Senado busca alternativas ante crisis de alquileres en PR

El elevado costo de los alquileres, la escasez de viviendas asequibles y las limitaciones de los programas de asistencia gubernamental volvieron al centro del debate legislativo, luego de que el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, encabezara una mesa redonda multisectorial para examinar alternativas que permitan aliviar la carga económica de miles de familias puertorriqueñas.

Durante el encuentro, que reunió a representantes del Gobierno, municipios, desarrolladores, cooperativas y organizaciones vinculadas al mercado inmobiliario, se presentaron estadísticas que reflejan la magnitud del problema habitacional en Puerto Rico.

Según el análisis presentado por Ríos, el 45 % de los hogares que viven alquilados destina más del 30 % de sus ingresos al pago de la renta, mientras que otro dato particularmente preocupante revela que el 30 % utiliza más de la mitad de sus ingresos para cubrir ese gasto.

El informe también identificó un déficit de 54,915 viviendas asequibles y disponibles para hogares de ingresos extremadamente bajos, a pesar de que existen aproximadamente 335,862 unidades residenciales vacantes en toda la Isla.

La coexistencia de ambas cifras plantea interrogantes sobre el estado de las propiedades desocupadas, su ubicación, sus condiciones de habitabilidad y las posibilidades reales de incorporarlas al mercado de alquiler asequible.

Miles de viviendas vacías, pero pocas opciones asequibles

Una de las principales alternativas discutidas fue aprovechar propiedades abandonadas, terrenos públicos y edificios gubernamentales en desuso para ampliar la disponibilidad de viviendas destinadas al alquiler a largo plazo.

La presidenta de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado, Jamie Barlucea Rodríguez, destacó una propuesta legislativa que busca establecer un portal único para identificar y clasificar propiedades vacantes, abandonadas y terrenos públicos.

“Todo está bien aislado”, expresó la senadora al describir la falta de integración de información entre las distintas dependencias gubernamentales.

Barlucea explicó que ya se radicó un paquete de medidas legislativas para atender distintos problemas del sector y adelantó que se solicitarán recomendaciones de las organizaciones involucradas.

Asimismo, planteó ofrecer asistencia técnica a los municipios que carecen de personal especializado o recursos económicos para identificar y desarrollar proyectos de rehabilitación.

Sección 8 enfrenta presiones presupuestarias

Uno de los señalamientos más significativos surgió durante la intervención del administrador de la Administración de Vivienda Pública, Juan Rosario, quien advirtió sobre las limitaciones económicas que enfrenta el Programa de Sección 8.

Según explicó, los parámetros utilizados para calcular los subsidios de alquiler aumentaron de un 92 % a un 122 %, provocando una presión considerable sobre los fondos disponibles.

Aunque la utilización de los vales alcanza el 86.1 %, el programa consume actualmente el 97.7 % de su presupuesto, lo que restringe la posibilidad de emitir nuevos subsidios y mantiene cerrada su lista de espera.

La situación podría complicarse a partir de enero de 2027, cuando se proyecta reducir el parámetro utilizado para calcular las ayudas al 110 %.

Ante ese escenario, la agencia solicitó mantener el nivel vigente para evitar repercusiones sobre los participantes y propietarios.

Por su parte, el representante de la Federación de Alcaldes, Roberto Pagán, propuso solicitar una dispensa federal que permita revisar los criterios de elegibilidad del programa y utilizar como referencia los parámetros de ingresos del municipio con el nivel más alto de Puerto Rico.

La propuesta busca ampliar la cantidad de familias que puedan cualificar para asistencia en el pago de sus alquileres.

Construir viviendas asequibles resulta cada vez más costoso

Desde el sector privado, la presidenta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Pinsy Rivera Ortiz, sostuvo que los elevados costos de construcción continúan obstaculizando el desarrollo de viviendas dirigidas a familias de ingresos bajos y moderados.

“Los costos de construcción se dispararon desde el COVID para acá”, manifestó.

Rivera Ortiz explicó que, contrario a las expectativas, los costos no disminuyeron después de la pandemia, lo que dificulta que los desarrolladores puedan construir proyectos económicamente viables y ofrecer alquileres accesibles.

