DOCUMENTO: Revelan deficiencias en monitoreo de entidades que reciben fondos PARE

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Justicia (DJ), la cual reveló irregularidades en el manejo de fondos del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) y destapó tardanzas en registrar al registro de Contratos de la OCPR 140 copias de contratos pagaderos con fondos federales que suman $18.5 millones.

Sin mencionar los nombres de las organizaciones implicadas, la Contralora detalló una serie de incumplimientos detectados durante el periodo comprendido desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2024. Sin embargo y según el récord periodístico, fue en febrero de 2022 la primera vez que el DJ anunció la distribución de $2 millones que le fueron asignados por el Gobierno de Puerto Rico a través del Comité PARE a 12 organizaciones sin fines de lucro para ofrecer servicios directos a víctimas de violencia de género.

Desde ese entonces, el DJ ha realizado varias distribuciones de fondos para apoyar a las víctimas del crimen y mejorar la seguridad pública en la isla. A continuación, se detallan tres de las asignaciones más destacadas, de acuerdo con los partes de prensa que la agencia produjo a los medios para anunciar la otorgación de los fondos:

• Septiembre de 2022: Se distribuyeron $9.7 millones a 53 organizaciones sin fines de lucro, agencias y municipios. Estos fondos, provenientes del programa federal Victims of Crime Assistance Formula Grant (VOCA), se destinaron a ofrecer servicios directos a las víctimas del crimen y a apoyar la labor social de dichas entidades en Puerto Rico.

• Febrero de 2023: El Departamento de Justicia autorizó la distribución de $2 millones a más de 20 albergues y organizaciones sin fines de lucro, con el propósito de reforzar los servicios que ofrecen a las víctimas de violencia de género. Esta asignación estatal se realizó en virtud de la Orden Ejecutiva emitida por el gobernador para prevenir y erradicar la violencia de género en Puerto Rico.

• Marzo de 2023: Se anunciaron asignaciones de $13,684,986 del programa Victims Assistance Formula Grant Program (VOCA) y $2,134,687 del Edward Byrne Justice Assistance Grant Program (JAG). Estos fondos federales están destinados a ampliar y reforzar los servicios ofrecidos a las víctimas de delito y a facilitar soluciones al problema de la criminalidad en la isla.

InDiario solicitó una reacción al Departamento de Justicia a través de su oficial de prensa sobre el informe de la Contralora . Al cierre de este escrito no se había obtenido respuesta.

Incumplimientos "significativos, pero no generalizados"

Según el informe, los analistas del DJ no verificaron el cumplimiento de las entidades receptoras a base de las Guías establecidas para el desembolso y supervisión de los fondos. Además, permitieron que cuatro contratistas sin acuerdo formal rindieran servicios profesionales y dieron por bueno asistencias que no estaban firmadas por la organización a la que se le otorgó los fondos y hasta autorizaron el desembolso de dineros para sugrafar gastos no aplicables o duplicados, entre otros señalamientos.

"De una muestra de los $2 millones asignados para apoyar a las entidades sin fines de lucro, se evidencia que los analistas no se aseguraron de que los expedientes estuvieran completos, validaron la evidencia de cuatro profesionales sin contrato formalizado, o aceptaron informes de asistencia sin firmar ni certificados por la entidad, entre otros hallazgos", reza un comunicado de prensa circulado por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico sobre la opinión cualificada, la cual se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

"Además, los analistas aceptaron la evidencia de pagos de una entidad, por gastos inelegibles como: servicios sufragados por otra subvención, servicios de psicología facturados dos veces y pagados con fondos PARE y con otra subvención, o el pago doble a una cocinera. Los analistas tampoco advirtieron que una de las entidades que presta servicios a las víctimas de violencia de género, no contaba con una cuenta bancaria exclusiva para los fondos PARE. Estas situaciones, dificultan que se pueda fiscalizar el uso de los fondos, y propicia que se utilicen con un fin distinto a su propósito", añadió la OCPR en el escrito.

Otros hallazgos

Esta auditoría con cuatro hallazgos señala además que, al 30 de junio de 2024, la Junta de Confiscaciones adscrita al DJ, se regía por reglamentos que tienen hasta 30 años sin actualizar. Además, se destaca que la Junta no cuenta con un sistema electrónico que le permita administrar la propiedad confiscada.

"El Departamento de Justicia remitió con tardanzas de hasta cuatro meses, 140 copias de contratos por $18.5 millones de fondos federales, al registro de Contratos de la OCPR.  Estos documentos públicos no estuvieron accesibles a la ciudadanía como dispone la reglamentación vigente. Además, el Departamento tampoco envió a la Contraloría, la Certificación de Cumplimiento con la Ley 273-2003 de los años fiscales de 2019 y 2020. Esta ley versa sobre las normas contractuales sobre independencia en las auditorías de entidades gubernamentales", enfatizó el OCPR.

El Departamento de Justicia contó con un presupuesto de $804.6 millones para los años fiscales del 2020 al 2024 y realizó desembolsos por $596.5 millones.

La auditoría le recomienda al secretario de Justicia que ordene revisar los reglamentos de la Junta de Confiscaciones e implementar un sistema para registrar el inventario de la propiedad confiscada, entre otras.