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Representante pide investigar contrato generación temporera

Swanny Enit Vargas radica resolución ante señalamientos sobre el contrato de $5,800 millones para instalar 400 MW en Aguirre

Por Redacción InDiarioPolítica|

Swanny Enit Vargas, representante por acumulación del PPD (Archivo)
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La representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Swanny Enit Vargas Laureano, radicó una resolución para abrir una investigación legislativa sobre el controvertible contrato de generación temporera de 400 megavatios (MW) en la Central Aguirre, en Salinas, cuyo valor máximo ha sido estimado en aproximadamente $5,800 millones.

La Resolución de la Cámara 769 busca encomendar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía una pesquisa sobre el proceso mediante el cual el consorcio encabezado por Power Expectations obtuvo el contrato, así como sobre alegados incumplimientos posteriores a su adjudicación.

La medida cobra fuerza luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) comunicara el pasado 7 de agosto que evalúa revocar su aprobación del acuerdo y realizar posibles referidos a las autoridades, a raíz de señalamientos realizados por Enchanted Rock (ERock).

Según la información divulgada, Enchanted Rock habría denunciado que su nombre y la firma de uno de sus ejecutivos fueron utilizados sin autorización como parte del proceso de contratación. La controversia ha levantado interrogantes adicionales sobre la composición del consorcio y la información presentada para demostrar su capacidad técnica y financiera.

“Estamos ante señalamientos gravísimos que, de confirmarse, configurarían un esquema de fraude en la contratación pública de una magnitud sin precedentes”, expresó Vargas Laureano.

La legisladora sostuvo que existen advertencias previas que ameritan ser examinadas por la Cámara. Entre ellas mencionó un análisis de la Oficina de Compras por Terceros (3PPO) de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, que habría concluido desde agosto de 2025 que Power Expectations no presentó evidencia adecuada sobre su capacidad financiera.

Vargas Laureano también señaló que, de acuerdo con la información incluida en la comunicación de la Junta Fiscal, Power Expectations obtuvo la puntuación más baja entre los proponentes considerados. Además, cuestionó la inclusión durante el proceso de solicitud de propuestas de determinados “términos no negociables” que, según plantea, habrían limitado la competencia y favorecido las condiciones ofrecidas por esa empresa.

Fianza y salida de Enchanted Rock bajo escrutinio

Otro de los asuntos que la resolución busca investigar es el supuesto incumplimiento con la presentación de una fianza estimada en $1,180 millones, a pesar de haber transcurrido aproximadamente dos meses desde la firma del contrato.

También se investigaría la salida de Enchanted Rock del proyecto apenas días después de formalizarse el acuerdo y su posterior sustitución por Flotek Industries.

“Esto era un contrato de emergencia para evitar apagones y lo que tenemos es un expediente de incumplimientos y alegaciones de fraude. La Cámara no puede cruzarse de brazos y debe investigar de inmediato”, afirmó Vargas Laureano.

La resolución contempla examinar el posible uso no autorizado del nombre y firma de representantes de Enchanted Rock, las alegadas irregularidades durante el proceso competitivo, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las circunstancias que rodearon los cambios en las compañías integrantes del proyecto.

La Comisión también deberá evaluar el potencial impacto fiscal y tarifario del contrato sobre los consumidores de energía eléctrica en Puerto Rico.

Al concluir su investigación, el organismo legislativo deberá presentar un informe con sus hallazgos y recomendaciones, incluyendo, de entenderlo necesario, posibles referidos a agencias investigativas estatales o federales.

La controversia coloca nuevamente bajo escrutinio un proyecto presentado originalmente como una respuesta de emergencia para añadir capacidad de generación al sistema eléctrico, mientras continúan las interrogantes sobre el proceso mediante el cual se seleccionó al consorcio responsable y las garantías ofrecidas para ejecutar una contratación que podría representar miles de millones de dólares.