VIDEO: Dramático testimonio de padre marca vista sobre ley de conductores ebrios

Una vista cameral para evaluar la viabilidad de un proyecto de ley que impondría penas de reclusión en todos los casos de delitos graves y menos graves cometidos por conductores ebrios se destacó por el emotivo testimonio del padre de dos hijas que perdieron la vida en un choque de tránsito ocurrido en Añasco en noviembre de 2024.

Las hermanas Eunice y Esther Raquel García, de 19 y 23 años de edad, perecieron tras ser impactadas en la PR-2 por un conductor que aparentemente iba por el carril contrario. La hermana mayor, quien se encontraba embarazada de seis meses, dejó una hija de tres años. 

El padre de las víctimas, Josean García, acudió a la visita junto a otros familiares. Durante gran parte de su intervención, García expresó su apoyo al proyecto de ley, resaltando su potencial para disuadir a los conductores de manejar bajo los efectos del alcohol.

“Estamos navegando en un océano turbulento porque sabemos que no van a volver”, sostuvo García, al ser preguntado por el autor de la medida, el representante penepé del Distrito 30, Fernando Sanabria Colón, sobre su proceso de recuperación ante la pérdida de Eunice y Esther.  La joven de 19 años estaba terminando sus estudios para convertirse en piloto, mientras que la mayor se encontraba estudiando Educación, cuando ocurrió el fatídico choque. El padre de las víctimas subrayó que, además de sus hijas, también perdió a su nieto debido al embarazo de Esther.

La medida, que cuenta con respaldo bipartidista, fue presentada tras las controversias surgidas en torno a sentencias dictadas a conductores ebrios que han excluido las penas de cárcel. Actualmente, las autoridades no han presentado cargos contra el conductor que impactó a las hermanas, pero un caso reciente que captó la atención pública fue el de una conductora que, al invadir un carril en dirección contraria el pasado noviembre en el Puente Teodoro Moscoso, colisionó contra un vehículo en el que viajaban Justin Rafael Santos, de 21 años, quien murió y era hermano del cantante urbano Arcángel, y otro individuo identificado como Keven Monserrate Gandía, quien resultó gravemente herido. La jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de San Juan, sentenció a Mayra Enid Nevárez Torres, de 50 años y vecina de Toa Alta, a 15 años de restricción domiciliaria, así como una restitución de $10,000 para el sobreviviente.

Para algunos presentantes en la vista cameral, es tiempo que la ley cambie en Puerto Rico para que conductores ebrios tengan que cumplir cárcel.

“Este es un paso hacia una mayor equidad en la aplicación de la justicia, asegurando que quienes causan daño grave o muerte enfrenten consecuencias proporcionales a sus actos. Esta medida refuerza los esfuerzos del Estado para reducir accidentes y promover el respeto a las normas de tránsito”, sostuvo.

Disuasivo necesario

Entre los funcionarios citados para comparecer, una de las voces más contundentes a favor del proyecto provino del director del Negociado de Patrullas de Carretera, el capitán Elvis R. Zeno, quien enmarcó la necesidad de su aprobación ante la cantidad de conductores que conducen bajo los efectos de bebidas embriagantes en las carreteras. La Policía arrestó a 5,545 y 5,343 conductores ebrios entre los años 2023 y 2024, respectivamente. En lo que va de este año, se han detenido a unos 1,366.

"El Negociado de la Policía favorece la medida al servir como un disuasivo", indicó el oficial.

Justicia se abstiene

Aunque los proponentes del Departamento de Justicia se abstuvieron de hacer comentarios respecto a la medida, al advertir que trata de asuntos que se encuentran ante la consideración de los tribunales, el Departamento de Seguridad Pública apoyó las enmiendas que proponía el proyecto a la Sección 2 de la Ley de Tránsito, al imponer condiciones más severas. 

"Nos parece un mecanismo atinado", sostuvo la abogada Omara Arias Nieves, directora interina de Legislación, en representación del secretario de Seguridad Pública, Arthur J. Garffer.

"Resaltamos que la misma aclara el estado de derecho vigente al exponer expresamente que la pena de reclusión consiste en la privación de libertad en una institución penal durante el tiempo que se establece en la sentencia", indicó.