Federales acusan cuatro en matadero por descargas ilegales.
La fiscalía alega que GBI descargó durante años residuos de animales y aguas usadas hacia una quebrada que desemboca en el mar Caribe
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
Un gran jurado federal acusó a la empresa GBI, que opera un matadero y una planta procesadora de carne en Naguabo, y a cuatro personas por alegadamente descargar ilegalmente desperdicios de sus operaciones hacia una quebrada que desemboca en el mar Caribe.
La acusación, que fue divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, imputa a cuatro individuos por violaciones a la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act), además de conspirar para infringir esa legislación federal.
Según las autoridades, los acusados conspiraron para descargar aguas residuales provenientes de una laguna de retención de desperdicios de la planta hacia aguas de Estados Unidos sin contar con el permiso requerido.
La fiscalía federal sostiene que las descargas incluían sangre, pelo, tejido y excremento de animales, además de grasa, aguas residuales, desinfectantes y otros líquidos utilizados en las operaciones del matadero y la planta procesadora.
Los desperdicios generados durante los procesos de recibo, sacrificio, remoción de piel, procesamiento y limpieza llegaban mediante una tubería hasta una laguna de retención ubicada en la parte suroeste de la propiedad. De acuerdo con la acusación, el borde oeste de esa laguna se encuentra junto a una quebrada que recorre aproximadamente media milla hasta desembocar en el mar Caribe, en el área de Tropical Beach, en Naguabo.
Las autoridades alegan que la práctica comenzó en agosto de 2018 y continuó, al menos, hasta septiembre de 2025.
Para realizar las descargas, según la acusación, utilizaban una bomba sumergible colocada dentro de la laguna y conectada a una manguera. El Departamento de Justicia alega que la práctica tenía como propósito evitar millones de dólares anuales en costos relacionados con la disposición de los desperdicios.
GBI contaba con un permiso de tratamiento de aguas residuales que no autorizaba descargas y requería transportar los desperdicios líquidos desde la planta hasta una instalación de disposición. Ningún desperdicio podía ser descargado en la propiedad ni en cuerpos de agua.
Ese permiso expiró el 31 de julio de 2019, pero, según las autoridades federales, las violaciones a la Ley de Agua Limpia continuaron hasta por lo menos septiembre de 2025.
El fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, sostuvo que GBI descargó repetidamente desperdicios sin tratar hacia el mar Caribe en el área de Tropical Beach y aseguró que el procesamiento busca responsabilizar a quienes incumplan intencionalmente las leyes ambientales federales.
La investigación estuvo a cargo de la División de Investigaciones Criminales de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), con asistencia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI). Ambas agencias participan en el Grupo de Trabajo sobre Delitos Ambientales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.
Los acusados deberán comparecer ante el magistrado federal Héctor Ramos Vega para sus respectivas vistas iniciales. De resultar convictos, las personas acusadas enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión y multas de hasta $250,000 por cada cargo. La empresa se expone a multas máximas de $500,000 por cargo.
