Contralora señala $119 mil en sistema de auditoría sin uso
Informe revela que el Comité de Auditoría Interna de la Administración de Tribunales lleva más de una década sin operar
Por Francisco Rodríguez-Burns|Noticias|
La Oficina de la Contralora de Puerto Rico identificó deficiencias en el manejo de recursos tecnológicos y en los mecanismos de fiscalización interna de la Rama Judicial, incluyendo una inversión de más de $119,000 en un sistema especializado de auditoría que nunca fue utilizado para los fines para los cuales fue adquirido.
Los señalamientos forman parte de una auditoría de cumplimiento realizada a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) que cubre el período entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2025.
El informe emitió una opinión cualificada al concluir que, aunque las operaciones examinadas se realizaron en términos generales conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se detectaron dos hallazgos significativos.
“La responsabilidad de toda entidad pública es garantizar que los recursos tecnológicos y financieros adquiridos con fondos públicos produzcan beneficios concretos para la ciudadanía y fortalezcan la eficiencia institucional”, indicó la contralora, Carmen Vega Fournier.
Uno de los hallazgos se relaciona con la compra de un programa especializado para la Oficina de Auditoría Fiscal y Operacional de la Rama Judicial. La herramienta fue adquirida mediante un contrato formalizado en noviembre de 2020 con el propósito de automatizar y fortalecer los procesos de auditoría interna.
Según el informe, entre 2021 y 2024 la OAT desembolsó un total de $119,483 por concepto de licencias, instalación, configuración, capacitación, almacenamiento en la nube, asesoría y mantenimiento del sistema.
Sin embargo, la auditoría determinó que al 30 de junio de 2025 el programa no había sido utilizado para realizar auditorías ni para ejecutar los trabajos que justificaron su adquisición.
La Oficina de la Contralora concluyó que la inversión no produjo beneficios tangibles para el interés público y señaló que esos recursos pudieron haberse destinado a otras necesidades operacionales de la Rama Judicial.
La administración de la OAT sostuvo durante la auditoría que el sistema sí fue utilizado para configurar plantillas, almacenar información, desarrollar matrices de riesgo y realizar pruebas y adiestramientos. No obstante, la Contralora determinó que esas actividades correspondieron únicamente a etapas de preparación y puesta en marcha del sistema, sin que este llegara a utilizarse para realizar auditorías.
Incluso, la directora de la Oficina de Auditoría recomendó en diciembre de 2024 no renovar el contrato de mantenimiento debido a la falta de uso de la herramienta, recomendación que fue acogida por la administración.
Comité inactivo
El segundo hallazgo del informe se refiere a la inactividad del Comité de Auditoría Interna de la Rama Judicial, organismo que, según la auditoría, no ha celebrado reuniones ni ejercido funciones desde el 15 de abril de 2014.
El comité fue creado en 2007 mediante una orden administrativa del entonces juez presidente del Tribunal Supremo con el objetivo de fortalecer la independencia y confiabilidad de las auditorías internas, además de servir como ente asesor en asuntos de fiscalización.
La Contralora concluyó que la ausencia de este organismo limita los mecanismos de supervisión y afecta la independencia de la función de auditoría interna dentro de la Rama Judicial.
La OAT argumentó que el comité cumplió el propósito para el cual fue creado originalmente, relacionado con iniciativas anticorrupción impulsadas hace casi dos décadas, y sostuvo que no existe una obligación legal de reactivarlo.
Sin embargo, la Oficina de la Contralora rechazó ese planteamiento al señalar que la orden administrativa que creó el comité permanece vigente y que la existencia de este tipo de organismos constituye una práctica reconocida internacionalmente para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Como parte de sus recomendaciones, la Contralora exhortó a la jueza presidenta del Tribunal Supremo a designar nuevamente los integrantes del Comité de Auditoría Interna y reactivar sus funciones. Además, recomendó a la administración de los tribunales establecer controles que garanticen que los equipos y programas tecnológicos adquiridos con fondos públicos sean utilizados para los propósitos que justificaron su compra.
La OAT recibió asignaciones presupuestarias por $505.7 millones entre los años fiscales 2021-2022 y 2024-2025. Durante ese período efectuó desembolsos por $470.6 millones y mantuvo un saldo acumulado aproximado de $35.1 millones.
“La inversión en tecnología y los mecanismos de fiscalización interna deben responder a una planificación efectiva y producir resultados concretos que fortalezcan la administración pública”, sostuvo Vega Fournier.
