Agendas ideológicas disfrazadas de ayudas comunitarias en Puerto Rico

Una reciente publicación en la red social X por Jorge L. Rodríguez, presidente del Instituto de Libertad Económica (ILE), ha desatado controversia al revelar que la Open Society Foundations (OSF), organización fundada por el multimillonario George Soros y con sede en Estados Unidos, ha destinado más de $9.3 millones entre 2016 y 2023 a varias organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico.

Este flujo de dinero proveniente de entidades nacionales, pero con un alcance global, levanta serias preguntas sobre la influencia de agendas ideológicas de izquierda en la isla, en un momento en que Puerto Rico enfrenta desafíos económicos y sociales críticos, que amenazan tanto los valores tradicionales como las libertades individuales y económicas de los puertorriqueños.

Más allá de estas preocupaciones, muchos críticos argumentan que este tipo de financiamiento ha sido utilizado históricamente para desestabilizar gobiernos y alterar el equilibrio político en diversas regiones del mundo.

Según el documento compartido por Rodríguez, basado en datos que son consistentes con la estructura de la información financiera que presenta la OSF en su portal público, las organizaciones beneficiadas incluyen:

• Centro para una Nueva Economía (CNE): $3,604,150. Este centro de estudios, establecido en 1998, se dedica a promover el desarrollo económico inclusivo en Puerto Rico mediante investigaciones y propuestas de política pública. Ha trabajado con académicos como Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Sin embargo, algunos críticos cuestionan su enfoque progresista y lo acusan de promover intervenciones que benefician intereses externos.

• Espacios Abiertos: $1,900,000. Organización fundada en 2014 dedicada a la justicia fiscal, transparencia y participación ciudadana. Ha desarrollado portales de datos abiertos y litigios de acceso a la información. Críticos afirman que algunas de sus campañas favorecen reformas de corte liberal que podrían implicar más intervencionismo estatal.

• Taller Salud: $1,160,000. Fundada en 1979, esta organización feminista con sede en Loíza se enfoca en salud comunitaria, prevención de violencia de género y desarrollo económico. Ha sido reconocida internacionalmente, pero sus programas sobre "masculinidades saludables" han sido blanco de ataques por parte de sectores conservadores.

• True Self Foundation: $186,000. Fundada en 2016, promueve la equidad para personas LGBTQ+ a través de becas, apoyo psicológico y cabildeo. Su financiamiento ha sido criticado por quienes consideran que sus iniciativas promueven valores ajenos a la cultura local.

Otras entidades como Tides Foundation (que actúa como intermediario fiscal), el Centro de Periodismo Investigativo (recibió más de $1.2 millones según el documento), Casa Pueblo a través de HASER Inc., ($220,000) y Apoyo Legal al Emprendimiento Comunitario también fueron incluidas, sumando un total de $9,342,810 entre todas las subvenciones documentadas.

Sin embargo, InDiario comparó los datos del documento con la plataforma pública de subvenciones otorgadas por OSF desde 2016 hasta el presente y notó algunas discrepancias en las cifras.

Por ejemplo, la cifra global alcanzó $7,744,810, lo que representa $1,598,000 menos a lo que aparece en el reporte filtrado. Además, los fondos recibidos por Casa Pueblo, Espacios Abiertos y el CNE aparecen sobreestimados por $20,000, $180,000 y $248,000, respectivamente, una diferencia de $448,000.

Opinión del ILE: “Una narrativa externa en un mercado limitado”

En entrevista con InDiario, el presidente del Instituto de Libertad Económica (ILE), advirtió que la inyección de fondos internacionales en Puerto Rico puede tener un efecto distorsionador en la esfera pública y democrática del país.

“Puerto Rico es una isla pequeña, un mercado limitado. De repente entra una pieza del exterior que está empujando una narrativa en particular y no es algo balanceado”, afirmó.

