Contralora destapa un escándalo en el CESCO Metropolitano
Más de $50 millones en multas no se cobraron desde 2014 y empleados cambiaron estatus de infracciones propias y de familiares sin justificación
Una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló fallas graves en el manejo de multas en el Centro del Servicios al Conductor (CESCO) Metropolitano que resultaron en la pérdida de al menos $50 millones en ingresos públicos, además de transacciones sospechosas que ya fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.
Según el informe OC-25-77, entre 2014 y 2020 se dejaron de registrar 543,711 multas por errores no corregidos en el sistema DAVID, plataforma oficial del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). La única empleada encargada de corregir los errores se acogió a una licencia en 2017 y nunca fue sustituida, lo que dejó las multas sin atender por años.
En 2019, el DTOP intentó resolver el problema contratando a una empresa para automatizar la corrección de multas a un costo de $350,000, pero el 90% de las infracciones no pudieron corregirse, principalmente por problemas de legibilidad en los boletos. A pesar del fracaso, el contrato fue pagado en su totalidad.
Más preocupante aún, la auditoría identificó a 19 operadores del CESCO y la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) que modificaron el estatus de al menos 129 multas sin evidencia de pago o sin documentos que justificaran su cancelación o expiración. En varios casos, los cambios beneficiaron a los propios empleados o a sus familiares. Por ejemplo, un operador invalidó una multa que le fue impuesta personalmente, y otro alteró más de 1,600 multas de apenas siete tablillas sin documentación válida.
En total, se identificaron 2,290 multas adicionales por $83,100 posiblemente manipuladas de manera irregular. Los hallazgos fueron remitidos formalmente a las autoridades pertinentes en febrero de 2022, pero solo ahora se hacen públicos tras la revelación oficial del informe.
La auditoría también revela que el Reglamento 8645 sobre gravámenes de vehículos no ha sido actualizado desde 2015, lo que ha provocado cobros incorrectos a la ciudadanía, y que el almacén de documentos del CESCO se encuentra sin inventario ni control de acceso, permitiendo la salida de expedientes sin supervisión.
Ante estas serias irregularidades, la Contralora emitió una opinión adversa y recomendó enmendar leyes, reforzar controles y llevar a cabo acciones disciplinarias. De acuerdo con la auditoría, la actual secretaria de Transportación, junto a los directivos de la DISCO y el CESCO, alegaron estar revisando los procesos, pero no ofrecieron explicaciones detalladas sobre las irregularidades cometidas.
