Director de COR3 manipula fechas de reconstrucción de Puerto Rico con fondos federales

A días del octavo aniversario del devastador paso del huracán María en Puerto Rico, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) afirmó en prensa que las obligaciones para obra permanente comenzaron en 2022. Sin embargo, varios documentos oficiales lo contradicen.

El pasado 17 de septiembre, el jefe de COR3, Eduardo Soria Rivera, declaró al periódico El Vocero que las obligaciones de categoría permanente de María habían empezaron en el 2022. Según el funcionario, ese retraso explica que hoy, a casi una década del desastre, apenas se haya desembolsado el 18.5% de los fondos asignados para obra permanente.

Sin embargo, la afirmación de Soria no resiste el escrutinio de la evidencia pública. Informes de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) demuestran que las obligaciones comenzaron mucho antes, denunciaron a INDIARIO varias fuentes anónimas.

El informe GAO-21-264 de enero 2021 documentó que FEMA ya había obligado fondos significativos en categorías permanentes C–G como carreteras, edificios, utilidades, entre otras, para los desastres de 2017. Además, el portal oficial de FEMA sobre el desastre 4339 refleja que para 2024 se habían obligado $13,400 millones en proyectos de obra permanente, cifra que contradice frontalmente la versión de Soria.

Una fuente de este medio con conocimiento del proceso fue tajante en destapar lo que define como una tergiversación de Soria Rivera.

“Es mentira que las obligaciones de proyectos permanentes comenzaran en 2022. Para enero de 2021 ya había fondos obligados, y para 2024 FEMA reportaba $13.4 mil millones en compromisos”, sostuvo el informante, quien se mantuvo en anonimato para evitar represalias en su lugar de trabajo.

A pesar de este señalamiento, el reciente informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (OIG-25-39, septiembre 2025) coincide parcialmente con Soria al señalar que, en el caso específico del programa FAASt eléctrico, FEMA no obligó fondos de construcción hasta abril de 2022. Pero el OIG se refiere solo a la estrategia energética, no a toda la obra permanente.

En palabras más simples, la fuente denunció que Soria generalizó una situación puntual como el FAASt eléctrico para presentar como cierto que ningún proyecto de obra permanente había sido obligado antes de 2022, lo cual es falso según las fuentes y los documentos públicos.

FEMA también es responsable

Otra fuente con conocimiento de las operaciones de FEMA en Puerto Rico explicó a INDIARIO la raíz de lo que consideró como una confusión en el discurso de Soria Rivera.

“Estás en lo correcto con las fechas: primero se trabaja y obliga en emergencias (categorías A y B). FEMA hace pasar una ordalía para ‘obligar’ el dinero, pero que esté obligado no significa que sea cash disponible. El FAASt fue una estrategia de Puerto Rico. Se anunciaban los billones obligados en transportación, agua, educación y energía, pero en realidad el subrecipiente tenía que formular cada proyecto desde cero", explicó.

"COR3 da adelantos de 25% y luego libera fondos a cuentagotas, tras reconciliaciones. Una cosa es obligar, otra muy distinta es desembolsar”, puntualizó el informante.

Su testimonio revela que los anuncios de obligaciones federales eran más una herramienta de comunicación política que una solución real para los municipios y agencias, que continúan atrapados en un laberinto de procesos de reembolso y auditoría.

Los informes coinciden en que la lentitud responde a una combinación de factores como falta de guías claras y asistencia técnica por parte de FEMA, la imposibilidad fiscal del gobierno de Puerto Rico para adelantar fondos y la ausencia de un fondo de emergencia, documentada por la GAO en su informe de 2021.

La narrativa de Soria elimina este trasfondo, simplifica el problema y traslada toda la responsabilidad a un retraso genérico en las obligaciones, de acuerdo con las fuentes. La verdad es más compleja según los datos y los informantes expertos, pues hubo obligaciones antes de 2022, pero ni los fondos se desembolsaron rápido ni Puerto Rico tenía la liquidez para ejecutarlos.

La declaración de Eduardo Soria en El Vocero es, como mínimo, engañosa. Al afirmar que las obligaciones de obra permanente comenzaron en 2022, omite hechos corroborados por la GAO, FEMA y el OIG, de acuerdo a las fuentes consultadas, quienes estuvieron de acuerdo con que más allá que la falta de obligaciones de fondos, el problema central ha sido la combinación de burocracia federal y debilidad fiscal local, factores que siguen retrasando la reconstrucción ocho años después del azote de María.