Bajo lupa senatorial la confirmación de Janet Parra para dirigir Justicia

La descalificación de la secretaria del Departamento de Justicia designada, licenciada Janet Parra Mercado en 2022 como abogada de defensa de un miembro de una peligrosa organización criminal ha sido un tema central durante su proceso de confirmación como secretaria de la agencia que representa al pueblo de Puerto Rico.

Y es que esta determinación hecha por el Tribunal de Primera Instancia y confirmada por el Tribunal de Apelaciones ha generado dudas entre algunos senadores sobre la capacidad e idoneidad de Parra Mercado para liderar la agencia.

De hecho, InDiario supo que durante la sesión del Alto Cuerpo de hoy, jueves, no se examinará su confirmación. Tampoco la del Procurador General, licenciado Omar Andino Figueroa.

Aunque la gobernadora Jenniffer González ha defendido su nominación, destacando su experiencia como exfiscal y pasada directora de la División de Crimen Organizado y Drogas (DCOD), la confirmación de Parra Mercado pudiera enfrentar obstáculos en el Senado, donde el presidente Thomas Rivera Schatz y otros legisladores han expresado la necesidad de una evaluación exhaustiva antes de tomar una decisión final.

Tras renunciar a su posición como directora de la división a cargo de investigar el crimen organizado en el Departamento de Justicia en mayo de 2022, Parra Mercado asumió la defensa de un acusado que según las autoridades es miembro de una organización criminal liderada por Delwin Berríos Navarro, alias "Tuntún".

El Tribunal de Primera Instancia y, posteriormente, el Tribunal de Apelaciones, determinaron su descalificación debido a un potencial conflicto de interés, al considerar que su posición previa en Justicia podría haberle proporcionado acceso a información privilegiada relacionada con el caso.

El pasado sábado durante las vistas de confirmación en el Senado, este asunto fue objeto de intenso escrutinio. Rivera Schatz, ha manifestado la necesidad de investigar a fondo las circunstancias de la descalificación, incluyendo la posibilidad de entrevistar a fiscales y agentes judiciales que estuvieron involucrados en el proceso.

Por su parte, Parra Mercado ha defendido su actuación, afirmando que nunca ha procedido en contra de los estándares éticos profesionales y que posee evidencia para demostrarlo. También ha dicho que decidió no recurrir al Tribunal Supremo tras su descalificación para evitar posibles represalias e investigaciones administrativas contra sus compañeros fiscales, por no querer exponerlos a situaciones adversas debido a su rol como abogada defensora en ese caso.

Aunque la decisión judicial no adjudica que Janet Parra Mercado haya infringido los Cánones del Código de Ética Profesional, su representación legal a un imputado de participar en una organización dedicada al crimen organizado planteaba un riesgo real de violarlos, lo que justificó su descalificación.

A continuación, te resumimos lo más importante sobre esta controversia:

¿Por qué la descalificaron?

Días después de haber renunciado a su puesto de carrera como fiscal, la licenciada Parra Mercado comenzó a trabajar en el bufete Prado, Núñez y Asociados, el 7 de junio de 2022. Fue allí en donde decidió asumir la representación legal de Elizaul Lazú Abreu, conocido como "El Flaco" o "Eli". Lazú Abreu enfrentaba cargos por asesinato en primer grado y otros delitos que, de ordinario, son investigados por la DCOD en Justicia. Lazú era señalado como parte de una organización criminal vinculada a la muerte de Luis Ortiz Castro, un testigo clave en un caso de tentativa de asesinato y Ley de Armas contra otro individuo y líder de la organización criminal, Delwin Berríos Navarro, alias "Tuntún".

El Ministerio Público argumentó que la representación de Lazú por parte de Parra violaba los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional porque ella había sido directora de la División hasta mayo de 2022 y que como parte de sus funciones supervisaba investigaciones sobre organizaciones criminales, incluyendo aquella a la que pertenecía su cliente, por lo que debería ser descalificada por claros conflictos éticos.

Durante la controversia se estableció que mientras lideraba la DCOD, Parra tuvo acceso privilegiado a información sobre la organización criminal en la que estaba involucrado Lazú a través del Plan 100 X 35. Mediante esta iniciativa se investigaban estructuras criminales en la región, incluyendo el grupo dirigido por "Tuntún", del cual Lazú también era parte.

