Supremo permite ampliar verificación de electores en EE.UU.
La decisión permite al Gobierno federal utilizar datos del Seguro Social para ayudar a los estados a verificar la ciudadanía de inscritos para votar
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió este viernes que la administración del presidente Donald Trump reactive una versión ampliada del sistema federal utilizado para verificar la ciudadanía de personas inscritas en los registros electorales estatales, mientras continúa la controversia judicial sobre el programa.
La determinación permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizar el sistema conocido como Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE), incorporando información del Seguro Social para responder a solicitudes de funcionarios estatales y locales que buscan confirmar la ciudadanía de electores.
El programa SAVE no fue creado originalmente como una herramienta electoral. Su función histórica ha sido permitir que agencias gubernamentales verifiquen el estatus migratorio o de ciudadanía de personas que solicitan determinados beneficios públicos. La administración Trump amplió sus capacidades en 2025 para facilitar verificaciones relacionadas con los registros de votantes.
Según el Daily Caller, al menos 67 millones de registros habían sido examinados mediante el sistema ampliado.
Supremo revierte bloqueo de tribunal inferior
La controversia llegó al Supremo después de que la jueza federal Sparkle L. Sooknanan bloqueara en junio el uso de la versión modificada de SAVE.
Sooknanan concluyó que el sistema planteaba problemas relacionados con la privacidad y el derecho al voto, particularmente porque permitía acceder a información de ciudadanos estadounidenses y realizar búsquedas automatizadas en grandes cantidades de registros.
La administración defendió el programa argumentando que la legislación federal obliga al Gobierno a responder a solicitudes de autoridades estatales y locales para verificar la ciudadanía de individuos.
El Supremo aceptó ese argumento en esta etapa del litigio. La mayoría señaló que la sección 1373(c) de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 establece una obligación federal de responder a solicitudes de funcionarios estatales y locales relacionadas con la verificación de ciudadanía.
La decisión no equivale necesariamente a una resolución definitiva sobre todos los cuestionamientos legales contra el sistema, pero permite que el Gobierno vuelva a utilizar la herramienta ampliada mientras continúa el proceso judicial.
Tres juezas disienten
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson estuvieron en desacuerdo con la determinación.
Jackson sostuvo en su disenso que el riesgo de imponer cargas o privar del voto a ciudadanos legalmente inscritos debía tener mayor peso que el perjuicio alegado por el Gobierno al impedir temporalmente el uso del programa.
Los opositores al sistema han advertido que las bases de datos gubernamentales pueden contener información desactualizada o producir coincidencias incorrectas que obliguen a ciudadanos elegibles a demostrar nuevamente su condición.
La administración Trump, por su parte, ha presentado la ampliación de SAVE como una herramienta para ayudar a los estados a identificar personas que no son ciudadanas y, por tanto, no pueden votar legalmente en elecciones federales.
Impacto limitado para las elecciones de noviembre
Aunque la decisión ocurre a pocas semanas de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, su impacto inmediato podría ser limitado.
La legislación federal restringe determinadas depuraciones sistemáticas de los registros electorales durante los 90 días anteriores a una elección federal. El propio reporte señala que esa limitación puede impedir que muchos estados realicen remociones masivas antes de los comicios de noviembre.
El fallo se produce además en medio de una ofensiva más amplia de la administración Trump para reforzar la verificación de ciudadanía y otros controles relacionados con las elecciones federales. Algunas de esas iniciativas han generado litigios separados y resultados judiciales distintos.
La decisión de este viernes representa, por tanto, una victoria procesal para la administración en la disputa sobre SAVE, pero mantiene abierto el debate judicial sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno federal al utilizar bases de datos de distintas agencias para verificar la elegibilidad de los electores.
