Junta revela omisión de carta de ERock sobre contrato

Un nuevo documento divulgado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera añade otra pieza al controvertido proceso de contratación de 400 megavatios de generación temporera para la Central Aguirre: una carta enviada por ERock en junio, en la que la compañía denunciaba que Power Expectations utilizó su nombre sin autorización y presentó como parte del proceso un acuerdo que ERock sostiene que era fraudulento, no fue incluida entre los documentos entregados posteriormente a la Junta.

En una comunicación fechada el 18 de agosto de 2026 tarde en la noche, el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr., informó al zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué Colón Ortiz; al presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones de Terceros (3PPO), Osvaldo Carlo Linares; y a la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary C. Zapata Acosta, que la Junta recibió una carta de ERock que calificó como “profundamente preocupante”.

La comunicación de ERock había sido enviada originalmente el 17 de junio de 2026 a funcionarios de la AAPP y de la 3PPO.

Según Mujica, esa carta no fue incluida en las respuestas que la 3PPO y la AAPP entregaron a solicitudes de información previas de la Junta.

La Junta explicó que, debido a que su comunicación del 17 de agosto contenía una relación de hechos que no podía hacer referencia al documento que hasta entonces no había recibido, decidió incorporarlo formalmente al expediente.

La revelación adquiere particular importancia porque la Junta había estado examinando el contrato otorgado a Power Expectations, LLC, Enchanted Rock —identificada como ERock en las comunicaciones— y Reyes Contractor, LLC para instalar, operar y mantener hasta 400 MW de generación temporera en Aguirre.

Documentos oficiales de la Junta confirman que el proceso surgió para atender un déficit proyectado de generación de entre 700 y 850 MW. La Junta había aprobado condicionalmente el contrato el 8 de mayo, sujeto a cambios relacionados con calendario de ejecución, garantías de desempeño, estructura de combustible y precios, entre otros asuntos.

ERock: “No autoricé a nadie a usar este membrete”

La carta que ahora aparece en el expediente está firmada por Davis Zapffe, asesor legal y secretario de ERock, Inc.

En ella, Zapffe sostuvo que ERock participó inicialmente en conversaciones con Power Expectations, pero que posteriormente decidió no formar parte del proyecto.

De acuerdo con su relato, entre enero y mayo de 2026 la empresa no recibió información de Power Expectations relacionada con el negocio. Entonces, el 3 de junio, ERock recibió un correo electrónico de un funcionario de Power Expectations solicitando que firmara el acuerdo de compraventa de energía.

ERock asegura que se negó.

Según la carta, cuando su principal oficial ejecutivo, John Carrington, revisó el documento encontró una firma que aparentaba corresponder a David Gallagher, presentada como si este fuera funcionario de ERock.

El problema, según Zapffe, era que Gallagher no era empleado ni oficial de ERock y la compañía no lo había autorizado a firmar en su representación.

La denuncia fue más lejos.

ERock alegó que el documento contenía una página con su logotipo y membrete corporativo y que esa página presentaba a Gallagher como supuesto “COO-Caribbean Operations” de la compañía.

Zapffe aseguró que ese puesto ni siquiera existe dentro de ERock.

En una de las expresiones más contundentes de la carta, el abogado afirmó que no representaba a Power Expectations, nunca lo había hecho y no había escrito la carta que aparentemente llevaba su firma, además de señalar que no había autorizado a nadie a utilizar el membrete corporativo de ERock.

Reclamo por $10 millones

El conflicto escaló después de que ERock notificara que no participaría del proyecto.

Según Zapffe, Power Expectations, mediante sus abogados, exigió inicialmente $10 millones en daños a ERock.

Posteriormente, relata la carta, la cantidad reclamada habría sido reducida a $1 millón.

ERock sostiene que el 12 de junio recibió otra carta de demanda que calificó como fraudulenta y que nuevamente hacía referencia al supuesto acuerdo.

La compañía afirmó que solo entonces conoció que el documento cuestionado había sido presentado anteriormente a la 3PPO como parte del proceso contractual.

“Simplemente, Power Expectations, a través de sus ejecutivos, ha participado —y continúa participando— en conducta fraudulenta”, concluyó Zapffe en la comunicación del 17 de junio.

Se trata de alegaciones de ERock contenidas en una carta corporativa, no de determinaciones judiciales de fraude contra Power Expectations ni contra las personas mencionadas.

¿Quién sabía de la carta?

La comunicación de la Junta abre ahora interrogantes adicionales sobre qué funcionarios conocían la denuncia, cuándo la conocieron y por qué el documento no llegó a la Junta como parte de las respuestas oficiales de la 3PPO y la AAPP.

La carta original de ERock estaba dirigida a Mariela Quiñonez y Miguel García, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Oficina Independiente de Adquisiciones de Terceros.

Además, el propio documento indica que, el día anterior a su envío, Zapffe sostuvo una llamada con Josué Colón Ortiz, en la que, según ERock, le explicó los problemas que había identificado en el acuerdo.

Esto significa que las alegaciones no surgieron después de que estallara públicamente la controversia. ERock asegura que las comunicó directamente a funcionarios vinculados al proceso desde mediados de junio.

Precisamente el 16 de julio, la Junta había solicitado formalmente a la AEE y a la 3PPO información actualizada sobre el contrato y recordó que cualquier versión revisada debía ser sometida nuevamente para evaluación antes de ejecutarse.

Ahora, la Junta sostiene que la carta del 17 de junio no estaba entre las respuestas recibidas.

Contrato bajo una nube de cuestionamientos

El contrato contemplaba la instalación, operación y mantenimiento de unidades capaces de producir en conjunto 400 MW en la Central Aguirre, una pieza que el Gobierno había presentado como parte de su estrategia para enfrentar la insuficiencia de generación eléctrica.

La Junta había autorizado condicionalmente la contratación en mayo, pero dejó claro que la aprobación estaba sujeta a modificaciones sustanciales y que una versión revisada tendría que regresar a su consideración antes de ejecutarse.

La controversia sobre ERock transformó el asunto: ya no se trataba únicamente de precios, términos contractuales o capacidad para entregar los megavatios prometidos, sino de cuestionamientos sobre la integridad de documentos utilizados durante el proceso de contratación y sobre el flujo de información entre las agencias y la Junta Fiscal.

La carta del 18 de agosto fue copiada a la gobernadora Jenniffer González Colón, al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, y al presidente de la Comisión de Energía de Puerto Rico, Edison Avilés Deliz.

La nueva documentación coloca ahora el foco sobre las agencias responsables del proceso: si tenían desde junio una denuncia escrita que cuestionaba la autenticidad de documentos utilizados para sustentar la participación de ERock, queda por esclarecer qué acciones tomaron al recibirla y por qué esa comunicación no formó parte de la información entregada posteriormente a la Junta de Supervisión Fiscal.