Declaraciones juradas desatan reclamos y defensas públicas

La publicación de las declaraciones juradas del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, y del exdirector de la Oficina de Incentivos para Negocios, Ernesto Zayas García, provocó una cadena de reacciones políticas e institucionales que elevó nuevamente la presión sobre el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

Los documentos, presentados como parte de la investigación del Senado, contienen alegaciones sobre presuntas intervenciones en procesos administrativos, posibles conflictos de interés, represalias contra empleados, manejo de expedientes y gestiones relacionadas con decretos contributivos, Politank y el proyecto Opus Miramar. Las imputaciones no han sido adjudicadas por un tribunal ni constituyen, por sí mismas, determinaciones de culpabilidad.

Domenech denuncia “mentiras” y “tergiversaciones”

Domenech fue uno de los primeros en reaccionar y rechazó de plano los señalamientos de ambos exfuncionarios.

El secretario de la Gobernación describió las declaraciones como documentos plagados de “mentiras, medias verdades” y “tergiversaciones”. Además, sostuvo que las imputaciones responden a un acto de desesperación de Negrón Reichard y que carecen de evidencia objetiva.

Domenech afirmó que sus actuaciones están respaldadas por dos declaraciones juradas que presentó los días 17 y 22 de junio, acompañadas, según indicó, de un amplio expediente documental producido por entidades gubernamentales.

El funcionario insistió en que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente —y no el debate político— debe evaluar las versiones encontradas. También anticipó que, al concluir el proceso, quedará demostrado que Negrón Reichard incurrió en actuaciones contrarias a la ley y la ética.

Gobernadora mantiene respaldo a Domenech

La gobernadora Jenniffer González Colón también reaccionó y mantuvo su respaldo al secretario de la Gobernación.

González Colón expresó que “por fin” Negrón Reichard colocó sus denuncias bajo juramento, aunque cuestionó que no hubiese hecho esos señalamientos mientras dirigía el DDEC.

“Que se investigue todo lo que tenga que investigarse”, manifestó la primera ejecutiva, quien recordó que Domenech también presentó acusaciones juramentadas contra el exsecretario.

La gobernadora aseguró que existen “bastantes contradicciones” en las imputaciones de Negrón Reichard y rechazó tomar medidas contra Domenech por los incumplimientos administrativos atribuidos a Politank, empresa de la que el funcionario fue propietario.

“Si tienen multas, que las paguen”, sostuvo González Colón sobre la penalidad de $80,000 impuesta por el DDEC.

La controversia también profundizó el enfrentamiento entre la gobernadora y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. González Colón acusó al líder senatorial de utilizar el asunto para lanzar insinuaciones, afectar reputaciones y adelantar una posible aspiración a la gobernación.

“Que el pueblo de Puerto Rico sepa que no me quiere dejar gobernar”, expresó la mandataria.

Senado envía documentos a agencias estatales y federales

Rivera Schatz informó que remitió las declaraciones juradas y sus documentos complementarios a 11 funcionarios y entidades estatales y federales.

La documentación fue enviada a la gobernadora, al presidente de la Cámara de Representantes, la secretaria de Justicia, el PFEI, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Ética Gubernamental, COR3, el DDEC, el Departamento de Hacienda, el FBI y la Oficina del Inspector General de FEMA.

Rivera Schatz señaló que los documentos contienen imputaciones de posibles delitos y violaciones éticas contra Domenech y otras personas.

“A todos ellos para su conocimiento y la acción que estimen pertinente”, indicó el presidente senatorial, quien aseguró que el Senado continuará su propia investigación.

PFEI incorpora documentos a investigación

La presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Ygrí Rivera Sánchez, confirmó posteriormente que el organismo recibió las declaraciones juradas.

Rivera Sánchez informó que la documentación fue referida a las fiscales especiales independientes que ya tienen asignada la investigación relacionada con la controversia entre Domenech y Negrón Reichard.

La actuación del Panel implica que los nuevos documentos serán examinados dentro del proceso investigativo existente. No supone que el organismo haya validado las alegaciones ni tomado una determinación final sobre posibles delitos.

Pablo José exige la destitución

Desde Washington, el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera reclamó a la gobernadora que destituya a Domenech y a las personas de su entorno vinculadas a la controversia.

