La narrativa de La Fortaleza se cae pedazo a pedazo

Hay cuentos que duran una conferencia de prensa. Hay excusas que sobreviven un titular. Hay defensas que aguantan mientras nadie pregunte demasiado. Pero cuando los hechos empiezan a salir de abajo de la alfombra, cuando los papeles hablan, cuando los testigos juran y cuando las versiones se contradicen, la narrativa oficial no se tambalea: se cae pedazo a pedazo.

Y lo malo de una narrativa que se cae es que no hace ruido de cristal fino. Hace ruido de caldero rodando por la cocina.

Eso es lo que estamos viendo.

Durante meses, cada señalamiento incómodo ha sido respondido con una frase de libreto, una vuelta de carnero verbal o una defensa técnica sacada del bolsillo. No contestan el fondo. No enfrentan la sustancia. No miran el elefante en la sala. Le ponen un mantel encima y dicen que es decoración.

Pero el elefante sigue ahí.

Cuando Sebastián Negrón entregó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente un paquete de evidencia sobre alegadas intervenciones de Francisco Domenech y del exdirector de la OGPe, Norberto Almodovar, la narrativa fue sencilla: “eso no está juramentado”. Ese fue el paraguas. Ese fue el escudo. Ese fue el “ay bendito” procesal.

No se discutía si el contenido era serio. No se preguntaba si ameritaba investigación. No se miraba si revelaba un patrón preocupante de intromisión política. La respuesta era una sola: no está bajo juramento.

Y algunos hasta insinuaban que, si no lo juraba, era porque mentía.

Pues bien, ayer Negrón lo puso bajo juramento ante el Senado de Puerto Rico.

¿Y ahora cuál será la excusa?

Porque una cosa es despachar una denuncia por conveniencia política y otra muy distinta es ignorar una declaración jurada rendida ante una comisión legislativa. Ahí ya no estamos hablando de chismes de pasillo, ni de rumores de esquina, ni de cuentos de “me dijo fulano que mengano escuchó”. Estamos hablando de testimonio formal, sujeto a las consecuencias legales de mentir bajo juramento.

Y cuando una persona decide poner su nombre, su firma y su palabra bajo juramento, el asunto cambia de peso. Ya no es pluma. Es un bloque amarrado al tobillo.

El problema del gobierno es que esa no es la única pieza que se le ha movido en el tablero. Porque aquí no se está cayendo una ficha de dominó. Aquí parece que se viró la mesa completa.

Cuando surgieron los señalamientos contra Abel Nazario por alegadas intervenciones con destaques, senadores, empleados públicos y figuras como Pellito, la defensa fue igualmente cómoda: “él lo negó”.

Ah, bueno. Si lo negó, recojan los papeles, apaguen las luces y vámonos para casa.

Pero Puerto Rico no nació ayer.

En este país hemos visto demasiadas veces la misma película. Los señalados niegan. Los portavoces repiten. Los amigos defienden. Los abogados hablan de persecución. Y después, cuando llegan los documentos, los testigos o los tribunales, entonces todo el mundo empieza a mirar para el techo como si estuviera buscando goteras.

Nazario también negó en su momento las acusaciones federales que enfrentó. En un caso, terminó convicto por un jurado. En el otro, levantó las manos. Eso no convierte automáticamente en ciertas todas las nuevas alegaciones en su contra, pero sí obliga a mirar con más seriedad cualquier defensa basada únicamente en “él lo negó”.

Porque la negación no es prueba. Es reflejo.

Es lo primero que sale cuando alguien se quema con la olla.

Lo mismo ocurrió con el informe de auditoría realizado por la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Cuando salió a la luz, la respuesta fue intentar deslegitimarlo: que si lo hizo el anterior director antes de renunciar, que si había que revisarlo, que si no era concluyente, que si esto, que si lo otro.

En buen puertorriqueño: empezaron a buscarle la quinta pata al gato.

Entonces llegó el nuevo secretario del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi, y anunció que se haría una revisión “DE NOVO”. Dicho en latín suena elegante. Dicho en arroz y habichuelas significa: vamos a empezar de nuevo, mirar otra vez y revisar desde cero.

¿Y qué ocurrió?

Encontraron lo mismo.

Otra vez, la narrativa se quedó sin piso.

Porque si el primer informe era supuestamente sospechoso por quién lo hizo o cuándo lo hizo, ¿qué se dice ahora cuando una nueva revisión, ordenada por la nueva administración del propio departamento, llega a los mismos hallazgos? ¿Cuál es la nueva excusa? ¿También van a cuestionar al nuevo secretario? ¿También van a decir que todo es persecución? ¿También van a decir que el informe se escribió solo?

Hay un punto en que la defensa deja de parecer estrategia y empieza a parecer desesperación.

Y la desesperación, en política, se nota. Se le ven las costuras. Camina rápido, habla duro y suda frío.

A eso se suma otro episodio revelador. Thomas Rivera Schatz dijo en un programa televisivo el miércoles, en Primera Pregunta, que "el FBI estaba investigando el caso de Francisco Domenech". Ayer, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, respondió que no les han pedido información ni les han notificado que exista una investigación. Y se supone que eso nos de tranquilidad.

Pero el buen amigo Peña Payano parece olvidar algo elemental: en muchas investigaciones, especialmente las federales, el investigado o el círculo cercano del investigado no necesariamente es el primero en enterarse.

A veces es el último. A veces se enteran cuando los recogen en una guagua negra y les dan pon hasta la Chardón.

Decir “a nosotros no nos han notificado” no equivale a decir “eso no existe”. Puede ser verdad que no hayan recibido una solicitud formal. Puede ser verdad que no les hayan comunicado nada. Pero eso no descarta nada. Apenas confirma que, hasta ahora, el Ejecutivo no tiene —o dice no tener— notificación oficial.

