Senador republicano reta a Cincinnati por nueva medida DEI
Bernie Moreno advierte que fondos públicos deben priorizar seguridad y mérito, no criterios raciales en contratos
Por Redacción InDiario|Política|
El senador republicano Bernie Moreno elevó la presión contra el alcalde demócrata de Cincinnati, Aftab Pureval, tras la aprobación de una ordenanza municipal que reorganiza el proceso de compras y contratación pública bajo un nuevo Departamento de Inclusión Económica y Adquisiciones. Moreno envió una carta al alcalde, con copia al Departamento de Justicia federal, alegando que la medida podría expandir una burocracia DEI y abrir la puerta a preferencias en contratos públicos basadas en raza, etnicidad u otros criterios protegidos.
La controversia surge luego de que el Concejo Municipal de Cincinnati aprobara el 10 de junio la ordenanza 0190-2026, que enmienda varias disposiciones administrativas y de contratación municipal, incluyendo programas relacionados con pequeñas empresas, empresas locales, empresas de minorías y mujeres, y requisitos de cumplimiento en contratos de construcción. El expediente oficial de la ciudad identifica la medida como aprobada y establece la creación formal del nuevo departamento.
Moreno sostuvo que los contribuyentes no deben financiar políticas que, según él, sustituyan la competencia y el mérito por cuotas o preferencias políticas. En su carta, el senador pidió al alcalde que informe en un plazo de cinco días laborables cuánto dinero federal recibió Cincinnati en los años fiscales 2024, 2025 y 2026, cuál será el costo proyectado de la ordenanza y qué criterios utilizará el nuevo departamento para evaluar solicitudes y adjudicar contratos municipales.
El reclamo se enmarca en la ofensiva de la administración Trump contra los programas DEI en el gobierno federal, contratistas y entidades que reciben fondos públicos. En enero de 2025, la Casa Blanca revocó la Orden Ejecutiva 11246 y ordenó restaurar un enfoque de contratación basado en mérito y cumplimiento con leyes de derechos civiles. Luego, en julio de 2025, el Departamento de Justicia emitió guías advirtiendo que programas etiquetados como DEI pueden violar leyes federales si discriminan por raza, color, origen nacional, sexo, religión u otras categorías protegidas.
El senador también vinculó el asunto con las prioridades presupuestarias y de seguridad pública de Cincinnati. Según Fox News Digital, Moreno señaló que la ciudad enfrenta un déficit de $30 millones, problemas de reclutamiento policial y episodios recientes de violencia, por lo que entiende que los fondos públicos deben redirigirse a seguridad y orden público, no a lo que describió como experimentos sociales divisivos.
Los datos disponibles ofrecen un cuadro más complejo, pero sí muestran señales de presión en ciertas categorías. En el primer trimestre de 2026, Cincinnati reportó 17 homicidios frente a 15 en el mismo periodo de 2025, y 144 agresiones agravadas frente a 130; sin embargo, las violaciones bajaron de 41 a 37 y los robos de 148 a 102, según el informe preliminar de la Major Cities Chiefs Association.
Para los republicanos, el caso de Cincinnati se perfila como otro frente en la batalla nacional contra políticas DEI financiadas con dinero público. Para la administración municipal, la ordenanza se presenta como una reestructuración para hacer más eficiente el proceso de compras sin abandonar su enfoque de inclusión. Pero la pregunta central queda planteada: si una ciudad recibe fondos federales, ¿hasta dónde puede llegar en políticas de inclusión sin cruzar la línea de la discriminación ilegal?
