Junta Fiscal cancela contrato de Power Expectations

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) decidió esta noche cancelar el controvertido contrato de generación temporera otorgado al consorcio encabezado por Power Expectations, poniendo fin —al menos bajo la estructura contractual vigente— a un acuerdo que podía representar cerca de $5,887 millones durante un término de diez años y que en los últimos días quedó sumido en un escándalo por alegaciones relacionadas con el uso no autorizado del nombre y la firma de una de las compañías que aparecía como integrante del consorcio.

La determinación supone un dramático cambio de curso para un proyecto concebido para instalar hasta 400 megavatios (MW) de generación temporera en la Central Aguirre, en Salinas, con el objetivo de atender el déficit de generación y reducir el riesgo de interrupciones en el sistema eléctrico de Puerto Rico.

La propia Junta había autorizado el contrato apenas dos meses atrás.

En una carta del 2 de junio de 2026, el organismo fiscal concluyó que Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contractor habían atendido las condiciones impuestas durante la revisión contractual y autorizó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a proceder con la ejecución del acuerdo.

Ahora, aquella autorización queda desplazada por una controversia que ha escalado desde preguntas sobre la capacidad financiera y operacional del contratista hasta alegaciones que ya se encuentran ante las autoridades investigativas.

De proyecto de emergencia a contrato bajo sospecha

El contrato surgió del proceso competitivo RFP 3PPO-0314-20-TPG2, administrado por la Oficina Independiente de Adquisiciones, conocida como 3PPO, para atender una necesidad que el Negociado de Energía estimó originalmente en un déficit de entre 700 y 850 MW.

La propuesta seleccionada contemplaba que Power Expectations, junto a Enchanted Rock y Reyes Contractor, desplegara, instalara, operara y mantuviera 400 MW de generación en Aguirre.

Pero Power Expectations había provocado cuestionamientos desde antes de que el contrato fuera firmado.

En febrero, la Junta Fiscal ya había indicado que documentación producida durante el proceso reflejaba capacidad financiera limitada y poca experiencia de Power Expectations en proyectos energéticos de la magnitud contemplada. También señaló que la propia documentación del 3PPO contenía preocupaciones sobre la empresa y sobre información que no habría sido divulgada durante el proceso de contratación.

A pesar de esas preocupaciones, el proceso continuó.

La Junta impuso condiciones adicionales relacionadas con el calendario de ejecución, garantías de cumplimiento, penalidades, estructura de combustible y mecanismos para proteger a la AEE en caso de incumplimiento.

El 29 de mayo, el 3PPO sometió una versión revisada. Cuatro días después, la Junta concluyó que las condiciones habían sido atendidas y permitió que el acuerdo se ejecutara.

El contrato comenzó formalmente el 10 de junio de 2026. De acuerdo con la propia Junta, el calendario contractual contemplaba entre 90 y 150 días para el despliegue, con una fecha estimada de operación comercial para el 7 de noviembre de 2026, salvo extensiones autorizadas.

El nombre y la firma que hicieron estallar la controversia

El problema adquirió una dimensión completamente distinta cuando surgieron alegaciones de que Enchanted Rock no había autorizado su participación en la forma reflejada en documentos del contrato.

La compañía comunicó mediante representación legal que su nombre habría sido utilizado sin autorización y cuestionó una firma atribuida a un supuesto ejecutivo relacionado con Enchanted Rock.

El nombre que aparece asociado a esa controversia es Jhoby Weaks, identificado en documentación como supuesto jefe de operaciones para el Caribe. Según información divulgada posteriormente, Enchanted Rock indicó a la Junta Fiscal que no reconocía a esa persona como uno de sus ejecutivos ni había autorizado la firma que aparecía relacionada con el proceso.

La controversia era especialmente delicada porque Enchanted Rock figuraba expresamente como uno de los vendedores en el contrato que la Junta había evaluado y aprobado.

La situación provocó preguntas inevitables: ¿quién presentó la documentación?, ¿quién verificó las firmas?, ¿qué mecanismos de diligencia debida utilizó el 3PPO?, ¿cómo pudo avanzar un contrato multimillonario si una de las empresas que aparecía como parte alegadamente no había autorizado su participación?

La Junta ya había detectado cambios

Hay otro elemento importante en la cronología.

El 16 de julio, más de tres semanas antes de que la controversia explotara públicamente, la Junta Fiscal envió un requerimiento formal a la directora ejecutiva de la AEE y al presidente del 3PPO solicitando información específica sobre cualquier cambio en las partes que componían el contrato.

La Junta pidió conocer si después de su aprobación del 2 de junio se había producido alguna “retirada, renuncia, cesión, novación o transferencia” de derechos u obligaciones entre las empresas vendedoras.

También exigió copia del contrato ejecutado y evidencia relacionada con la garantía de cumplimiento.

Ese requerimiento reveló otra preocupación significativa: el contrato establecía que el vendedor debía presentar, dentro de los 15 días laborables posteriores a la ejecución, una carta de crédito irrevocable o fianza de cumplimiento equivalente al 100% del valor proyectado para la fase de construcción, estimado entonces en alrededor de $1,180 millones.

