Senadora urge simplificar procesos para atender estorbos públicos en Puerto Rico

La presidenta de la Comisión Senatorial de Vivienda y Bienestar Social, la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, subrayó la necesidad de simplificar los procesos relacionados con la compra y expropiación de estorbos públicos en Puerto Rico, ante las redundancias, conflictos en la jurisprudencia vigente y el creciente número de estructuras abandonadas en la Isla.

Las expresiones de la senadora surgieron al concluir una vista pública en la que depusieron representantes de la Asociación de Alcaldes, el Departamento de Vivienda, el Municipio de Bayamón y otras organizaciones. Entre estas cabe mencionar el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, entidad dedicada a atender el problema de las propiedades deterioradas y abandonadas, así como el Consorcio del Sur para la Administración de los Fondos de Reconstrucción y Reparación de los Terremotos, ente integrado por municipios afectados por los sismos.

La vista pública se llevó a cabo como parte de la evaluación de la Resolución del Senado 252, medida legislativa que ordena a las comisiones de Vivienda y Bienestar Social, y de Asuntos Municipales, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las propiedades abandonadas en Puerto Rico, así como sobre el manejo de los estorbos públicos y los procesos de expropiación forzosa, entre otros asuntos.

“Durante la vista salió a relucir que existen escollos y barreras a lo largo de todo el trámite. De igual forma, los municipios levantaron la bandera sobre la escasez de recursos con la que cuentan para poder cumplir con todos los procesos necesarios para declarar una propiedad como estorbo público y, a su vez, poder ofrecer (como alternativa) vivienda a las familias puertorriqueñas que tanto necesitan acceso a una vivienda digna”, sostuvo la senadora en entrevista tras concluir la vista pública.

Según datos recopilados por el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, se estima que en Puerto Rico existen alrededor de 373,424 propiedades vacantes. Una porción significativa de estas unidades —posiblemente más de la mitad— podría, en algún momento, cumplir con los criterios legales para ser declarada estorbo público, aunque se requiere un análisis más exhaustivo para alcanzar cifras más precisas.

De acuerdo con la entidad, que en 2022 publicó el informe “The Public Health Implications of Abandoned Spaces in Post-María Puerto Rico” a través del National Hazards Center, en colaboración con la Universidad de Colorado Boulder, se identificaron tres conclusiones fundamentales sobre esta problemática. Los hallazgos se desprenden de un estudio que inventarió 1,856 propiedades con potencial de ser clasificadas como estorbo público en 48 comunidades de nueve municipios.

Entre los hallazgos del estudio se concluyó que los problemas de titularidad figuran entre las principales causas del abandono de propiedades. En particular, se estimó que el 71 por ciento de las propiedades identificadas presentaban algún grado de inseguridad de tenencia.

A este escenario se suma una crisis contributiva sobre la propiedad, que se refleja claramente en los patrones de abandono. Según el análisis, el 27 por ciento de las propiedades evaluadas no estaba registrada en el sistema de recaudación contributiva de Puerto Rico, lo que sugiere que muchas podrían provenir de construcciones no autorizadas. Asimismo, el 39 por ciento mantenía deudas contributivas, mientras que el 29 por ciento contaba con exenciones indebidas que no habían sido revocadas por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) o por los municipios correspondientes.

Otro factor determinante identificado en el estudio es que más de la mitad de los propietarios de las propiedades abandonadas —cerca del 55 por ciento— reside en el mismo municipio, lo que contradice la percepción de que esta problemática responde principalmente a la emigración. De hecho, se estima que solo el 9 por ciento de los dueños se mudó a Estados Unidos.

“La legislación debe priorizar el interés social de vivienda asequible sobre el criterio exclusivo del mejor postor, como es el caso de las subastas de bienes inmuebles por parte de los municipios”, sostuvo el el director ejecutivo del Centro, Luis Gallardo Rivera.

Entretanto, el director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, Ángel Miguel Morales, y la directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes, Verónica Rodríguez Irizarry, coincidieron en la necesidad de impulsar legislación que permita investigar el estado actual de los estorbos públicos y viabilizar soluciones que faciliten a los municipios atender esta problemática, conforme a lo que dispone la ley.

“Estamos a favor de que se investigue, ya que es un problema que aqueja a la inmensa mayoría de los municipios en Puerto Rico”, indicó Morales, al subrayar que su entidad presentó el proyecto del Senado 777 para que el proceso sea uno más expedito. “Queremos tocar el tema de la vivienda asequible y de desarrollo económico”, subrayó.

Por su parte, el Municipio de Bayamón destacó los esfuerzos que ha realizado para atender la problemática de las propiedades abandonadas. Entre las iniciativas señaladas se encuentra el desarrollo de un sistema de base de datos que permite agilizar y optimizar el manejo de los casos de propiedades registradas, así como la implementación de un sistema de multas y gravámenes a los estorbos públicos, destinado a recuperar los costos incurridos en las obras necesarias para eliminar dichas condiciones. El ayuntamiento ha emitido multas a un total de 101 propiedades, por un monto acumulado de $371,202.37.

“Esta cuantía es recobrada por el Municipio una vez las propiedades son adquiridas”, indicó Edlyn Cabán Sosa, en representación del municipio, durante su ponencia.