En tanto, la representante de la Asociación de Arrendadores, Brenda Arroyo, señaló que el aumento en los costos de mantenimiento, mano de obra y financiamiento hipotecario también repercute sobre los precios de alquiler.

Según indicó, las tasas de interés hipotecario pueden alcanzar entre un 7 % y un 8 %, encareciendo las operaciones de los propietarios.

Arroyo recomendó revisar las tablas de pago de Sección 8 para que reflejen las realidades económicas de los distintos municipios.

Cooperativas y municipios presentan alternativas

El sector cooperativo presentó opciones de financiamiento para desarrollar nuevas unidades residenciales.

Michael Jiménez, representante de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), informó que siete cooperativas se unieron recientemente para ofrecer cerca de $11 millones en financiamiento sindicado destinado a un proyecto de alquiler asequible.

También destacó las oportunidades de combinar ese financiamiento con subvenciones e incentivos del Federal Home Loan Bank de Nueva York.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, Ricardo Álvarez Barreto, resaltó las iniciativas que desarrolla esa instrumentalidad mediante incentivos contributivos y distintas fuentes de financiamiento.

Desde los municipios, Jaime García, representante de la Asociación de Alcaldes, propuso crear un programa de incentivos para alquileres asequibles y un fondo de fianza para arrendatarios, además de establecer alianzas entre gobiernos municipales y desarrolladores privados.

Bajo ese modelo, los municipios podrían aportar terrenos o edificios públicos mientras el sector privado asumiría las inversiones necesarias para rehabilitarlos.

No obstante, García advirtió sobre las consecuencias de conceder exenciones contributivas que reduzcan los ingresos municipales.

En Toa Baja, mientras tanto, se examinan alternativas de rehabilitación con inversiones estimadas entre $25,000 y $30,000 por vivienda, según explicó Marcos Rivera, representante de la Oficina de Vivienda Municipal.

Advierten sobre efectos de cambios en los desahucios

Otro asunto que generó preocupación fue el posible impacto de modificar los procedimientos de desahucio.

El portavoz de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Milton Serrano, advirtió que extender esos procedimientos podría provocar que algunos propietarios opten por retirar sus unidades del mercado residencial de largo plazo para destinarlas a alquileres de corta duración.

“Con esto tenemos que tener mucho cuidado”, expresó.

Serrano recomendó examinar incentivos similares a los disponibles para el sector turístico y utilizar fondos federales, como los del programa CDBG, para rehabilitar propiedades abandonadas y edificios públicos.

Vivienda reporta más de 7,000 unidades entregadas

Durante la reunión, el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, informó que la agencia ha entregado más de 7,000 viviendas mediante sus programas de recuperación.

Asimismo, proyectó alcanzar cerca de 1,000 unidades a través de sus programas de vivienda unifamiliar para diciembre, incluyendo propiedades entregadas, listas para entrega y otras todavía en construcción.

El funcionario sostuvo que escuchar directamente las dificultades de los sectores involucrados permitirá diseñar medidas administrativas que respondan a las necesidades del mercado.

Senado todavía no define soluciones concretas

Aunque el encuentro permitió identificar propuestas legislativas, mecanismos de financiamiento e iniciativas de rehabilitación, no se anunció un acuerdo definitivo para reducir los alquileres ni un calendario específico para implementar las alternativas discutidas.

Ríos Santiago adelantó que se preparará una minuta con los principales planteamientos y recomendaciones, que será compartida con los participantes para su evaluación.

Posteriormente, se determinará cuáles propuestas requieren legislación y cuáles podrían ejecutarse mediante coordinación entre agencias gubernamentales.

Por ahora, el desafío continúa siendo considerable: Puerto Rico enfrenta un mercado en el que miles de propiedades permanecen desocupadas, mientras numerosas familias destinan una proporción significativa de sus ingresos a mantener un techo.

La interrogante es si las alternativas discutidas lograrán convertirse en viviendas disponibles a precios que las familias realmente puedan pagar.