Demandan a Osorio y Ray Cruz por difamar a un menor de Loíza

La madre de uno de los cuatro estudiantes de Loíza que fueron a la actividad del PNP en Camuy el 14 de octubre demandó esta madrugada por difamación al presidente de la Legislatura Municipal de Loíza, Joel Osorio Chiclana, y al comentarista Ray Cruz Santiago, y reclama no menos de $650,000 para su hijo de 16 años y $150,000 para ella. La demanda, radicada a las 6:06 de la mañana en la Sala Superior de Carolina con el número LO2026CV00267 y a la que INDIARIO tuvo acceso, sostiene que los dos convirtieron a un estudiante de undécimo grado en protagonista de "un escándalo inventado para ganar ventaja política o audiencia", con un chat sexual con el senador Héctor Joaquín Sánchez que "nunca existió", fotos de los menores y sus barrios publicadas en redes, y un insulto homofóbico contra el senador que, según el escrito, invitó a la audiencia "a inferir que entre el Senador y los menores ocurrieron actos sexuales homosexuales".

"Nadie lo hizo por él. Unos buscaban golpear a un adversario político; el otro, audiencia", dice la demanda. En el cuerpo del escrito y en la tercera causa de acción incluye también a la alcaldesa Julia Nazario Fuentes como codemandada por actuar "en concierto" con Osorio Chiclana, aunque su nombre no aparece en el epígrafe. El relato de la madre coincide con lo que fuentes de INDIARIO informaron desde el 31 de octubre. La noche del 13 de octubre la vicepresidenta del PNP en Loíza, que según la demanda trabaja como consejera escolar, la llamó para informarle de la actividad y ella autorizó verbalmente la salida de su hijo, igual que, "según información y creencia", las otras tres madres.

Los cuatro salieron de la escuela a la 1:20 de la tarde porque no había maestro que los atendiera, tres de los de su grupo estaban en una actividad en la UPR y Educación no había nombrado los dos sustitutos que faltaban. La visita al Capitolio con la que los demandados dicen que se engañó a los padres, afirma la demanda, fue otra, el 6 de octubre, con once estudiantes, y fue allí donde los cuatro pidieron participar en actividades políticas. El menor volvió esa noche "sano y salvo", sin alcohol ni acoso.

La demanda cita el propio "Resumen de situación" que la madre querellante, la clienta de Osorio Chiclana, juró el 22 de octubre ante Educación, en el que admite que la consejera la llamó el 13 y que ella autorizó, y que supervisó a su hijo por llamadas y mensajes, y señala que el mismo documento dice después que los padres no fueron notificados "en ningún momento", invoca el "adoctrinamiento" que la alcaldesa había usado en sus redes el 16 de octubre y recita artículos del Código Penal "en un lenguaje jurídico ajeno a una madre que declara por sí". Según la demanda, Osorio Chiclana dirigió la redacción de ese documento. Según la demanda, Osorio Chiclana declaró a El Nuevo Día el 2 de noviembre que los cuatro alumnos fueron llevados a Camuy sin autorización de sus padres y tres días después, según la demanda, reconoció ante el mismo periódico que su clienta había autorizado verbalmente la salida. Alega la demandante que el 3 de noviembre, al terminar su participación en Jugando Pelota Dura y ya fuera del aire, les dijo a personas presentes en el estudio que existía un chat del senador con los menores con "exposiciones deshonestas", y al día siguiente el programa lo difundió como "información no confirmada".

La demanda sostiene que nunca hubo comunicación alguna de contenido impropio entre el senador y el menor, que la investigadora de Educación intentó llevar a los jóvenes a decir que el senador "se había propasado" y que el muchacho le contestó que "si hubiese hecho algo así estaría muerto". El 5 de noviembre Sánchez dijo que las alegaciones del chat venían "con la maldad de que se infiera alguna acción indebida" de su parte, y El Nuevo Día reportó ese día, citando fuentes, que la madre querellante entregó a Justicia el contenido de un chat que el senador habría creado con los cuatro menores después de la actividad.

La demanda atribuye a Osorio Chiclana malicia real porque "difundió la existencia de un chat de contenido sexual sin haberlo visto" y "lo dijo fuera del aire precisamente porque sabía que no podía sostenerlo al aire", y le atribuye un móvil político, ya que, según el escrito, sería el candidato popular a la alcaldía si Nazario Fuentes aspira al escaño senatorial de Carolina que ocupa Sánchez.

A Cruz Santiago, comentarista de Salsoul 99.1, anfitrión en Radio Mambí 710 AM de Miami y fundador de Noticias Generación News, la demanda le imputa 28 publicaciones y comentarios entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, entre ellos "DEPREDADORES DESDE EL SENADO DE PR", "DELIVERY DE MENORES", "Analistas defienden al depredador", "Si fueran niños blancos, sería un escándalo, pero son de Loíza", una "exclusiva" sobre un supuesto consumo de alcohol y pizza, y un mensaje sobre Rivera Schatz con un emoji de melocotón. Según el escrito, divulgó fotografías que hacían identificables a los menores y los barrios donde viven, sin verificar nada con las madres, la escuela ni los jóvenes, y los comentarios del público confirman que la audiencia "entendió el mensaje sexual y homofóbico" y se burló de ellos.

Cruz Santiago reside en Florida, según sus propias comparecencias, y será emplazado por edictos. Ninguno de los demandados se ha retractado y las publicaciones siguen accesibles, afirma la demanda, que también incluye a los medios, plataformas y productores que las amplificaron como demandados de nombre desconocido. El menor, que el 15 de octubre se llamaba a sí mismo "senador" de su escuela, es hoy objeto de burlas, apodos y comentarios obscenos de contenido homofóbico en los pasillos, sufre ansiedad y temor de ir a clases, y le pidió a su madre que "este chisme termine ya", según el escrito, que estima en $100,000 el tratamiento psicológico y pide además que se ordene remover las publicaciones y preservar toda grabación y mensaje.

Los demandantes son personas privadas, de modo que, bajo la jurisprudencia que cita la demanda, basta probar negligencia, aunque el escrito alega malicia real en los tres casos. La querella original sigue en manos de Justicia, cuya División de Integridad Pública evalúa un referido, Educación removió de forma provisional a la consejera Mariel Lacén y a la directora Militza Córdova, y la Comisión de Ética del Senado pausó su procedimiento mientras avanzan esas pesquisas. El senador no ha sido acusado de ningún delito. La alcaldesa dijo el viernes en una entrevista radial que hará "lo menos comentarios posible" y que esperará a que terminen las investigaciones. Los demandados tendrán 30 días para contestar una vez sean emplazados y ninguno había reaccionado públicamente al momento de publicar esta nota.