Rodríguez señaló que, en un entorno tan limitado como el puertorriqueño, una fundación extranjera con una agenda definida puede ejercer una influencia desproporcionada. El líder del ILE sostuvo que muchas de estas fundaciones ya actúan con una agenda ideológica preestablecida.

“La mayoría de las fundaciones grandes ya tienen una agenda. La mayor parte del dinero viene con una orientación clara hacia una causa".

Rodríguez también alertó sobre la forma en que el dinero externo puede generar una percepción artificial de legitimidad local.

“Me preocupa que se esté proyectando una fortaleza institucional, una estabilidad financiera, que parezca propiedad local, sostenida por el sector privado y personas con recursos, cuando en realidad todo este dinero viene del exterior”.

Aunque reconoció que muchas subvenciones se otorgan a través de convocatorias formales, subrayó que la narrativa que finalmente se promueve depende del uso que las organizaciones locales hagan del dinero.

“La financiación ocurre a través de ‘grants’ a diferentes grupos, que presumimos pasaron por un proceso competitivo. Pero la distorsión de la narrativa está ligada directamente a lo que esas organizaciones locales deciden hacer con el dinero que reciben", denunció, al tiempo que hizo un llamado a la transparencia.

“No hay ningún problema con que haya donaciones internacionales, pero cuando metes dinero externo en gobiernos locales, especialmente en lugares pequeños como Puerto Rico, deberías ser más transparente", subrayó.

Contexto y críticas: un historial de desestabilización

George Soros y su Open Society Foundations son figuras polarizantes a nivel global. Según un artículo de la BBC (2019), OSF ha sido acusada por diversos grupos de financiar movimientos que promueven el socialismo y el liberalismo igualitario, lo que muchos ven como una amenaza a los valores tradicionales y a las libertades individuales y económicas.

Más allá de esto, OSF ha sido señalada en múltiples ocasiones por su presunto papel en desestabilizar gobiernos. Por ejemplo, un artículo de The New York Times en 1997 documentó cómo el presidente bielorruso Alexander Lukashenko acusó a la Fundación Soros de intentar "destruir la sociedad independiente" en su país, mientras que en Hungría, desde 2012, el gobierno de Viktor Orbán ha etiquetado a Soros como un "enemigo del estado" por financiar movimientos que, según ellos, buscan debilitar su administración, de acuerdo a reportes de Reuters en 2018.

Estas acusaciones podrían abonar a la percepción de que este tipo de financiamiento puede ser una herramienta para crear disloques en la gobernanza local, utilizando ONGs como vehículos para generar descontento social y político.

Comentarios en redes sociales han calificado estas subvenciones como un "esquema de propaganda política de izquierda radical disfrazada con nombres bonitos", mientras que otros han señalado que la promoción de temas como la "identidad de género" podría ser utilizada para manipular la opinión pública, erosionar las tradiciones culturales y, potencialmente, desestabilizar el orden político local.

Una de las mayores preocupaciones es la falta de claridad sobre los resultados concretos de las organizaciones que Soros financia a través de OSF. ¿Cuánto del dinero que reciben estas entidades realmente llega a las comunidades vulnerables de Puerto Rico y cuánto se queda en las propias organizaciones para gastos administrativos, salarios de directivos o campañas ideológicas?

Por ejemplo, los $2 millones otorgados a Taller Salud por el Departamento de Justicia de la administración Biden en 2023 para programas de "violencia comunitaria" equivalen a $17,000 por persona si se entrenan 120 hombres al año, un costo que críticos consideran excesivo frente a necesidades más urgentes como la creación de empleos. A su vez, la nómina del Centro para una Nueva Economía sobrepasa $1 millón anualmente, lo cual pudiera ser excesivo.

Esto plantea una duda: ¿están estas organizaciones verdaderamente sirven al pueblo puertorriqueño, o están utilizando los fondos para perpetuar sus propias agendas y, de paso, influir en la política local?

