Contraloría cuestiona uso de fondos de emisiónes en bonos
Auditoría detectó falta de documentos, pérdidas de $123.2 millones y un alza de $3,360 millones en el costo del servicio de la deuda.
Por Francisco Rodríguez-Burns|Noticias|
La Oficina del Contralor de Puerto Rico identificó deficiencias en la documentación relacionada con miles de millones de dólares provenientes de emisiones de bonos, líneas de crédito y otras deudas del Gobierno, según una auditoría que examinó transacciones realizadas durante el periodo de 2020 a 2024.
El informe OC-27-19 señala que los auditores no pudieron corroborar el uso de $1,934 millones provenientes de emisiones de bonos, debido a que no se suministraron los documentos justificativos correspondientes. Tampoco pudieron verificar $9,035 millones relacionados con líneas de crédito y otras deudas.
Según la Contraloría, la ausencia de esa documentación impidió determinar si los desembolsos se realizaron para los propósitos autorizados.
La auditoría también encontró que el 98% de los fondos recibidos mediante las emisiones de bonos examinadas fue destinado al pago de deudas, notas y líneas de crédito, mientras que solo un 2% se utilizó para mejoras capitales.
Asimismo, varias emisiones que fueron refinanciadas no produjeron las economías proyectadas. De acuerdo con el informe, esas operaciones ocasionaron pérdidas ascendentes a $123.2 millones y aumentaron en $3,360 millones el costo del servicio de la deuda.
El examen abarcó operaciones fiscales relacionadas con emisiones y refinanciamientos de bonos del Estado Libre Asociado, el Banco Gubernamental de Fomento, la Corporación para el Financiamiento Público, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La Contraloría encontró además que documentos necesarios para evaluar algunas de las transacciones no estaban disponibles, estaban incompletos o no fueron conservados conforme al Reglamento 4284 de 1990.
Las deficiencias afectaron la evaluación de operaciones vinculadas al Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), COFINA, la AEP y la ACT, entre otras entidades. Según el informe, la falta de documentación también limitó la capacidad del Gobierno para justificar decisiones relacionadas con refinanciamientos, depósitos en fondos de reserva y otras operaciones financieras.
Ante los hallazgos, la Contraloría recomendó fortalecer los controles internos y establecer procesos uniformes para documentar y evaluar las emisiones y refinanciamientos de deuda. También planteó que futuras decisiones relacionadas con deuda pública deben estar respaldadas por análisis financieros completos, comparaciones de alternativas y documentación verificable.
El informe corresponde a operaciones examinadas entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2024.
