Choque entre la Junta y el 3PPO por el alcance de PROMESA en contrato con Power Expectations

La Junta de Supervisión Fiscal respondió formalmente al presidente del Third-Party Procurement Office (3PPO), Lcdo. Osvaldo Carlo Linares, luego de que este la acusara de exceder su autoridad concedida por la ley PROMESA al intervenir en el contrato propuesto entre la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA) y Power Expectations.

El conflicto surge como producto de la subasta RFP No. 3PPO-0314-20-TPG2, que contempla el desarrollo de hasta 400 megavatios de generación temporera en la Central Aguirre, con capacidad suplementaria en Costa Sur. Ante esta adjudicación y el contrato propuesto sujeto a evaluación de la Junta, el ente ha solicitado información más detallada sobre capacidad financiera del proponente, estructura de costos, garantías y cumplimiento con requisitos federales.

En una carta fechada el viernes 13 de febrero de 2026, el organismo rector de las finanzas públicas de Puerto Rico indicó que su requerimiento de información es “un ejercicio necesario de su mandato estatutario bajo PROMESA” y rechazó la postura del 3PPO de que esté actuando fuera de sus facultades.

Además, recordó que su responsabilidad incluye asegurar que los contratos propuestos “promuevan la competencia en el mercado y no sean inconsistentes con el Plan Fiscal certificado”, para así evitar lo que un medio en Florida catalogó el negocio propuesto como un Whitefish 2.0., en alusión a la percepción de que el contrato podría repetir el polémico acuerdo otorgado a Whitefish Energy tras el huracán María, que fue cuestionado por falta de experiencia y posibles conexiones políticas y que concluyó con su cancelación.

"La Junta de Supervisión no hace determinación alguna respecto a esa caracterización, pero señala que dicha cobertura aumenta la necesidad de transparencia y documentación para mitigar cualquier riesgo asociado con el Contrato Propuesto y para asegurar que este conduzca a una mayor confiabilidad energética en Puerto Rico", sostuvo el ente en su misiva.

La Junta también respondió a la acusación de Carlo Linares, a quien le resultó particularmente preocupante que la postura actual del ente "parezca basarse en alegaciones, narrativas o caracterizaciones promovidas por participantes del mercado no favorecidos o insatisfechos", en vez de sustentarse en determinaciones independientes sobre impacto fiscal o repercusiones legales.

"La sugerencia del 3PPO de que la Junta de Supervisión de algún modo se está basando en argumentos presentados por proponentes no favorecidos carece de fundamento. La revisión y las actuaciones de la Junta de Supervisión son independientes de cualquier argumento planteado en procedimientos judiciales relacionados con la adjudicación del Contrato Propuesto", se adujo en la carta firmada por el asesor legal general, Jaime A. El Koury.

Esta misiva surge tras recibir el 28 de enero la carta del 3PPO titulada “Aclaración jurisdiccional y necesidad urgente de proceder con la ejecución de TPG2”, en la que Carlo Linares sostuvo que PROMESA no confiere a la Junta autoridad general sobre procesos de contratación ya completados.

En esa comunicación, el 3PPO planteó que PROMESA “no autoriza a la Junta a supervisar la administración de contrataciones, revaluar puntuaciones de propuestas, revisar decisiones de negociación ni funcionar como un foro alterno para impugnaciones de subastas”.

Carlo Linares argumentó, además, que el proceso TPG2 fue competitivo, cumplió con estándares federales y fue revisado por el Negociado de Energía sin hallazgos de ilegalidad o inconsistencias fiscales.

La Junta, por su parte, afirmó que la posición del 3PPO de que estaría excediendo sus poderes al solicitar información es “inconsistente con el texto claro y el propósito de PROMESA”. En otras palabras, el organismo federal sostiene que revisar documentación contractual es parte integral de su función de supervisión financiera.

El 3PPO también advirtió en su comunicació que el retraso en la ejecución del contrato aumenta los riesgos operacionales para el sistema eléctrico, al señalar la urgencia de estabilizar la red en medio de su fragilidad.

Frente a la narrativa de que su intervención es improcedente o dilatoria, la Junta enfatizó que no intenta sustituir los mecanismos existentes para impugnaciones de subasta, sino cumplir con la intención del Congreso de fortalecer la confianza pública en la contratación gubernamental.

Más allá del cruce de comunicaciones, el choque plantea una vez más una disputa estructural sobre la interpretación de PROMESA, si la Junta debe limitarse a verificar consistencia fiscal formal o si puede examinar en profundidad procesos contractuales de alto impacto económico.