Investigarán presunto contrato ilegal de la exsecretaria de Justicia Janet Parra
El referido presentado por el representante Héctor Ferrer es atendido por la Oficina de Ética Gubernamental, lo que activó una investigacón administrativa
Por Rafelli Gonzalez|Noticias|
La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) acogió un referido presentado por el representante Héctor Ferrer Santiago relacionado con un contrato otorgado por la Oficina del Contralor a la designada exsecretaria del Departamento de Justicia a principios de 2025, licenciada Janet Parra Mercado, lo que activó una investigación administrativa bajo la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental.
La agencia confirmó mediante comunicación oficial que el caso fue recibido y evaluado por abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (AIPA).
“La Oficina de Ética Gubernamental confirmó que el referido fue recibido y acogido por los abogados del área de investigaciones y procesamiento administrativo de la Oficina. Iniciada la investigación, no se emitirán comentarios adicionales mientras el trámite administrativo permanezca en proceso”, se limitó a confirmar el ayudante ejecutivo Luis G. Torres Albizu por mensaje de texto.
La determinación de acoger el referido implica que la agencia iniciará una pesquisa preliminar para evaluar si los hechos planteados podrían constituir una violación a las disposiciones de ética aplicables a exservidores públicos.
El contrato que originó el referido
El referido surge por un contrato de servicios profesionales otorgado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico a Parra Mercado.
Según la carta enviada por Ferrer a la OEG el pasado 26 de febrero, el contrato #2026-000085— fue suscrito el 13 de febrero, tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y asciende a $50,000. El acuerdo establece que la exfuncionaria ofrecerá asesoría legal en investigaciones del Contralor y colaborará en la preparación de expedientes a ser remitidos al Departamento de Justicia, además de servir como enlace con esa agencia para facilitar documentos y gestiones relacionadas con investigaciones.
Ferrer sostuvo en su referido que esas funciones podrían entrar en conflicto con la Ley de Ética Gubernamental, debido a que Parra Mercado dirigió el Departamento de Justicia hasta mayo de 2025. La licenciada Parra ejerció sus funciones hasta esa fecha, luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón retirara su nombramiento ante la consideración de la Asamblea Legislativa.
El legislador argumentó que el Artículo 4.6(b) de la Ley 1-2012 prohíbe que un exservidor público, durante los dos años posteriores a su salida del cargo, intervenga o represente a una persona o entidad ante la agencia en la que trabajó.
Según el planteamiento del legislador, el contrato obligaría a Parra Mercado a realizar gestiones ante el Departamento de Justicia, la misma agencia que encabezó tras ser designada secretaria el 2 de enero de 2025.
Ferrer sostiene que la prohibición legal aplicaría hasta mayo de 2027.
En su comunicación al director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, el legislador solicitó que la agencia evalúe posibles acciones civiles o administrativas para detener la alegada violación. Entre las sanciones contempladas en la Ley de Ética Gubernamental figuran multas administrativas de hasta $20,000, la cancelación de contratos y la restitución de fondos públicos.
Al momento de presentarse el referido, ni la Oficina del Contralor ni la licenciada Parra Mercado habían reaccionado públicamente a las alegaciones.
La OEG indicó que no emitirá comentarios adicionales mientras el proceso investigativo permanezca en curso, conforme a los protocolos de confidencialidad de las investigaciones administrativas.