LUMA exige investigar si la gobernadora llamó a los jueces
Eddie López dijo en Nación Z que, según una fuente, la gobernadora llamó a jueces del Supremo con ofertas para que votaran por anular el contrato
Por Redacción InDiario|Energía|
La presidente y principal oficial ejecutiva de LUMA Energy, Janisse Quiñones, exigió este miércoles una "investigación inmediata, rigurosa y transparente" de los señalamientos de que la gobernadora Jenniffer González Colón llamó personalmente a jueces del Tribunal Supremo para que cambiaran sus votos y favorecieran la anulación del contrato de la empresa. La versión la puso en el aire el martes el abogado y comentarista Eddie López en Nación Z, el programa que conduce por Z 93 y TeleOnce, atribuida a una fuente que no identificó, y hasta ahora nadie la ha corroborado de forma independiente. López dijo que, según le contaron, las llamadas vinieron con lo que llamó "ofertas adelantadas de Black Friday". A un juez se le habría ofrecido un ascenso o una renominación para su pareja y a otro, contratos del gobierno a través de un familiar, según el analista. El comentarista no identificó a ningún juez y aclaró que relataba lo que le dijo su fuente y que no acusaba a los jueces de conducta alguna.
Los nombramientos y las renominaciones de jueces los hace la gobernadora con el consejo y consentimiento del Senado, y ofrecer un beneficio a un funcionario para que actúe de determinada manera está tipificado como soborno en el Código Penal. La gobernadora no ha sido acusada de ningún delito y no se conoce de querella ni investigación alguna sobre el relato de López. Al momento de publicar esta nota, La Fortaleza no se había expresado públicamente sobre el asunto. Quiñones calificó los señalamientos de "sumamente preocupantes" y dijo que "ante la gravedad de estas alegaciones, es indispensable que se investiguen a fondo y que se esclarezca, de manera transparente y creíble, si los hechos descritos ocurrieron". Añadió que LUMA confía "plenamente en la integridad del Tribunal Supremo" y que su preocupación "no está dirigida a los jueces ni cuestiona a la institución". "No estamos solicitando un trato especial ni favoreciendo un resultado en particular.
Nuestra posición se presenta y se defiende ante el Tribunal mediante los mecanismos establecidos por ley. Ese es el único foro donde debe resolverse esta controversia", sostuvo. "Cuando surgen dudas de esta magnitud, la única respuesta aceptable es la verdad", cerró.
El 5 de agosto, por cinco votos a cuatro, el Supremo acogió directamente las dos demandas del gobierno, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la AEE. Se trata de dos recursos para anular la carta del 30 de noviembre de 2022 que convirtió en indefinido el término de 18 meses del contrato suplementario de LUMA.
La mayoría la formaron los jueces Mildred Pabón Charneco, Roberto Feliberti Cintrón, Luis Estrella Martínez, Camille Rivera Pérez y Raúl Candelario López, y disintieron el juez Ángel Colón Pérez, la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y los jueces Rafael Martínez Torres y Erick Kolthoff Caraballo, que preferían que el Tribunal de Primera Instancia construyera primero un expediente de prueba. Aquella votación resolvió solo cuándo y dónde se vería el caso, y un voto bastó para decidirlo.
El 20 de octubre el tribunal ordenó a las partes no presentar más escritos salvo que se los pida, tras mantener en el expediente los documentos con que LUMA sostiene que la anulación costaría $1,300 millones. La Junta de Supervisión Fiscal compareció como amiga de la corte para pedir que no se cancele el contrato y el Colegio de Abogados y Abogadas para pedir que se anule. La decisión está pendiente.
El martes en la tarde, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dio por posible la anulación e ironizó sobre las "manos expertas" que negociarían la salida de LUMA, con Josué Colón, Osvaldo Carlo, la Junta, O'Neill & Borges y La Fortaleza al frente. El relato de López cae además en plena pugna entre el Senado y la jueza presidenta por la reforma judicial que la gobernadora firmó el 3 de noviembre. Quiñones sostuvo que el asunto "trasciende el caso de LUMA" y que, de confirmarse, las alegaciones "afectarían la confianza pública en la independencia de nuestro sistema judicial". Al cierre de esta nota no se conocía reacción de la Rama Judicial ni del Departamento de Justicia al relato de López.
