Alcaldes acudirán a tribunales por cobro de arbitrios
Asociación de Alcaldes se sumará como amicus curiae a la apelación de un caso de Aguada sobre los recaudos municipales por proyectos de construcción
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico acordó llevar a los tribunales su defensa del cobro de arbitrios de construcción, en medio de una controversia que podría tener consecuencias para las finanzas de los municipios y los proyectos sufragados con fondos federales.
Durante una reunión celebrada esta semana, los alcaldes asociados determinaron comparecer como amicus curiae —“amigo de la corte”— en la próxima apelación de un pleito presentado contra el Municipio Autónomo de Aguada relacionado con el pago de arbitrios por trabajos realizados para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La controversia ocurre mientras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha cuestionado la aplicación de arbitrios de construcción a determinadas obras relacionadas con entidades públicas y proyectos financiados con fondos federales.
El presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Jayuya, Jorge “Georgie” González Otero, advirtió que limitar esos recaudos podría tener un impacto significativo sobre los servicios municipales.
“Todos los proyectos de construcción pagan arbitrios en los municipios, que son fondos para pagar los servicios que se le ofrecen a ciudadanía. Desde salud y seguridad, hasta el manejo y disposición de desperdicios sólidos y reparación de carreteras”, expresó González Otero.
“Si la Junta de Supervisión Fiscal se empeña en eliminar el cobro de arbitrios, habrá que cerrar municipios. Y los más necesitados son los que van a sufrir”, añadió.
El caso que llegará al apelativo
La disputa judicial tiene como punto de partida el caso AG2025CV00012, presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada.
Román Electric Contractors presentó el 7 de enero de 2025 una demanda contra el Municipio Autónomo de Aguada, argumentando que la exención contributiva contemplada en la Sección 22(a) de la Ley Núm. 83 de 1941 debía extenderse al contrato que suscribió para realizar trabajos relacionados con infraestructura de la AEE.
Las obras incluían el reemplazo de postes y luminarias pertenecientes a la corporación pública y localizados dentro de la jurisdicción de Aguada.
El municipio reclamó el correspondiente arbitrio de construcción, mientras la empresa sostuvo que estaba cobijada por la exención aplicable a la AEE.
El juez Miguel Deynes Vargas resolvió el caso en contra del Municipio de Aguada. El alcalde Christian Cortés Feliciano se encuentra trabajando en la apelación, proceso al que ahora la Asociación de Alcaldes pretende incorporarse como amicus curiae.
La participación bajo esa figura permitiría a la organización presentar ante el tribunal apelativo argumentos sobre las repercusiones que una determinación judicial podría tener más allá del caso particular de Aguada.
Una fuente de ingresos bajo disputa
El Código Municipal de Puerto Rico reconoce la facultad de los municipios para imponer y cobrar arbitrios de construcción por obras realizadas dentro de sus límites territoriales.
Para los alcaldes, estos recaudos forman parte de las fuentes de ingresos utilizadas para financiar servicios municipales, por lo que la controversia adquiere particular importancia en momentos en que numerosos proyectos de reconstrucción de infraestructura pública se realizan con fondos federales.
La discusión también trasciende las líneas partidistas.
Aunque la Asociación de Alcaldes agrupa principalmente a ejecutivos municipales electos por el Partido Popular Democrático (PPD), alcaldes pertenecientes a la Federación de Alcaldes, de mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), también han defendido la capacidad de los municipios para proteger sus fuentes de recaudos.
La Junta Fiscal, por su parte, ha advertido previamente que determinadas disposiciones aprobadas para permitir estos cobros no deben implementarse hasta que se determine su compatibilidad con PROMESA y los planes fiscales certificados.
El resultado de la apelación de Aguada podría, por tanto, convertirse en un nuevo capítulo de una disputa de mayor alcance sobre quién debe asumir los costos asociados a las obras de reconstrucción y hasta dónde llega la autoridad contributiva de los municipios frente a proyectos vinculados a entidades públicas y fondos federales.
