Colberg lleva a Interior la controversia por El Escambrón

La controversia por el futuro de El Escambrón escaló este lunes a Washington, luego de que la portavoz del Partido Popular Democrático en la Legislatura Municipal de San Juan, Ingrid Colberg Rodríguez, anunciara el envío de una carta al secretario del Departamento del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, para solicitar la intervención del gobierno federal ante la propuesta del alcalde Miguel Romero Lugo de conceder derechos sobre parte del área por hasta 90 años.

La petición surge en medio del debate sobre el Proyecto de Ordenanza Núm. 55, que abriría paso a un acuerdo relacionado con la construcción de un estacionamiento multipisos en terrenos vinculados a El Escambrón, uno de los espacios recreativos y costeros más emblemáticos de San Juan.

Colberg sostuvo que el Municipio no ha entregado información básica solicitada desde el 26 de junio de 2026, incluyendo mapas, delimitación exacta del área afectada, términos económicos, documentos contractuales, análisis legal, justificación del proyecto y comunicaciones con agencias federales.

“Con relación a este caso, desde el 26 de junio de 2026 solicitamos la información básica, que ha sido negada: los mapas, la delimitación exacta del área afectada, los términos económicos, los documentos contractuales, el análisis legal, la justificación del proyecto y cualquier comunicación con agencias federales. Esa información no ha sido entregada al momento. No se puede pretender aprobar una entrega de propiedad pública por hasta 90 años sin documentos, sin subasta y sin saber si se están violando restricciones federales”, expresó Colberg Rodríguez.

El señalamiento federal gira en torno a la Ley del Fondo de Conservación de Tierras y Aguas, conocida como Land and Water Conservation Fund Act. Bajo la Sección 6(f)(3), las propiedades adquiridas o desarrolladas con asistencia de ese programa no pueden convertirse a usos distintos de recreación pública al aire libre sin aprobación del secretario del Interior. Además, la ley exige que cualquier conversión aprobada cumpla con el plan recreativo estatal vigente y con la sustitución de terrenos recreativos de igual o mayor valor justo en el mercado y utilidad razonablemente equivalente.

El Servicio de Parques Nacionales, que administra el componente estatal y local del programa por delegación del Departamento del Interior, establece que esa protección puede aplicar a parques y espacios recreativos que hayan recibido asistencia del LWCF, incluso cuando la ayuda federal haya sido para desarrollo o rehabilitación de facilidades.

“El patrón de evasiones y medias verdades sobre este proyecto es preocupante. El Alcalde describe esto como un arrendamiento, pero realmente es una entrega de la propiedad por 90 años. Han ocultado la información detallada sobre el proyecto. Una vista pública sin documentos para salir del paso no es lo que los sanjuaneros exigimos”, añadió la abogada.

El Municipio de San Juan informó el pasado sábado la celebración de una vista pública para el miércoles, 29 de julio de 2026, a las 9:30 de la mañana, en el Salón de Sesiones de la Legislatura Municipal. Las personas interesadas en comentar sobre el Proyecto de Ordenanza Núm. 55 podrán someter ponencias por escrito en o antes del 30 de julio mediante correo electrónico a mesantiago@sanjuan.pr.

Para Colberg, la celebración de una vista pública no sustituye la entrega previa de los documentos que permitan evaluar el alcance real del proyecto, el área específica que sería impactada y si existe cumplimiento con las restricciones federales aplicables.

“No vamos a permitir que este asunto regrese de manera apresurada ni escondida en una agenda”, afirmó la legisladora municipal. “La ciudadanía está dando paso firme para defender El Escambrón. Primero logramos que la medida fuera sacada de agenda en la sesión legislativa del fin de año fiscal. Ahora estamos pidiendo acción federal para que se preserve el carácter público, recreativo y protegido de este espacio. El mensaje es claro: El Escambrón se defiende en San Juan y también se defenderá en Washington”, concluyó.

La controversia coloca al Municipio bajo presión política y legal: por un lado, deberá defender la legalidad y conveniencia pública del proyecto; por otro, tendrá que demostrar si el terreno propuesto está o no sujeto a restricciones federales bajo el LWCF. De confirmarse esa protección, cualquier cambio de uso requeriría un proceso formal ante las autoridades federales antes de que San Juan pueda adelantar una concesión de largo plazo.