La Junta pidió conocer si esa garantía había sido entregada dentro del plazo correspondiente.

Enchanted Rock salió y apareció Flotek

Mientras se desarrollaba la controversia, la composición empresarial del proyecto también cambió.

Enchanted Rock dejó de figurar en la estructura y se autorizó la incorporación de Flotek Industries como sustituta, un movimiento que abrió nuevas interrogantes porque la Junta había advertido expresamente que cualquier modificación a las partes del acuerdo tenía que ser sometida previamente a su revisión.

El propio organismo había advertido que se reservaba el derecho de modificar o reevaluar sus determinaciones si surgía información que no había sido presentada durante su evaluación original.

Esa cláusula terminó adquiriendo una relevancia determinante.

Referidos estatales y federales

El jueves, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Oficina del Zar de Energía anunciaron que remitieron los hallazgos relacionados con el caso al Departamento de Justicia de Puerto Rico y a las autoridades federales.

Según la AAPP, el asunto había llegado a su atención desde el 16 de junio, cuando el bufete O’Neill & Borges, en representación de Enchanted Rock, comunicó las alegaciones. La agencia indicó que ese mismo día refirió el asunto al principal oficial del 3PPO, Osvaldo Carlo Linares, para realizar una investigación interna.

Las autoridades han enfatizado que los referidos no constituyen una acusación criminal ni una determinación de que se haya cometido un delito. Corresponderá al Departamento de Justicia y a las autoridades federales determinar si existe evidencia suficiente para iniciar procedimientos adicionales.

Gobernadora había pedido cancelarlo

Horas antes de la determinación de la Junta, la gobernadora Jenniffer González Colón había reclamado públicamente que el contrato fuera cancelado si existía fundamento contractual para hacerlo.

“Si ese contrato se puede cancelar, que se cancele”, expresó González, quien solicitó a la AEE identificar cualquier incumplimiento que permitiera rescindir el acuerdo.

La gobernadora, sin embargo, también cuestionó el desempeño de la Junta Fiscal y sostuvo que el organismo tuvo meses para identificar problemas con la contratación antes de conceder su aprobación.

González defendió además la integridad profesional de Carlo Linares y señaló que fue el 3PPO —y no La Fortaleza— quien administró la evaluación y contratación.

La Junta había pasado de aprobar a amenazar con revocar

El giro de la Junta Fiscal comenzó públicamente el pasado 8 de agosto, cuando trascendió que evaluaba retirar su aval tras conocer que una empresa que aparecía como parte del consorcio alegadamente negó haber autorizado su participación y la firma utilizada durante el proceso.

En ese momento, la Junta también planteó la posibilidad de hacer sus propios referidos a las autoridades correspondientes.

Seis días después, la evaluación terminó en la decisión de cancelar el contrato.

El episodio deja particularmente expuesto el sistema diseñado para fiscalizar contrataciones energéticas.

El contrato pasó por el 3PPO, la AEE, el Negociado de Energía y la Junta Fiscal. Hubo múltiples solicitudes de información, revisiones contractuales y condiciones adicionales. Incluso la Junta describió en junio el resultado de ese proceso como un acuerdo con mayores salvaguardas, transparencia y mecanismos para proteger al pueblo de Puerto Rico.

Sin embargo, semanas después, una controversia sobre algo tan fundamental como quién verdaderamente autorizó participar en el contrato terminó poniendo en duda todo el proceso.

Un problema eléctrico que sigue sin resolverse

La cancelación elimina el problema contractual inmediato, pero devuelve al gobierno al problema que originó la contratación: Puerto Rico continúa necesitando generación adicional.

Los 400 MW de Aguirre formaban parte de una estrategia para reducir la vulnerabilidad del sistema ante averías y la indisponibilidad de unidades de generación existentes.

La necesidad era considerada tan urgente que el proceso contractual había sido justificado como una respuesta al déficit proyectado de entre 700 y 850 MW.

Ahora el gobierno deberá determinar si realiza un nuevo proceso competitivo, negocia con alguno de los otros proponentes que participaron originalmente o identifica otra alternativa para incorporar capacidad de generación.

La cancelación tampoco cierra la investigación.

Por el contrario, abre una segunda etapa.

Las autoridades tendrán que determinar quién preparó y sometió la documentación cuestionada, quién realizó las verificaciones correspondientes, qué sabía cada funcionario involucrado, cuándo lo supo y por qué el contrato continuó avanzando después de que comenzaron a surgir interrogantes sobre una de las empresas que componía el consorcio.

Y quizás la pregunta más importante será institucional: ¿cómo un contrato potencialmente valorado en miles de millones de dólares logró superar tantas capas de revisión antes de que se cuestionara la autenticidad de una firma y hasta la participación de una de las compañías que figuraba como parte esencial del acuerdo?

La Junta Fiscal puso fin esta noche al contrato.

Las investigaciones apenas comienzan.