El referido que fuera hecho por la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el pasado lunes solicitando una investigación criminal contra los responsables de la divulgación de los datos del Registro General de Electores (RGE) utilizado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) fue remitido a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DPAC) desde el martes, 1 de octubre, supo el medio digital InDiario.
La intervención de la DPAC presupone que la indagación preliminar que se realiza pudiera implicar a cualquier persona que el DJ está impedida por ley de investigar debido a que le correspondería a un Fiscal Especial Independiente hacerlo.
Además, una fuente anónima con conocimiento de la controversia filtró a este rotativo copia del referido de 28 páginas del que todos han hablado esta semana, pero que nadie ha visto fuera de la CEE, Justicia y un abogado externo. De hecho, InDiario intentó sin éxito obtener copia del documento a través de ambas agencias públicas, pero al cierre de este escrito ninguna de estas lo había enviado.
Se desprende del referido que fue enviado el pasado 30 de septiembre por la presidenta alterna, Jessika D. Padilla Rivera al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández. Un día más tarde, este fue remitido a la DPAC, quien tiene 15 días calendario para evaluarlo y determinar si lo acepta o lo rechaza.
Durante esos 15 días, los cuales concluyen el próximo miércoles, 16 de octubre, la dependencia realiza una evaluación preliminar para determinar si el caso cumple con los requisitos necesarios para iniciar una investigación más detallada, la cual puede tomar hasta 90 días adicionales.
“Confirmamos que se recibió un referido de la Comisión Estatal de Elecciones relacionado con una denuncia de acceso ilegal a los datos del Registro General de Electores. El referido se evaluará responsablemente, de la misma forma en que se evalúa todo referido o querella que se recibe en el Departamento de Justicia de Puerto Rico", se limitó a adelantar la agencia sobre el documento el pasado lunes. Esta respuesta ocurrió luego de que InDiario les enviara un requerimiento de información durante la mañana para que entregaran copia del documento y contestaran de forma puntual si el DJ tiene o no potestad en ley para investigar el supuesto acto criminal.
Dos días más tarde, Justicia envió otra declaración a este rotativo, la cual tampoco incluía la copia del referido.
“El Departamento de Justicia tiene amplia facultad investigativa en asuntos de naturaleza penal, conforme al artículo 11 de la Ley 205-2004, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, que dispone: “el Secretario y los funcionarios y empleados en quienes delegue, llevarán a cabo las investigaciones que sean necesarias y adecuadas para el ejercicio de las facultades que le concede esta Ley”. Las investigaciones criminales son distintas a las investigaciones administrativas que puede realizar cualquier agencia o corporación pública, de acuerdo con su autoridad legal”, explicó la agencia a través de su oficina de prensa.
“Nada impide que el Departamento de Justicia lleve a cabo una investigación criminal previamente o al mismo tiempo en que se realiza una investigación administrativa”, reaccionó la agencia ante el hecho de que la CEE no ha anunciado una pesquisa interna para hallar a la o las personas que entregaron los datos entre las múltiples que ya tienen acceso al RGE”, concluyó la declaración oficial.
En la última página del memorando preparado por un abogado externo de la CEE para acompañar el referido, el profesional de Derecho mencionó que “quedó claramente evidenciado que el Centro de Periodismo Investigativo tuvo acceso a ese Registro de Electores y más aún tiene información no solo de los fallecidos, si no (sic) de todos los ciudadanos electores de Puerto Rico”, sin explicar qué delito pudo haber cometido el medio o cualquiera de sus integrantes que recibió los datos RGE o qué parte del reportaje tiene información prohibida por el Código Electoral.