Querella electoral rumbo a primaria popular en Lajas

Ahymet Rivera acusa a Luis Berríos de hacer campaña antes de registrar comité y pide investigar presunto uso de cheque corporativo

Por Redacción InDiarioPolítica|

El aspirante Luis Berrios (izq) es señalado por su contrincante Ahymet Rivera de violaciones a la Ley 222 de Financiamiento de Campañas (INDIARIO)
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La lucha por la presidencia del Partido Popular Democrático en Lajas escaló oficialmente ante la Oficina del Contralor Electoral, luego de que el aspirante Ahymet Rivera Rodríguez presentara una querella contra su contrincante Luis Berríos Rodríguez por presuntas violaciones a la Ley Electoral y a las reglas de financiamiento de campañas.

El documento, fechado el 18 de junio de 2026, fue dirigido al contralor electoral Walter Vélez Martínez y a la directora de Auditoría de la Oficina del Contralor Electoral, Mildred González Mojica. En el asunto de la comunicación se identifica como una “querella contra aspirante a la presidencia del PPD en Lajas, Sr. Luis Berríos Rodríguez”.

La querella convierte el bochinche político municipal en un expediente formal ante el organismo que fiscaliza los ingresos, gastos y cumplimiento de los comités políticos en Puerto Rico.

Según el documento, Rivera alega que Berríos Rodríguez comenzó su campaña política durante el mes de abril mediante la colocación de rótulos promocionales en postes y residencias en distintos sectores del municipio de Lajas. También sostiene que se observó la utilización de más de una guagua de sonido promoviendo la candidatura por diferentes barrios y sectores.

Además, la querella señala que se realizaron programas y promociones radiales en las emisoras Súper 1510 de Lajas y Radio Sol 1090, incluyendo mensajes relacionados con un homenaje a las madres, todo ello presuntamente antes de la debida inscripción y aprobación de un comité de campaña ante el Contralor Electoral.

Uno de los señalamientos más delicados está relacionado con el origen de los fondos. Rivera sostiene en la querella que tiene información de “propio conocimiento” de que Berríos Rodríguez efectuó pagos relacionados con la rotulación de su campaña mediante un cheque corporativo de la empresa PRAED, por una cantidad superior a los $2,000, a favor de una compañía de rotulación en Lajas.

El documento solicita que se investigue el origen de los fondos utilizados para sufragar esos gastos, incluyendo la participación de la corporación PRAED, entidad que, según la querella, presuntamente recibe fondos estatales y federales. También pide determinar si los pagos relacionados con actividades político-electorales fueron realizados desde cuentas corporativas en lugar de cuentas personales del aspirante.

Rivera plantea en la querella que, conforme a su entendimiento de la Ley Electoral vigente, un aspirante puede realizar actividades limitadas antes de registrarse formalmente, siempre que los gastos no excedan los $500. Sin embargo, sostiene que las actividades descritas “aparentan sobrepasar significativamente dicha cantidad”.

“Es lamentable que un aspirante falle en lo más simple y desde el principio del proceso. La Ley Electoral existe para garantizar igualdad, transparencia y confianza en las campañas. Quien aspira a dirigir nuestro partido debe ser el primero en cumplir con las reglas, no en ignorarlas”, expresó Rivera Rodríguez en declaraciones escritas.

El aspirante popular también aseguró que la querella está acompañada de evidencia documental y audiovisual, incluyendo un video en el que, según afirmó, el propio Berríos Rodríguez reclama públicamente que le removieron rótulos de campaña.

“La querella que hemos presentado está fuertemente respaldada por evidencia documental y audiovisual. Entre esa evidencia se encuentra un video en el que el propio señor Luis Berríos Rodríguez reclama públicamente que le removieron sus rótulos, lo que demuestra que esa propaganda política ya estaba colocada y activa. Hemos presentado evidencia suficiente para que la Oficina del Contralor Electoral realice una investigación completa y determine las violaciones que correspondan”, afirmó Rivera.

La controversia también coloca presión sobre el liderato central del PPD, encabezado por Pablo José Hernández Rivera. Rivera Rodríguez pidió que la colectividad tome acción ante los señalamientos y no permanezca indiferente ante una disputa que ya salió del ámbito interno del comité municipal.

“Hago un llamado respetuoso, pero firme, a la dirección del Partido Popular Democrático para que tome acción ante esta situación. Nuestro partido tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley, proteger la credibilidad de sus procesos internos y demostrar que nadie está por encima de las normas que nos rigen”, señaló.

Rivera exhortó además a la base popular de Lajas a evaluar cuidadosamente el liderato que escogerá para dirigir la colectividad en el municipio.

“Exhorto a todos los populares de Lajas a reflexionar seriamente sobre el futuro de nuestro partido. No podemos poner al frente del Partido Popular Democrático a una persona que, desde el inicio de su aspiración, demuestra un aparente menosprecio por las leyes y los reglamentos electorales. El PPD necesita un presidente que predique con el ejemplo, que respete las reglas y que represente los valores de transparencia, honestidad e integridad que merecen nuestros afiliados y el pueblo de Lajas”, concluyó.

La querella solicita formalmente una investigación exhaustiva de los hechos expuestos y que se determine si ocurrió alguna violación a la Ley Electoral o a los reglamentos aplicables del Contralor Electoral. También pide que se informe a Rivera sobre el procedimiento de la querella, de proceder.

Por ahora, los señalamientos son alegaciones pendientes de evaluación por parte de la Oficina del Contralor Electoral. En la información suministrada no se incluyó una reacción de Luis Berríos Rodríguez.

Lo que sí queda claro es que la contienda popular en Lajas ya no es una simple diferencia entre aspirantes. La disputa entró al terreno de la fiscalización electoral, con acusaciones sobre propaganda, guaguas de sonido, anuncios radiales, gastos superiores a $500 y presunto uso de fondos corporativos. Para un PPD que intenta reorganizarse, el caso representa un problema político local con potencial de convertirse en dolor de cabeza institucional.

INDIARIO intentó comunicarse con Berrios Rodríguez, pero al momento no hemos recibido una reacción sobre las alegaciones al cierre de este reportaje.