Gobierno lleva al Congreso reclamo por fondos de Medicaid

La gobernadora Jenniffer González Colón y el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera anunciaron una gestión conjunta ante el Congreso de Estados Unidos para procurar cambios permanentes en el financiamiento de Medicaid en Puerto Rico, incluyendo la eliminación del límite anual de fondos federales y un pareo de al menos 83%. 

La iniciativa estará sustentada por un informe preparado por el Grupo de Trabajo Multisectorial para Garantizar el Financiamiento Justo e Igualitario de los Programas Federales de Salud. El documento continuará bajo revisión hasta el próximo miércoles antes de divulgarse públicamente y utilizarse como parte de las gestiones en Washington. 

González Colón explicó que el informe incorpora aportaciones de distintos sectores y estudios actuariales comisionados a través de la Administración de Seguros de Salud (ASES) para actualizar los datos relacionados con las necesidades del sistema.

La gobernadora indicó que Medicaid atiende aproximadamente a 1.3 millones de residentes de Puerto Rico, equivalentes, según expresó, al 47% de la población. 

Eliminar el tope federal

Uno de los principales reclamos será modificar el trato que recibe Puerto Rico bajo Medicaid. A diferencia de los 50 estados y Washington D.C., donde el gobierno federal parea los gastos elegibles conforme al Federal Medical Assistance Percentage (FMAP), Puerto Rico está sujeto a un límite anual de fondos federales. Una vez se alcanza ese techo y se agotan asignaciones suplementarias aplicables, la Isla debe asumir los gastos adicionales. 

“Esa es la primera petición: remover el tope que se le hace a este programa, que limita la cantidad de fondos que podemos recibir como territorio. Los estados no tienen este tope”, expresó González Colón. 

El segundo objetivo será conseguir un mecanismo de pareo más cercano al utilizado para los estados.

La legislación federal vigente establece para Puerto Rico un FMAP de 76% hasta el 30 de septiembre de 2027. Sin una nueva acción congresional, ese nivel especial expiraría y el pareo estatutario regresaría al 55%. 

El grupo multisectorial plantea, sin embargo, que el 83% debe convertirse en el mínimo a preservar dentro de una nueva estructura de financiamiento. La gobernadora sostuvo que una fórmula comparable con la utilizada para los estados podría incluso producir un pareo mayor, dependiendo de cómo se estructure legislativamente. 

Reclamo va más allá de Medicaid

La agenda que el Gobierno llevará al Congreso incluye además incorporar a Puerto Rico al Medicare Savings Program, extender determinados servicios de cuidado prolongado y revisar fórmulas de pago relacionadas con Medicare Advantage y con hospitales que atienden una proporción elevada de pacientes con recursos o cubiertas insuficientes. 

Carlos Santiago, director ejecutivo de la Oficina de Medicaid de Puerto Rico, explicó que incorporar la Isla al Medicare Savings Program permitiría ayudar a beneficiarios de bajos ingresos que actualmente pagan de su Seguro Social la prima correspondiente a la Parte B de Medicare.

Congreso tiene hasta 2027

La discusión cobra urgencia debido a que las disposiciones especiales de financiamiento vencen el 30 de septiembre de 2027. Hernández Rivera ya había sostenido esta semana reuniones con expertos, proveedores de servicios médicos y personal congresional de ambos partidos para discutir el futuro del programa. 

Un análisis divulgado recientemente por Espacios Abiertos advirtió que, sin acción del Congreso, Puerto Rico podría enfrentar una reducción sustancial en los recursos federales disponibles para Medicaid. La organización también ha propuesto eliminar el límite anual y aplicar a Puerto Rico una fórmula de pareo semejante a la utilizada en los estados. 

La propuesta anunciada por González Colón y Hernández Rivera busca que el próximo debate congresional no se limite a otra extensión temporera, sino que atienda elementos estructurales del financiamiento de Medicaid en Puerto Rico. Su aprobación, sin embargo, requerirá acción legislativa del Congreso antes del vencimiento de las disposiciones actuales en septiembre de 2027.