Y cuidado con confundir silencio con inexistencia.

Porque el que no oiga el trueno no significa que no venga el aguacero.

La pregunta seria no es si La Fortaleza fue notificada. La pregunta seria es si los hechos ameritan investigación. Y por lo que ha salido públicamente, la respuesta parece cada vez más difícil de esquivar.

Pero quizás la frase más preocupante de Peña Payano fue otra. En esa misma conferencia dijo: “La Legislatura tiene la prerrogativa de investigar lo que desee; pero la gobernadora desde el Ejecutivo también tiene sus prerrogativas”.

Esa oración no se puede dejar pasar como quien oye llover.

¿A qué prerrogativas se refiere?

Porque en medio de un ambiente cargado de investigaciones, señalamientos, testimonios bajo juramento, auditorías y posibles consecuencias legales, hablar de prerrogativas del Ejecutivo no es una frase inocente. ¿Se refiere a prerrogativas administrativas? ¿A prerrogativas constitucionales? ¿A la prerrogativa de indultar?

Ojo con eso.

Porque en política las palabras no siempre dicen lo que dicen. A veces anuncian lo que viene.

El indulto es una facultad extraordinaria del Ejecutivo. No debe usarse jamás como salvavidas político, ni como escudo preventivo, ni como instrumento para proteger aliados o apagar incendios dentro de una administración. Si alguien en el gobierno está siquiera evaluando la posibilidad de indultar a Domenech o a cualquier otro señalado por asuntos de jurisdicción estatal, el país tiene derecho a saberlo antes, no después.

Y hay otro detalle fundamental: a nivel federal, la gobernadora no tiene alcance. Si hubiese una investigación o un proceso federal, ningún indulto estatal puede borrar esa realidad.

Dicho sencillo: una cosa es mandar en la finca y otra muy distinta es mandar en el vecindario completo.

Por eso el país debe mirar con cuidado no solo los documentos, sino también las palabras. En política, muchas veces las frases que parecen improvisadas son las que revelan la verdadera preocupación de un gobierno.

Y cuando se trata de Domenech, la gobernadora ya no puede hacerse la desentendida. No puede mirar para el otro lado como si estuviera viendo pasar una guagua pública por la Ponce de León. Porque fue ella misma, en una torpe comunicación política, quien se amarró sola al asunto cuando dijo, con su boquita de comer: “Si citan a Domenech, me están citando a mí”.

Esa frase no fue un comentario menor. Fue una declaración política de pertenencia. Fue ponerse el sello en la frente. Fue decirle al país que Domenech no era un tercero lejano, ni un asesor cualquiera, ni una figura externa que pasaba por allí con un folder debajo del brazo. Fue asumirlo como parte de su propio perímetro político.

Ahora que el tema se complica, no puede venir La Fortaleza a decir que esto es un asunto de otros. No se puede reclamar distancia después de haber anunciado cercanía. No se puede pedir separación de bienes después de haber celebrado matrimonio político en cámara abierta.

Porque en política las palabras pesan. Y pesan más cuando salen de quien ocupa la silla principal del país.

La gobernadora pudo haber sido prudente. Pudo haber dicho que respetaba los procesos. Pudo haber dicho que nadie está por encima de la ley. Pudo haber marcado distancia institucional. Pero no. Prefirió convertir una citación a Domenech en una citación simbólica a ella misma.

Pues ahí está el problema.

Si Domenech es citado, si Domenech es investigado, si Domenech es señalado, entonces la gobernadora no puede actuar como si el asunto no tocara su puerta. Ella misma puso la puerta, el marco y el letrero de bienvenida.La administración ha intentado sostener varias narrativas al mismo tiempo: que no hay nada, que todo está politizado, que lo dicho no estaba juramentado, que los señalados lo niegan, que los informes venían de funcionarios anteriores, que si no hay notificación oficial entonces no hay investigación.

Demasiadas excusas para tan poca tranquilidad.

Una a una, esas defensas se han ido debilitando. Como pared vieja con comején: por fuera parece firme, pero por dentro está hueca.

Ahora hay declaraciones bajo juramento. Hay auditorías que se sostienen aun después de ser revisadas de nuevo. Hay señalamientos que no desaparecen con una simple negación. Hay contradicciones públicas. Hay frases desde La Fortaleza que abren más preguntas de las que contestan. Y hay una gobernadora que, por sus propias palabras, ya no puede despegarse de Domenech como quien arranca una etiqueta de un frasco viejo.

La política puede sobrevivir a muchas cosas. Puede sobrevivir a controversias, a errores, a malas decisiones y hasta a escándalos. Lo que no puede sobrevivir por mucho tiempo es a una narrativa que se cae frente a los ojos del país mientras sus portavoces insisten en que todo está bajo control.

Porque cuando la defensa oficial depende de que nadie pregunte demasiado, de que nadie conecte los puntos y de que nadie recuerde lo que dijeron ayer, entonces el problema ya no es solo de comunicación.

Es de credibilidad.

Y la credibilidad, cuando se rompe, no se arregla con pega loca.

Se responde con verdad, con transparencia y con consecuencias.

Todo lo demás es cuento.

Y este cuento, por más que lo adornen, ya se está quedando sin final feliz.

Juan Luis Camacho es empresario, comunicador, analista político y exsecretario general del Partido Popular Democrático. Ha trabajado en medios, gobierno y estrategia pública, con experiencia en comunicaciones, mercadeo, asesoría legislativa y asuntos públicos. Escribe sobre política, gobierno y temas de actualidad con un enfoque crítico, directo y orientado al interés público.