Senado indaga fallas del ERP y cita de nuevo a Deloitte
Atrasos en pagos a transportistas y trabajadores sociales provocan investigación que incluye señalamientos sobre programadores en India.
Por Redacción InDiario|Política|
Las fallas del nuevo sistema financiero del Gobierno, conocido como Íntegra PR (ERP), continúan provocando atrasos en los pagos a miles de contratistas y suplidores, mientras el Senado investiga posibles deficiencias en su implementación y cuestiona la responsabilidad de las empresas contratadas para desarrollar y poner en funcionamiento la plataforma.
Durante una vista pública celebrada el lunes, 9 de noviembre, la Comisión de Relaciones Federales, presidida por el vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, examinó las dificultades que enfrenta el Departamento de Educación para pagar a transportistas escolares, trabajadores sociales y otros proveedores de servicios esenciales.
El senador denunció que existen fondos disponibles para cumplir con esas obligaciones, pero las dificultades del sistema impiden procesar los desembolsos.
“Se le ha dicho a los transportistas que no se les puede pagar, habiendo el dinero ahí”, expresó Ríos Santiago.
Según explicó, miles de contratistas enfrentan problemas para registrar sus facturas en la plataforma. Una de las alternativas presentadas por Deloitte consiste en procesar manualmente las transacciones, procedimiento que, según expertos consultados por la Comisión, podría requerir entre 45 minutos y hora y media por cada factura.
Investigan alegaciones sobre programadores en India
Entre los señalamientos que examina la Comisión figuran alegaciones sobre programadores ubicados en India que habrían enfrentado dificultades de comunicación y coordinación durante los trabajos relacionados con el sistema.
Ríos Santiago indicó que personas que colaboran con la investigación han planteado que algunos de estos programadores no lograban entenderse entre sí, situación que genera interrogantes sobre la coordinación técnica de los trabajos.
El legislador también mencionó alegaciones de que compañías puertorriqueñas interesadas en colaborar con el proyecto no recibieron acceso por parte de Deloitte.
Deloitte no compareció y deberá regresar al Senado
La firma Deloitte, contratada para implementar el ERP mediante un acuerdo original de aproximadamente $73.1 millones, no compareció a la vista pública.
Según Ríos Santiago, la empresa notificó que la persona designada para responder sobre el proyecto no reside en Puerto Rico y que, por esa razón, no podía presentarse.
Ante esta situación, la Comisión citó nuevamente a Deloitte para el jueves, 12 de noviembre, cuando deberá responder preguntas relacionadas con las fallas del sistema, sus obligaciones contractuales y las medidas necesarias para corregir los problemas.
La Junta de Supervisión Fiscal autorizó con observaciones, el pasado 2 de noviembre, una nueva contratación por aproximadamente $3.9 millones adicionales para continuar trabajos relacionados con el proyecto.
Ethree Solutions explica su participación
Durante la audiencia compareció Alberto J. Cordero, fundador y presidente de Ethree Solutions, empresa que ha participado en distintas etapas del desarrollo e implementación del ERP.
Cordero explicó que su compañía colaboró inicialmente en el diagnóstico del proyecto y en los procesos de selección de la plataforma tecnológica y del proveedor, que culminaron con la contratación de Oracle Cloud y Deloitte.
Sin embargo, sostuvo que Ethree no negoció el contrato inicial de Deloitte ni estuvo a cargo del diseño y configuración de los módulos financieros.
El empresario indicó que la firma ha ofrecido asistencia en la preparación de las agencias, capacitación de usuarios, pruebas y atención de problemas operacionales.
En defensa del progreso alcanzado, informó que más del 90% de los usuarios gubernamentales recibió algún tipo de capacitación y que el 90% de los suplidores estaba registrado al cierre de octubre.
También aseguró que, entre julio y octubre, la cantidad de pagos procesados aumentó más de 600% y la de suplidores pagados creció más de 150%.
Estas cifras, sin embargo, contrastan con los señalamientos de contratistas y funcionarios sobre obligaciones que continúan pendientes de desembolso.
Atrasos amenazan servicios a estudiantes
La senadora María de Lourdes Santiago Negrón advirtió que las dificultades del ERP trascienden los asuntos administrativos y tienen consecuencias directas sobre los estudiantes que dependen de servicios públicos.
La legisladora cuestionó que las deficiencias tecnológicas puedan impedir el pago a los transportistas escolares y afectar la asistencia de menores a las escuelas.
Por su parte, la senadora Roxanna Soto Aguilú señaló que en el Departamento de Educación existen más de 6,000 transacciones que generan dificultades operacionales e impiden procesar determinados pagos.
Mientras tanto, José Rosado Rolón, presidente de la Federación de Porteadores Escolares, sostuvo que Educación todavía mantiene una deuda de aproximadamente $9.5 millones con proveedores de transportación escolar.
En duda la implementación del sistema de nómina
Otra preocupación surgida durante la audiencia es la posibilidad de que el ERP no esté preparado para asumir el procesamiento de la nómina de los empleados gubernamentales en enero de 2027.
Cordero reconoció que considera prudente posponer esa etapa para realizar pruebas adicionales y minimizar posibles errores.
La situación también podría provocar que se extienda la permanencia del síndico que supervisa el manejo de fondos federales del Departamento de Educación, cuya salida estaba prevista para el 20 de noviembre. Según Ríos Santiago, esa extensión representaría un costo adicional de $4 millones.
La Comisión continuará su investigación el jueves con la comparecencia de Deloitte, a la que se requerirán explicaciones sobre las deficiencias identificadas, las responsabilidades contractuales y las alternativas para normalizar los pagos.
El proyecto ERP fue concebido para modernizar y centralizar las operaciones financieras de más de 60 agencias gubernamentales. Sin embargo, las dificultades que enfrenta desde su puesta en funcionamiento en julio han generado cuestionamientos sobre su planificación, ejecución y capacidad para cumplir con las necesidades operacionales del Gobierno.