Ferrer refiere a Ética contrato del Contralor con Parra

El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, refirió a la Oficina de Ética Gubernamental lo que describe como una contratación ilegal de la licenciada Janet Parra Mercado por parte de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Según la carta de Ferrer, fechada hoy 26 de febrero, el Contralor suscribió el pasado 13 de febrero un contrato de servicios de consultoría legal con Parra Mercado, identificado como #2026-000085, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y por una cuantía de $50,000. El contrato establece que Parra Mercado deberá asesorar en la investigación y preparación de expedientes a ser remitidos al Departamento de Justicia, y servir de enlace con esa agencia para facilitar documentos y gestiones necesarias para culminar investigaciones.

Parra Mercado fue designada secretaria del Departamento de Justicia el 2 de enero de 2025 y ocupó el cargo hasta que su nombramiento fue retirado el 8 de mayo de 2025. Durante esos cuatro meses, recibía los referidos que la Oficina del Contralor realizaba como resultado de sus auditorías e investigaciones y nombró al director de la Oficina de Asuntos del Contralor dentro del Departamento, sobre la cual tenía injerencia directa.

Ferrer argumenta que el Artículo 4.6(b) de la Ley 1-2012, la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, prohíbe a un exservidor público, durante los dos años siguientes a su salida, ofrecer información, intervenir, cooperar, asesorar o representar a una persona o entidad pública ante la agencia para la que laboró. El contrato con el Contralor requiere que Parra Mercado sirva de enlace y realice gestiones directamente ante el Departamento de Justicia, la misma agencia que dirigió como secretaria hasta mayo de 2025. Según Ferrer, esa restricción se extiende hasta el 9 de mayo de 2027.

Ferrer solicitó al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis A. Pérez Vargas, que tome acciones civiles y administrativas para evitar que continúe la alegada violación. Entre las sanciones disponibles bajo la ley se encuentran una multa de hasta $20,000, la cancelación del contrato y la restitución de fondos.

La Oficina del Contralor y Parra Mercado no han reaccionado públicamente al referido al momento de esta publicación.