Exdirectiva del SPLC enfrenta cargos federales por fraude
Dinero de donantes terminó en cuentas de informantes de grupos supremacistas, incluyendo uno que mantenía una relación sentimental con la acusada
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
Una exdirectiva del Southern Poverty Law Center (SPLC) enfrenta cargos federales de fraude, falsas representaciones bancarias y lavado de dinero, en una ampliación del caso criminal que mantiene bajo escrutinio las prácticas financieras de una de las organizaciones progresistas más influyentes de Estados Unidos en la clasificación y seguimiento de grupos extremistas.
Heidi Beirich, quien dirigió durante años el Intelligence Project del SPLC y posteriormente cofundó el Global Project Against Hate and Extremism, compareció voluntariamente este miércoles ante un tribunal en California después de ser incluida en una acusación federal radicada en Alabama. Reuters y Associated Press la identificaron además como ex principal oficial financiera del SPLC.
Los fiscales le imputan conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para presentar información falsa a una institución bancaria asegurada por el gobierno federal y conspiración para ocultar lavado de dinero. Las acusaciones permanecen como alegaciones y Beirich se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario.
Dinero de donantes y cuentas de compañías ficticias
El Departamento de Justicia sostiene que Beirich participó en un esquema mediante el cual se abrieron cuentas bancarias asociadas a entidades supuestamente ficticias para ocultar el origen de pagos realizados a informantes infiltrados en organizaciones de extrema derecha y supremacistas blancos.
El caso contra Beirich surge de una investigación más amplia contra el propio SPLC. En abril, un gran jurado federal acusó a la organización de 11 cargos relacionados con fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero por su programa de informantes. Los fiscales alegan que más de $3 millones provenientes de donaciones fueron canalizados entre 2014 y 2023 a personas asociadas con organizaciones como el Ku Klux Klan y grupos neonazis.
El gobierno federal sostiene que el SPLC no revelaba adecuadamente a sus donantes cómo se utilizaba ese dinero y utilizaba estructuras financieras para esconder el origen de los pagos. La organización rechaza esa interpretación y sostiene que los informantes eran utilizados para recopilar inteligencia sobre organizaciones potencialmente violentas, información que en ocasiones era compartida con agencias del orden público.
Una relación sentimental bajo la lupa
Uno de los elementos más delicados de la nueva acusación es la relación de Beirich con uno de los informantes.
De acuerdo con los fiscales, la exfuncionaria mantenía una relación sentimental con un informante infiltrado en una organización supremacista, con quien habría compartido residencia y cuentas bancarias. La acusación sostiene que dinero proveniente de donantes del SPLC terminó depositado en cuentas conjuntas y fue utilizado para gastos personales.
The Wall Street Journal reportó, citando la acusación, que aproximadamente $140,000 fueron depositados entre 2015 y 2021 en cuentas compartidas por Beirich y el informante. En el caso más amplio, fiscales alegan que el SPLC canalizó por lo menos $4 millones a informantes entre 2007 y 2023 mediante distintas estructuras financieras.
Reportes adicionales sobre la acusación identifican al informante como “F-9”, una persona vinculada al grupo neonazi National Alliance que habría recibido alrededor de $1.2 millones del SPLC durante un periodo de aproximadamente dos décadas.
El señalamiento que sacude al SPLC
Las acusaciones golpean directamente una de las principales críticas que sectores conservadores han realizado durante años contra el SPLC: que una organización que etiqueta públicamente a entidades como “grupos de odio” habría mantenido simultáneamente relaciones financieras secretas con personas integradas en algunas de las organizaciones extremistas que investigaba.
El fiscal general Todd Blanche ha llevado esa crítica aún más lejos, alegando que el SPLC no se limitó a monitorear organizaciones radicales, sino que sus pagos ayudaron a sostener actividades dentro de esos movimientos. Esa es, por ahora, la teoría de la Fiscalía y deberá ser probada en tribunal.
El SPLC ha rechazado las acusaciones y sostiene que el uso de informantes permitió recopilar información sobre potenciales actos violentos y proteger tanto a empleados como al público. La organización también ha alegado que el procesamiento responde a motivaciones políticas de la administración de Donald Trump.
La defensa de Beirich asumió una postura similar. Su abogado, Michael Proctor, calificó los cargos como carentes de mérito y sostuvo que su clienta ha sido señalada por su trabajo contra grupos extremistas. Beirich se propone combatir las acusaciones en los tribunales.
El caso, sin embargo, seguirá adelante por el momento. Un juez federal rechazó recientemente un intento del SPLC de lograr la desestimación argumentando procesamiento vindicativo, acercando el caso a una eventual celebración de juicio.
Más allá de la batalla política que rodea el procesamiento, el expediente coloca ahora bajo escrutinio judicial una pregunta de enorme importancia para una organización financiada por donantes: cómo se utilizó realmente el dinero recaudado para combatir el extremismo y cuánto terminó en manos de las mismas organizaciones que el SPLC decía combatir.
