Contraloría detecta $13.3 millones pagados a fallecidos

La Oficina del Contralor de Puerto Rico identificó pagos por más de $13.2 millones a cuentas de pensionados fallecidos en cuatro sistemas de retiro del Gobierno, en una investigación que revela deficiencias en los mecanismos de fiscalización y plantea interrogantes sobre la capacidad de las agencias para detener desembolsos indebidos y recuperar los fondos públicos.

Según informó este lunes la contralora Carmen Vega Fournier, el examen identificó 56,712 pagos por $13,257,577 a unas 9,180 cuentas, realizados después de transcurridos más de 60 días del fallecimiento de los pensionados.

La investigación examinó transacciones correspondientes al período del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2025 en los sistemas de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), del Gobierno y la Judicatura, de los maestros y de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El mayor monto de pagos cuestionados corresponde a la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, donde se identificaron 24,380 desembolsos por $8,793,181 a 5,658 cuentas.

En el Sistema de Retiro para Maestros se detectaron 24,682 pagos por $2,418,436 a 3,193 cuentas, mientras que en el sistema de la AEE se identificaron 1,424 pagos por $1,055,888 a 201 cuentas.

Por su parte, el Fideicomiso de Retiro de la UPR registró 802 pagos por $990,072 a 128 cuentas.

Pagos continuaron hasta agosto de 2026

Uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación es que 16 cuentas de beneficiarios fallecidos todavía reflejaban pagos hasta el 31 de agosto de 2026, por un total de $128,899.

En otro caso, una cuenta perteneciente a un pensionado que falleció el 1 de febrero de 2016 recibió 93 pagos mediante cheque hasta agosto de 2026, por un total de $75,462. Algunos de esos cheques fueron endosados y depositados en una institución bancaria en Kansas.

El hallazgo plantea interrogantes sobre quiénes recibieron o gestionaron esos fondos y por qué los mecanismos de verificación no lograron detener los pagos durante más de una década.

“Estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de fortalecer los controles y el intercambio de información para detener oportunamente los pagos tras el fallecimiento de un pensionado. Cada desembolso indebido afecta los recursos públicos y exige acciones firmes para recuperar los fondos y prevenir que situaciones como estas se repitan”, expresó Vega Fournier.

Señalan fallas en controles y refieren hallazgos a Justicia

La Oficina del Contralor concluyó que las situaciones identificadas son contrarias a las leyes y los reglamentos aplicables a los respectivos sistemas de retiro.

Según la investigación, la ausencia de controles adecuados y de acuerdos de intercambio de información con el Registro Demográfico y otras entidades pudo haber contribuido a que los pagos continuaran después del fallecimiento de los beneficiarios.

La Contraloría recomendó a los administradores de los sistemas de retiro atender los referidos emitidos el 27 de octubre de 2026 y establecer mecanismos para verificar oportunamente los fallecimientos, suspender los desembolsos y orientar sobre las obligaciones de notificación.

Asimismo, solicitó a la secretaria de Justicia evaluar el referido correspondiente, considerar acciones legales para recuperar los fondos e investigar posibles actos de apropiación ilegal.