Rivera Schatz mira de cerca auditoría en DDEC a Politank

La controversia por el caso Politank entró este lunes en una nueva etapa luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, advirtiera que la nueva evaluación ordenada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) podría terminar siendo una revisión profesional del expediente o, por el contrario, un intento de encubrir los señalamientos levantados contra la empresa.

El señalamiento surge tras la respuesta del secretario del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi, a la Petición de Información 2026-0099 del Senado, en la que se requerían documentos y explicaciones sobre el manejo del decreto de exención contributiva de Politank Corp., empresa vinculada a la controversia que mantiene bajo escrutinio legislativo a esa agencia.

Según la contestación del DDEC, el decreto contributivo de Politank no ha sido cancelado, revocado ni anulado. La agencia también sostuvo que el informe divulgado públicamente no constituye una determinación administrativa final, sino un documento con hallazgos y recomendaciones que todavía deben pasar por el proceso interno correspondiente.

Pero esa explicación no apagó las alarmas en el Senado. Rivera Schatz cuestionó que el nuevo secretario del DDEC haya ordenado una evaluación de novo del expediente, lo que en términos prácticos implica revisar nuevamente el caso sin quedar atado a las conclusiones de la auditoría original.

“La quieren hacer otra vez”, expresó Rivera Schatz al reaccionar a la comunicación enviada por Ríos Pierluisi.

El presidente senatorial adelantó que esperará los resultados de esa nueva evaluación para determinar si el DDEC está validando responsablemente los hallazgos o si se trata de un esfuerzo para “amapuchar” desde la Secretaría de la Gobernación los señalamientos relacionados con Politank.

La controversia parte de una auditoría interna del DDEC, fechada el 2 de junio de 2026 y divulgada públicamente el 29 de junio, que apunta a presuntos incumplimientos de Politank con obligaciones establecidas en su decreto de exención contributiva, concedido originalmente en 2017 bajo la antigua Ley 20 de exportación de servicios.

Entre los señalamientos figuran la alegada falta de radicación de Informes Anuales de Negocio Exento correspondientes a varios años contributivos, así como interrogantes sobre un presunto cambio de control corporativo que, según los documentos examinados por el Senado, no habría sido notificado ni autorizado previamente por el DDEC.

El caso tiene implicaciones más amplias que una auditoría administrativa. Si eventualmente se confirmara que hubo incumplimientos sustanciales, el Gobierno tendría que evaluar si procede imponer multas, revocar beneficios contributivos o referir el asunto al Departamento de Hacienda para posibles recobros de contribuciones, intereses, recargos o penalidades.

Hasta ahora, sin embargo, el DDEC informó que no ha referido el caso a Hacienda ni a otra agencia para recobro de contribuciones no pagadas, precisamente porque la evaluación administrativa no ha culminado.

La nueva auditoría deberá completarse en o antes del miércoles, 8 de julio. Luego, la Oficina de Incentivos para Negocios emitiría un informe final que, de proceder, pasaría al Comité de Auditoría de Cumplimiento, organismo que tendría cinco días calendario, prorrogables por cinco días adicionales, para emitir su recomendación.

El calendario autoimpuesto por el DDEC deja la controversia abierta durante los próximos días y coloca bajo presión directa a Ríos Pierluisi, quien fue confirmado por el Senado el pasado 22 de junio en medio de la crisis institucional provocada por las denuncias del exsecretario Sebastián Negrón Reichard.

Negrón, quien fue citado por el Senado para declarar bajo juramento, ha presentado alegaciones sobre presuntas intervenciones indebidas, posibles conflictos de interés y actuaciones irregulares relacionadas con procesos dentro del DDEC. Esa investigación legislativa fue ordenada mediante la Resolución del Senado 548.

Rivera Schatz ya había requerido al DDEC copia certificada del expediente administrativo completo de Politank, incluyendo informes, notificaciones, comunicaciones, determinaciones y documentos relacionados con el cumplimiento o incumplimiento del decreto. También pidió a Hacienda que informe si existe algún proceso de cobro vinculado al caso.

El DDEC, por su parte, ha invocado disposiciones de confidencialidad del Código de Incentivos para sostener que parte de la información del expediente no es pública. Ese punto podría convertirse en otra zona de choque entre la agencia y el Senado, particularmente si la Legislatura insiste en ejercer su facultad constitucional de fiscalización sobre el uso de incentivos contributivos.

La empresa Politank ha rechazado previamente los señalamientos contenidos en la auditoría divulgada y ha planteado reparos sobre el proceso, incluyendo alegaciones de falta de notificación y oportunidad para responder antes de que el informe trascendiera públicamente.