Gobernadora exige cancelar contrato "si hubo incumplimiento"
Jenniffer González confirmó que el zar de Energía y Justicia refirieron el caso a autoridades federales ante dudas sobre el proceso.
Por Redacción InDiario|Energía|
La gobernadora Jenniffer González Colón pidió que se cancele el controvertido contrato de generación temporera otorgado a Power Expectations si la evaluación en curso determina que hubo incumplimientos, irregularidades o actuaciones impropias durante el proceso de contratación. La mandataria confirmó además que el asunto ya fue referido a las autoridades federales.
González Colón sostuvo este jueves que corresponde a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entidad que suscribió el acuerdo, ejecutar cualquier disposición contractual que permita terminarlo si se comprueba un incumplimiento por parte de la compañía.
“No voy a tolerar ningún tipo de señalamiento de ninguna otorgación de contrato”, afirmó la gobernadora durante una conferencia de prensa.
La mandataria indicó que solicitará informes tanto a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) como a la AEE para conocer las circunstancias del proceso y determinar qué alternativas contractuales tiene disponibles el gobierno.
Referido llega a autoridades federales
La controversia escaló además al ámbito federal. González Colón confirmó que el zar de Energía, Josué Colón Ortiz, realizó junto al Departamento de Justicia un referido a las autoridades federales relacionado con los señalamientos que rodean la contratación.
Entre los asuntos bajo cuestionamiento se encuentra el alegado uso no autorizado de un nombre y una firma vinculados a Enchanted Rock, una de las empresas que figuró dentro del consorcio relacionado con la propuesta de Power Expectations.
El proceso de contratación ha enfrentado cuestionamientos desde meses antes. Documentos de la Junta de Supervisión Fiscal muestran que, ya en febrero, el organismo había expresado dudas sobre la capacidad financiera y experiencia de Power Expectations para desarrollar proyectos energéticos de gran escala. La Junta señaló también que documentación suministrada indicaba que la AAPP no había realizado un proceso de due diligence o verificación de antecedentes de las partes involucradas en el RFP.
La Junta también había identificado aparentes inconsistencias entre los requisitos establecidos en la solicitud de propuestas, el contrato propuesto y los documentos presentados para respaldarlo. Entre sus preocupaciones figuraban la experiencia previa de Power Expectations, su capacidad financiera, los precios, los acuerdos con suplidores y la viabilidad de implantar el proyecto dentro del calendario previsto.
El acuerdo bajo evaluación contempla hasta 400 megavatios de generación temporera en la Central Aguirre, con la posibilidad de añadir aproximadamente 201 megavatios en Costa Sur bajo determinadas condiciones establecidas por el Negociado de Energía.
Gobierno cuestiona también a la Junta Fiscal
Aunque favoreció actuar contra el contrato si se demuestra alguna irregularidad, González Colón cuestionó el tiempo que tomó la Junta Fiscal para elevar sus objeciones más recientes.
Según la gobernadora, el proceso contractual se remontaba a octubre de 2025 y el organismo fiscal tuvo varios meses para examinarlo antes de plantear la posibilidad de retirar su aprobación. La Junta informó el pasado 7 de agosto que evaluaba revocar su visto bueno y hacer un referido relacionado con el acuerdo.
González Colón rechazó además que su administración haya participado directamente en la adjudicación o evaluación del contrato y afirmó no conocer a las compañías involucradas.
Por su parte, el presidente de la oficina de contratación externa, Osvaldo Carlo Linares, defendió el proceso y aseguró que existían documentos corporativos que facultaban al firmante cuestionado para actuar en representación del consorcio. Según Carlo Linares, Power Expectations, Reyes Construction y Enchanted Rock mantenían acuerdos que permitían esa representación.
Carlo Linares sostuvo que la controversia surgió posteriormente, tras cambios corporativos relacionados con Enchanted Rock y la entrada de otra entidad, E Rock, que cuestionó la autoridad de la persona que había intervenido en la contratación.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio uno de los contratos vinculados a los esfuerzos para aumentar la capacidad de generación eléctrica de Puerto Rico, esta vez con investigaciones locales y federales en curso y con la propia gobernadora reclamando que, si se comprueba un incumplimiento, el gobierno proceda a cancelar el acuerdo.
