Contralora hace señalamientos al Consorcio Guaynabo - Toa Baja
Auditoría al Area Local de Desarrollo Laboral Guaynabo-ToaBaja señala procesos de facturas, contratos y propuestas
Por Redacción InDiario|Noticias|
Una auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico puso bajo la lupa los controles fiscales, contractuales y administrativos del Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja, entidad que administra programas de empleo y adiestramiento sufragados con fondos federales bajo la ley Workforce Innovation and Opportunity Act, conocida como WIOA.
El informe OC-26-28, divulgado por la contralora Carmen A. Vega Fournier, cubre el periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2024 y emitió una opinión cualificada. En otras palabras, la auditoría concluyó que las operaciones evaluadas cumplieron en términos generales con la ley y reglamentación aplicable, excepto por cuatro hallazgos principales.
Los señalamientos incluyen deficiencias en la preintervención de facturas, retenciones contributivas no realizadas, irregularidades en la evaluación y aprobación de propuestas, fondos no obligados oportunamente para un contrato y expedientes contractuales sin cláusulas o certificaciones requeridas.
Uno de los hallazgos más significativos se relaciona con el manejo de facturas. La Oficina de la Contralora examinó 80 facturas pagadas a contratistas por $342,964 y encontró que ninguna contenía el sello de “Pagado”, un control básico para evitar que un documento pueda ser utilizado nuevamente para procesar desembolsos. Además, cinco facturas por $23,775 no tenían certificaciones requeridas por ley y cuatro facturas por $15,775 no estaban firmadas por representantes de las compañías proveedoras.
La auditoría también identificó pagos relacionados con contratos de servicios profesionales y de adiestramiento en los que no se realizaron retenciones contributivas a tres contratistas por $1,281. Según el informe, esa omisión privó al Departamento de Hacienda de ingresos legalmente requeridos y expuso al Área Local a posibles penalidades contributivas.
El segundo señalamiento apunta directamente al proceso competitivo para contratar servicios. Entre octubre de 2020 y abril de 2024, los comités correspondientes celebraron 18 reuniones para evaluar 893 propuestas, pero no se conservó evidencia formal de las puntuaciones otorgadas por el Comité Evaluador Administrativo. La Contralora también encontró que las evaluaciones se hacían a lápiz y que no quedaban debidamente documentadas en los expedientes oficiales.
El informe añade que en 13 minutas no se indicó el total de propuestas recibidas y que en 15 minutas no se consignaron las razones para aprobar o rechazar propuestas. En un caso particular, el Comité Ejecutivo aprobó un contrato de servicios profesionales por $20,000 a una propuesta que obtuvo menor puntuación que otra, sin documentar adecuadamente la justificación para esa determinación.
La auditoría también cuestionó la composición del Comité Ejecutivo durante 30 meses. Según el informe, para julio y agosto de 2020 el comité contaba únicamente con el presidente de la Junta Local, y para los 28 meses siguientes solo tenía al presidente y a la vicepresidenta, pese a que se requerían seis miembros con derecho al voto. Durante ese periodo, se aprobaron 615 propuestas.
Otro hallazgo se relaciona con un contrato de $10,000 para servicios de adiestramiento. La Contralora determinó que inicialmente solo se obligaron $5,000, creando una insuficiencia presupuestaria por la misma cantidad. Los restantes $5,000 fueron obligados posteriormente, luego de que ya se habían iniciado pagos bajo el contrato.
En el área de contratación, el informe encontró expedientes incompletos. Entre las deficiencias señaladas figuran la ausencia de una certificación de cumplimiento o Good Standing, falta de certificación de póliza del Fondo del Seguro del Estado y ausencia de certificaciones relacionadas con desempleo, incapacidad y deuda del Fondo.
La gerencia del Área Local respondió que varias situaciones respondieron a prácticas internas, al uso del sistema SAP, a limitaciones operacionales y a errores de manejo documental. También sostuvo que algunas transacciones estaban debidamente respaldadas y que ya comenzaron medidas correctivas, incluyendo hojas de cotejo, directrices internas y refuerzos en los procesos de archivo y evaluación.
La Contralora recomendó fortalecer los controles internos, documentar adecuadamente los procesos de evaluación, garantizar la composición reglamentaria de los comités, realizar las retenciones contributivas correspondientes, obligar los fondos antes de pagar servicios contratados y revisar los expedientes para asegurar que contengan todas las cláusulas y certificaciones exigidas.
“Cada dólar federal y estatal debe administrarse con la máxima responsabilidad”, expresó Vega Fournier al divulgar el informe. La funcionaria también exhortó a la gerencia del Área Local a atender las recomendaciones y remitir el plan correctivo con sus respectivos logros.