Otro escándalo de corrupción pública puede volver a sacudir los cimientos de la Cámara de Representantes de Puerto Rico muy pronto a días de las primarias en el Partido Nuevo Progresista (PNP)
De acuerdo con las fuentes de la periodista de TeleOnce Tatiana Ortiz, las autoridades federales tiene la mira puesta en el representante del distrito 13 y portavoz alterno del PNP en la Cámara, Gabriel Rodríguez Águilo, por presuntas irregularidades en su oficina legislativa.
La investigación, de la cual se conocerán más detalles en la edición de Las Noticias de esta tarde, incluye acusaciones de que un empleado de confianza habría utilizado parte de su salario para costear gastos personales de Rodríguez Águilo. Además, se alega que existen empleados y contratistas que cobran sin realizar las actividades o trabajos por los que se les paga.
TeleOnce supo que las autoridades desalojaron a todos los empleados de la oficina del legislador para recopilar información y documentación. Un exempleado de Rodríguez Águilo, que fue citado y entrevistado por los federales, proporcionó más datos que se conocerán en la tarde de hoy, jueves.
InDiario intentó contactar al legislador novoprogresista a través de su oficial de prensa, pero no ha tenido éxito. Este medio hizo gestiones con otros representantes de su partido, quienes enviarán declaraciones a través de su portavoz de comunicaciones.
La investigación federal a Rodríguez Aguiló guarda ciertos paralelismos con la realizada contra quien también fuera representante y portavoz alterna, la licenciada María Milagros "Tata" Charbonier, quien fue convicta y sentenciada en la esfera federal por delitos de corrupción pública.
Al igual que Charbonier, Rodríguez Águilo está bajo investigación por presuntas irregularidades y corrupción dentro de su oficina legislativa, con señalamientos de uso indebido de fondos públicos y alegaciones de que un empleado de confianza usó parte de su salario para costear sus gastos personales.
Tanto la investigación contra Charbonier como la pesquisa en la oficina de Rodríguez Aguiló sugieren que en ambos casos empleados y contratistas recibieron pagos sin realizar las actividades o trabajos por los que se les pagaba.