Retiro de fondos federales a Taller Salud

La situación de Taller Salud se ha complicado aún más tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, emitida el 28 de enero de 2025, que congeló fondos federales para diversas iniciativas.

Esta medida tuvo un impacto directo en organizaciones como esta, que se quejó públicamente de que la orden ejecutiva resultó en la retirada de fondos federales clave para sus programas de prevención de violencia comunitaria.

Representantes de la organización alegaron que la decisión afecta desproporcionadamente a comunidades vulnerables que dependen de sus servicios, aunque críticos argumentan que los fondos podrían haberse utilizado de manera más efectiva para atender necesidades económicas directas en lugar de programas ideológicos que podrían servir como herramientas para movilizar sectores sociales contra el gobierno.

Un artículo de Open Society Foundations en 2020 detalla que la entidad invirtió $500,000 en Puerto Rico durante la pandemia de COVID-19 para atender necesidades humanitarias y abogar por la inclusión de la Isla en paquetes de estímulo económico en Estados Unidos. Sin embargo, también se enfocaron en "soluciones económicas progresistas", como la cancelación de la deuda de Puerto Rico, una postura que algunos ven como alineada con intereses políticos externos más que con las prioridades locales, potencialmente restringiendo las libertades económicas de la isla al imponer modelos económicos foráneos que podrían generar tensiones con el gobierno local.

Además, usuarios en redes sociales sugieren que parte de estos fondos podrían estar vinculados a USAID, lo que aumentaría las sospechas de la existencia de una agenda geopolítica disfrazada de filantropía diseñada para influir en la política puertorriqueña.

En un contexto regional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha tomado medidas drásticas contra organizaciones similares. Según un artículo de Common Dreams del 6 de mayo de este año, Bukele criticó a las ONG y medios financiados por Soros, al afirmar que "un país en paz, sin extorsión ni sangre, no es rentable para las ONG de derechos humanos, ni para los medios globalistas, ni para las élites, ni para Soros".

Esta acción refleja una creciente resistencia en América Latina a la influencia de fundaciones como OSF, percibidas como vehículos para imponer agendas que amenazan las libertades individuales, los valores tradicionales y, en última instancia, la estabilidad de las administraciones gubernamentales de turno elegidas mediante el voto.

Reflexión sobre el impacto

“Puerto Rico enfrenta una crisis económica y social que requiere soluciones prácticas, no campañas ideológicas que, según críticos, buscan redefinir valores culturales tradicionales, limitar las libertades individuales y económicas, y potencialmente desestabilizar el gobierno local”, indicó por su parte el abogado y miembro de la junta editorial de InDiario, Alexis Quiñones.

El letrado argumentó que la financiación de programas sobre "masculinidades tóxicas" o "identidad de género" se percibe como un intento de imponer una agenda progresista que no refleja las prioridades de la mayoría de los puertorriqueños y que podría erosionar la autonomía económica al priorizar proyectos ideológicos sobre el desarrollo sostenible. Además, criticó el hecho de que organizaciones como Casa Pueblo -que históricamente ha sido vista como un símbolo de autogestión- haya recibido fondos de este tipo decepciona a quienes esperaban independencia de estas entidades.

“Aun siendo fondos privados, algunas de estas organizaciones también reciben subvenciones públicas. Por ende, es imperativo que las autoridades locales investiguen el impacto real de estos fondos y garanticen que no se utilicen para avanzar agendas que socaven los intereses y prioridades apremiantes en Puerto Rico”, subrayó Quiñones.

“Los ciudadanos merecen transparencia sobre cómo se gastan estos millones y si realmente benefician a las comunidades o si, como algunos temen, solo enriquecen a unos pocos mientras promueven ideologías que chocan con las tradiciones culturales y económicas de la isla, al mismo tiempo que generan tensiones políticas. En un momento en que Puerto Rico lucha por su recuperación económica y su identidad cultural, no podemos permitir que intereses externos dicten nuestro futuro ni amenacen nuestra estabilidad”, concluyó.