ASG estrena reglamento para modernizar las compras del Gobierno y reducir la burocracia

La Administración de Servicios Generales (ASG) puso en vigor un nuevo reglamento para regular las adquisiciones de bienes, obras y servicios no profesionales del Gobierno de Puerto Rico, con el objetivo de transformar los procesos de compra, reducir trámites innecesarios y fortalecer los mecanismos de fiscalización.

La normativa, que cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y fue oficialmente anunciada en una mesa redonda desde La Academia en la sede de la ASG. Esta medida establece parámetros que abarcan desde la planificación hasta la ejecución y supervisión de los contratos, con miras a que las agencias públicas puedan operar con mayor agilidad y responder de forma más efectiva a las necesidades de la ciudadanía.

La ASG es la agencia responsable de gestionar y fiscalizar las compras y contrataciones del Gobierno de Puerto Rico, aunque algunas entidades están exentas por disposición de ley o por orden ejecutiva.

Según la administradora de la agencia y principal oficial de compras del Gobierno, Karla Mercado Rivera, se trata de la primera vez que el gobierno central, incluyendo las corporaciones públicas, adopta una normativa basada en datos reales generados por su propia plataforma tecnológica, la experiencia del personal público y el conocimiento del sector privado.

En declaraciones escritas, la funcionaria explicó que el reglamento incorpora estudios comparativos de mejores prácticas y modelos exitosos de jurisdicciones como Ohio y Nueva York, así como de países como Chile y Nueva Zelanda, adaptados a la realidad fiscal y administrativa de Puerto Rico.

Entre los cambios más significativos, el nuevo marco regulatorio introduce mecanismos de cumplimiento y fiscalización más estrictos, incluyendo la creación de una Oficina de Investigaciones Especiales con autoridad para monitorear procesos, investigar incumplimientos y exigir planes de acción correctiva. Además, refuerza los controles sobre enmiendas y extensiones contractuales y clarifica la clasificación entre servicios profesionales y no profesionales, lo cual se espera que reduzca los espacios para interpretaciones discrecionales.

Mercado Rivera destacó que la nueva estructura fortalece la rendición de cuentas y facilita el acceso a la información pública, permitiendo una mayor supervisión ciudadana.

“Si una escuela necesita un aire acondicionado, bajo los nuevos parámetros este debe proveerse con inmediatez, con garantías de calidad, mediante un proceso claro y transparente y a un costo razonable. Además, podemos ver todo el proceso de principio a fin: quién interviene, cuándo lo hace, el estatus de la orden, a quién se le compró, el costo y cada fase hasta su instalación final”, indicó la titular en comunicado de prensa.

Por su parte, el subdirector ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Arnaldo Cruz, respaldó la iniciativa, la cual catalogó como un gran adelanto para reformar los procesos de compra, licitaciones y adjudicaciones de contratos en el gobierno.

“Por los pasados meses estuvimos colaborando con la ASG en la versión final del documento, asegurándonos que hubiese alineamiento con el plan fiscal”, expuso Cruz, quien añadió que desde la Junta continuarán impulsando reformas en los procesos de compra, especialmente aquellas que requieran cambios legislativos.