Empleado de Hacienda admite sobornos por $5 millones

El acusado alteró datos contributivos para borrar deudas y generar reintegros ilegales a cambio de pagos en efectivo.

Por Francisco Rodríguez-BurnsPolicía y Tribunales|

Departamento de Hacienda de Puerto Rico (Archivo)
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Un empleado del Departamento de Hacienda se declaró culpable esta semana en el Tribunal Federal en Puerto Rico de participar en un esquema de sobornos mediante el cual alteró información contributiva para eliminar deudas, evadir el pago de impuestos y obtener reintegros ilegales, causando pérdidas aproximadas de $5 millones al erario.

Según informó la Fiscalía federal, el funcionario, identificado por las autoridades como  Luis A. Jiménez-Guzmán, aceptó su responsabilidad por conspiración para cometer soborno en programas federales y fraude electrónico, tras renunciar al proceso de acusación por un gran jurado y declararse culpable ante la jueza federal Silvia L. Carreño-Coll.

De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, entre febrero de 2019 y marzo de 2023 Jiménez-Guzmán trabajó en el Departamento de Hacienda con acceso privilegiado a los sistemas informáticos de la agencia, incluyendo las plataformas PRITAS y SURI, desde donde podía revisar y modificar información de contribuyentes.

Las autoridades sostienen que el acusado aceptó pagos en efectivo y otros beneficios a cambio de alterar registros contributivos para reducir o eliminar deudas fiscales, crear créditos contributivos y gestionar reintegros fraudulentos para individuos y empresas.

Como ejemplo, la Fiscalía indicó que el 16 de agosto de 2021 el empleado recibió un soborno de $10,000 para reducir y eliminar la deuda contributiva de un cliente de una de las personas involucradas en el esquema.

Según el comunicado, las acciones del acusado permitieron cancelar obligaciones contributivas de manera ilegal y obtener devoluciones indebidas de impuestos, provocando una pérdida aproximada de $5 millones para el Departamento de Hacienda.

El fiscal federal para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, afirmó que las autoridades continuarán procesando a los funcionarios públicos que utilicen sus cargos para beneficiarse mediante actos de corrupción.

"Junto a nuestros colegas en las agencias del orden público, continuaremos investigando y procesando agresivamente a los funcionarios corruptos que se aprovechan del sistema para beneficiar a unos pocos a cambio de sobornos", expresó Muldrow.

Por su parte, el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Carlos R. Goris, sostuvo que la agencia mantiene su compromiso de proteger la integridad de las instituciones públicas y de investigar los esquemas que socavan la confianza ciudadana.

Jiménez-Guzmán enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de hasta $250,000 y un término de libertad supervisada. La sentencia será impuesta posteriormente por el tribunal federal, luego de evaluar las guías federales de sentencia y otros factores establecidos por ley.

El caso fue investigado por el FBI y es procesado por la fiscal federal Marie Christine Amy, de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública.

La Fiscalía federal destacó que esta investigación forma parte de un esfuerzo continuo para combatir la corrupción y el fraude dentro del Departamento de Hacienda. Como antecedente, recordó que en octubre de 2025 fueron acusadas 26 personas y corporaciones por un esquema similar de sobornos y fraude electrónico relacionado con esa agencia.