“Por el bien de Puerto Rico, urge que la gobernadora despida a Francisco Domenech y su claque”, expresó Hernández Rivera.

El comisionado residente argumentó que las constantes acusaciones de corrupción pueden afectar la reputación de Puerto Rico en Washington y poner en riesgo las gestiones relacionadas con fondos federales, particularmente el financiamiento de Medicaid y el Plan Vital.

Hernández Rivera cuestionó, además, si la resistencia de La Fortaleza a realizar cambios responde a un intento por proteger a personas o intereses dentro del Gobierno.

Periodistas denuncian posible censura

Las declaraciones juradas también generaron una reacción del Overseas Press Club de Puerto Rico, luego de que Negrón Reichard alegara que Domenech intervino para evitar la publicación de un reportaje periodístico.

La organización condenó lo que describió como acciones dirigidas a censurar un trabajo en proceso y solicitó a la gobernadora detener esa práctica.

Aunque reconoció que no podía certificar por sí misma la autenticidad o totalidad de las comunicaciones incluidas en la declaración, la entidad sostuvo que sus miembros han observado situaciones similares en el manejo de solicitudes de información pública.

La presidenta del OPC, Wilma Maldonado Arrigoitía, calificó la situación como un posible caso de “censura previa” y denunció una excesiva centralización de las comunicaciones gubernamentales desde La Fortaleza.

La organización también reclamó explicaciones al medio periodístico mencionado en la declaración jurada sobre cualquier comunicación o presión que pudiera haber recibido.

Proyecto Dignidad reclama pesquisa independiente

Proyecto Dignidad describió los señalamientos contenidos en las declaraciones como asuntos de “extrema gravedad” y reclamó una investigación inmediata, independiente y libre de influencias políticas.

La colectividad señaló que las alegaciones sobre presiones indebidas, posible desaparición de expedientes oficiales, manipulación de procesos administrativos y conflictos de interés, de probarse, representarían un serio golpe contra la confianza pública y el estado de derecho.

Al mismo tiempo, el partido reconoció que todas las personas señaladas conservan el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso de ley.

“La ciudadanía merece conocer toda la verdad. No podemos permitir que la confianza en las instituciones públicas continúe deteriorándose por denuncias que nunca se investigan hasta sus últimas consecuencias”, expresó la presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez.

La colectividad exhortó al PFEI, al Departamento de Justicia y a las demás entidades con jurisdicción a realizar una pesquisa objetiva, imparcial y expedita para establecer si hubo violaciones de ley o de ética gubernamental.

Proponen cerrar espacios a la influencia política

Proyecto Dignidad utilizó la controversia para reiterar su propuesta de establecer mayores controles sobre los donativos políticos, la contratación gubernamental y el cabildeo.

Entre las medidas propuestas por el partido se encuentran prohibir que personas o empresas que tengan, busquen o liciten contratos gubernamentales realicen donativos políticos, así como establecer períodos de prohibición antes y después de la adjudicación de contratos públicos.

La colectividad también propone crear un registro público de las reuniones entre altos funcionarios, contratistas y cabilderos; ampliar las protecciones para denunciantes de corrupción; e imponer sanciones e inhabilitaciones a quienes utilicen influencias indebidas para obtener beneficios del Estado.

“Puerto Rico necesita instituciones fuertes, procesos transparentes y reglas claras que impidan que el poder político pueda utilizarse para beneficiar intereses particulares”, añadió Pérez Martínez.

Versiones enfrentadas pasan ahora a los investigadores

La controversia ha dejado de limitarse a declaraciones públicas y disputas entre integrantes del Partido Nuevo Progresista.

Los documentos se encuentran ahora ante fiscales especiales independientes y fueron remitidos a entidades fiscalizadoras y agencias federales. Paralelamente, el Senado mantiene activa su investigación.

Negrón Reichard y Zayas García sostienen que hubo un patrón de presión e interferencia desde La Fortaleza. Domenech rechaza las imputaciones y acusa a los exfuncionarios de crear una narrativa falsa para defenderse de sus propios señalamientos.

Mientras las partes continúan enfrentándose públicamente, corresponderá a las autoridades separar las contradicciones, corroborar los documentos y determinar si los hechos descritos representan irregularidades administrativas, violaciones éticas o posibles delitos.