Domenech pide desestimar querella de Ética Gubernamental
La defensa del exsecretario de la Gobernación sostiene que pagar a Janet Parra como su abogada no viola la ley ni constituye un beneficio económico indebido.
Por Redacción InDiario|Noticias|
La representación legal del exsecretario de la Gobernación, Francisco J. Domenech Fernández, solicitó a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que desestime la querella administrativa presentada en su contra por una presunta violación a las restricciones aplicables a exfuncionarios públicos, conocidas como disposiciones de puerta giratoria.
La solicitud, presentada por el abogado Iván A. Rivera Reyes, sostiene que la agencia está interpretando incorrectamente la Ley de Ética Gubernamental al cuestionar que Domenech contratara a la licenciada Janet Parra Mercado para representarlo en un procedimiento investigativo ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
La defensa argumenta que el exfuncionario no recibió compensación ni obtuvo beneficio económico alguno de la abogada, sino que la contrató para atender un asunto personal y paga sus honorarios con recursos propios.
El origen de la controversia
La querella, presentada el 29 de octubre de 2026, imputa a Domenech una posible violación del artículo 4.6(c) de la Ley 1-2012, que establece restricciones sobre las relaciones contractuales de los exservidores públicos durante el primer año después de abandonar sus cargos.
Según la OEG, el entonces secretario de la Gobernación intervino el 18 de agosto de 2025 en un trámite de autorización relacionado con un contrato de $125,000 entre la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y Janet Parra Mercado.
Posteriormente, Domenech abandonó su puesto gubernamental el 7 de agosto de 2026 y, pocos días después, se conoció que había contratado a Parra para su defensa legal.
Para Ética Gubernamental, esa contratación podría estar comprendida en la prohibición de establecer relaciones contractuales con personas sobre las cuales el exfuncionario ejerció una acción oficial durante el año anterior a su salida del servicio público.
Defensa cuestiona interpretación de la ley
En su solicitud, Rivera Reyes plantea que las disposiciones de puerta giratoria tienen como propósito impedir que los exfuncionarios utilicen sus antiguas posiciones para conseguir empleos, contratos o beneficios económicos de personas o entidades favorecidas durante su gestión.
Sin embargo, asegura que en este caso ocurrió lo contrario, pues Domenech es quien paga por los servicios profesionales de la abogada.
“La OEG no alega que el licenciado Domenech Fernández haya recibido un centavo de nadie. Lo que pretende es castigarlo por pagarle a la abogada que escogió para defenderse”, expresó Rivera Reyes en declaraciones escritas.
La representación legal también sostiene que Domenech no participó en la selección, negociación, otorgamiento ni administración del contrato entre la CFSE y Parra Mercado.
Según el planteamiento de la defensa, la intervención de la Secretaría de la Gobernación se limitó a una comunicación de no objeción dentro de un procedimiento de revisión fiscal realizado conjuntamente con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Alega violación al derecho a escoger representación legal
Otro de los argumentos presentados por la defensa es que la interpretación de la OEG podría limitar el derecho constitucional de los ciudadanos a seleccionar libremente a sus abogados.
Rivera Reyes sostiene que una aplicación amplia de la disposición legal podría impedir que antiguos funcionarios contraten los servicios de profesionales cuyos contratos gubernamentales hayan pasado por procesos administrativos de revisión durante sus incumbencias.
La moción también plantea que imponer sanciones bajo una interpretación que considera novedosa podría afectar el debido proceso de ley.
Por ello, la defensa solicitó que la OEG resuelva la controversia de manera sumaria, sin celebrar una vista administrativa, y ordene el archivo definitivo de la querella, sin multas ni otras sanciones.
Ética deberá evaluar los argumentos
La controversia gira en torno al alcance del artículo 4.6(c) de la Ley de Ética Gubernamental, que prohíbe determinadas relaciones contractuales durante el año siguiente a la salida del servicio público con personas o entidades sobre las cuales el funcionario ejerció una acción oficial.
La diferencia principal entre ambas posiciones radica en la interpretación de esa prohibición. Mientras la OEG entiende que la contratación de Parra Mercado podría configurar una infracción, la defensa sostiene que la disposición busca impedir el aprovechamiento económico del antiguo cargo y no la contratación de servicios legales pagados con fondos personales.
Corresponderá a la Oficina de Ética Gubernamental determinar si los argumentos presentados justifican la desestimación o si procede continuar el trámite administrativo.
Hasta el momento, la presentación de la moción no constituye una determinación de que Domenech haya cumplido o incumplido la ley, ni implica el archivo automático del procedimiento.
La querella contra el exsecretario de la Gobernación permanece pendiente de adjudicación.