Aunque no se demostró que Parra accediera específicamente a información sobre Lazú, sí se estableció que tuvo amplia oportunidad de conocer detalles sobre la estructura y funcionamiento de la organización criminal a la que él pertenecía. Además y tras su integración al bufete del licenciado Edwin Prado poco después de dejar la fiscalía, se consideró que existía un conflicto extendido que también afectaba a su nuevo despacho.

El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de descalificación presentada por los fiscales de Justicia, decisión que posteriormente fue confirmada por dos de tres jueces que conformaron el panel del Tribunal de Apelaciones tras examinar el expediente, el cual incluía testimonios clave de tres agentes del orden público.

Entre ellos se encontraba el testimonio del Teniente Iván Bahr Silva de la División de Drogas Metropolitana, quien afirmó que trabajó directamente con Parra en la ejecución del Plan 100 X 35 y que se reunía con Parra semanalmente o incluso diariamente para discutir estrategias y compartir inteligencia sobre organizaciones criminales como la que pertenecía su representado.

El teniente también declaró que aunque Lazú no estaba identificado como un objetivo directo en la planificación inicial del Plan 100 x 35, su líder "TunTún" sí lo estaba y que el organigrama de la organización criminal lo identificaba como parte activa del grupo.

Otro testimonio crucial para sostener la determinación judicial de descalifar a la licenciada Parra surgió del testimonio del Sargento Julio Delgado González de la División de Inteligencia de Humacao, quien corroboró que Lazú Abreu era un líder dentro de la organización criminal, escalando posiciones tras la detención de Berríos Navarro, quien estuvo representado por el licenciado Prado hasta que sus cargos fueron desestimados. Además, confirmó la relación entre los imputados y el crimen organizado, estableciendo la conexión entre la organización criminal y el asesinato del testigo clave en el caso contra "Tun Tún".

Dicho testimonio reforzó la teoría de que Parra, en su rol como fiscal, pudo haber tenido acceso a información relevante sobre la estructura criminal a la que pertenecía su cliente.

Su contraparte en Inteligencia de Humacao, el Teniente Brian Díaz López, testificó que Parra, como directora de Crimen Organizado, tuvo acceso a información altamente confidencial sobre la red delictiva del grupo criminal al que pertenecía Lazú. Esta ganga operaba en la región de Yabucoa, San Lorenzo y Humacao, con múltiples asesinatos y actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y ajustes de cuentas.

Declaró además que el asesinato de Luis Ortiz Castro, testigo clave contra "Tun Tún", fue una acción de la organización para eliminar pruebas en su contra.

Otro declarante importante fue Julio A. Gómez Umpierre ("Yuyo"), coacusado bajo la representación legal de Prado, quien también fue descalificado.

El presunto criminal testificó únicamente para establecer que nunca se reunió con Janet Parra antes de contratar su representación legal. Su testimonio no afectó la decisión del tribunal, ya que el conflicto de interés se basaba en la relación de Parra con el Departamento de Justicia y su acceso previo a información sobre la organización criminal.

Cabe señalar que el juez apelativo y pasado juez de la Sala de Recursos Extraordinarios, Ángel Pagán Ocasio, no estuvo de acuerdo con la mayoría, pero no dejó constancia escrita de su diferencia de criterio.

El tribunal concluyó que permitir la representación de Lazú por Parra afectaría la integridad del proceso judicial, ya que podía generar una apariencia de conducta impropia y un posible conflicto de intereses.

Al atender preguntas de la Comisión de Nombramientos el pasado sábado, Parra Mercado afirmó que agentes que testificaron durante el proceso de descalificación declararon no haber sido contactados por ella respecto al caso de "TunTún" o los individuos que representaría. Expresó que, basándose en estas declaraciones, no anticipó su descalificación como abogada en ese caso. Sin embargo, la decisión fue en su contra, lo que la llevó a apelar sin éxito.

Además, Parra Mercado mencionó que un fiscal, cuyo nombre no reveló, le informó que había sido contactado para testificar en el proceso de descalificación, pero se negó al no tener información relevante que aportar. Indicó que este fiscal fue posteriormente investigado por el Departamento de Justicia debido a esta comunicación. Parra Mercado expresó preocupación por posibles represalias contra sus colegas si insistía en utilizarlos para su defensa, lo que influyó en su decisión de no continuar con ciertas estrategias legales, que tampoco reveló.