que el exsecretario atribuye a una represalia directa. La cifra de $74,111,276.62 en contratos que Domenech juró que benefició a clientes del bufete del abuelo del exsecretario es "aritméticamente falsa", pues los doce contratos listados en su propia declaración suman $41,111,276.62. La supuesta instrucción de inhibición que alegó haber impartido nunca ocurrió, y fue el propio Domenech quien editó y aprobó la respuesta pública sobre el tema, además de gestionar que un medio no publicara la historia con la expresión "Dude, plis, this is wht i do all the time" (sic). El alegado trámite exprés del decreto de la esposa de Negrón Reichard tampoco existió, pues la solicitud lleva más de cuatro meses pendiente, y al divulgar información confidencial de esa contribuyente el funcionario pudo haber violado el Código de Incentivos y el Código de Rentas Internas.

La sexta imputación es la destrucción de evidencia. Negrón Reichard juró que Domenech borró de Telegram al menos dos mensajes materiales de una conversación de octubre de 2025, incluyendo aquel en el que reconocía y aprobaba la inhibición de Zayas García respecto al bufete Reichard & Escalera, supresión que contradice sus propias declaraciones juradas. El exsecretario conserva una descarga completa del intercambio, efectuada antes de la eliminación, que permite corroborar exactamente lo suprimido, y advierte que esa conducta es en sí misma "potencialmente delictiva".

La séptima es la obstrucción de la evaluación interna del DDEC sobre las presiones en la subasta federal. El testimonio detalla que Domenech bloqueó por semanas la remoción de los funcionarios señalados, ordenó paralizar suspensiones sumarias ya firmadas por la autoridad nominadora bajo amenaza de despido al director de Recursos Humanos, admitió con un "mala mía" haber autorizado una opinión del Departamento de Justicia que llevaba meses guardada y que socavaba la autoridad del DDEC en plena investigación, instruyó al secretario a "manejar" a las empleadas denunciantes para que no hablaran públicamente y ordenó "no tocar a Charlene Neuman" porque "ella había trabajado mucho por la primaria".

Esa última frase conecta con la octava imputación, el discrimen político-partidista como norma de gobierno. Pasada la medianoche del 18 de mayo, Domenech le escribió a Negrón Reichard que no toleraría "personas que no son PNP trabajando en puestos de confianza". Zayas García corrobora el patrón y juró que nunca pudo nombrar un subdirector porque ningún candidato aparecía "en las listas del Partido Nuevo Progresista o como donante de dicho partido", criterio que describió como el principal para obtener el aval de La Fortaleza.

Las renuncias marcaron el desenlace de ambos testimonios. Negrón Reichard dimitió el 26 de mayo junto a nueve funcionarios del DDEC y Zayas García cursó su carta ese mismo día. La Resolución del Senado 548 fue aprobada el 19 de junio, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente confirmó que su pesquisa incluye a Domenech, y la gobernadora Jenniffer González ha defendido a su secretario de la Gobernación, quien rechaza los señalamientos, descartó renunciar y asegura contar con la confianza de la mandataria. Rivera Schatz le ha ofrecido declarar bajo inmunidad legislativa. Domenech no ha sido acusado de ningún delito.

Con los dos testimonios ya en manos de la Comisión, el decreto de Politank permanece en los libros del DDEC con una recomendación de revocación pendiente y una conclusión juramentada incorporada al expediente legislativo. Cada dólar que la firma acumule libre de contribuciones tiene, según la auditoría, un solo destinatario final, y ese destinatario despacha todos los días desde La Fortaleza.