Junta Fiscal esquiva revelar datos de sus empleados

Aunque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico confirmó que actualmente cuenta con 98 empleados, en su mayoría puertorriqueños y con sede en San Juan, no ha detallado los nombres, salarios o funciones específicas de cada uno, a pesar de que sus operaciones se sufragan con fondos públicos.

La respuesta de la JSF, enviada a INDIARIO el 6 de agosto, se limitó a describir de forma genérica que sus plazas abarcan niveles “asociados, medios y altos” en áreas como política pública, asuntos legales, finanzas, comunicaciones, investigación y otras funciones de apoyo.

“Las descripciones de puestos se alinean con lo que generalmente implican sus títulos”, indicó la entidad, sin ofrecer desgloses individuales de su personal.

La petición original de este medio, remitida el 5 de agosto, buscaba una reacción oficial a señalamientos de un funcionario de la Casa Blanca sobre los despidos de casi todos los miembros la JSF ordenados por el presidente Donald Trump. Entre los planteamientos, se incluyó el manejo del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el pago de más de $2,000 millones en honorarios a asesores —de los cuales unos $440 millones habrían sido facturados directamente a la corporación pública— y la falta de inversión en el sistema eléctrico.

Los datos omitidos por la JSF sobre su plantilla abren la puerta a cuestionamientos adicionales sobre la transparencia de una entidad que administra recursos públicos y que, desde 2023, goza de amplia inmunidad frente a demandas de acceso a información. En ese año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en el caso Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico v. Centro de Periodismo Investigativo, Inc. que la JSF posee inmunidad soberana y que el Congreso no incluyó en la ley PROMESA un lenguaje claro que obligue al organismo a divulgar documentos o datos administrativos a través de litigios.

Aunque la JSF no invocó expresamente esa protección en la respuesta brindada a INDIARIO, su negativa a ofrecer detalles concretos sugiere que ejerce en la práctica el blindaje que la ley y el tribunal le han otorgado.

Para críticos de la Junta, este blindaje legal, sumado a respuestas limitadas como la ofrecida a este medio, viabiliza un grado de oscurantismo en el manejo de una estructura que influye en las finanzas del territorio estadounidense y que opera con dinero del erario sin estar sujeta a las mismas exigencias de rendición de cuentas que otras entidades públicas.

INDIARIO solicitó a la oficina de prensa de la Casa Blanca una reacción sobre la posición del ente rector de las finanzas públicas de Puerto Rico e inquirió sobre si existe un plan de acción para cambiar este panorama de opacidad sobre la operación de la JSF por los pasados nueve años. Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

¿El Gobierno paga por lo desconocido?

De acuerdo con la ley PROMESA, el Gobierno de Puerto Rico está obligado a proveer una fuente de financiamiento dedicada para cubrir los gastos operativos de la JSF. Si no se asigna un fondo específico, la Junta puede tomar recursos del presupuesto para garantizar su operación.

Esto incluye el pago de salarios, beneficios y honorarios de contratistas externos.

Según un análisis publicado por Puerto Rico Report en su Informe Anual 2019 de la Junta de Supervisión Fiscal, la entidad proyectó un gasto total de $1,500 millones relacionado con la implementación de la Ley PROMESA entre los años fiscales 2018 y 2024. De ese monto, aproximadamente $352 millones estaban destinados exclusivamente a gastos operativos de la propia Junta. El informe también detalla que, para el año fiscal 2019, la JSF desembolsó $64.75 millones para su funcionamiento general, y que de esa cifra, $53.35 millones fueron a parar a servicios profesionales externos, principalmente en consultoría y asesoría legal y financiera.

Por otra parte, un informe divulgado a principios de 2024 por la organización de vigilancia ciudadana Espacios Abiertos, reseñado por News is my Business, revela que los costos acumulados en honorarios y contratos bajo PROMESA han superado con creces las estimaciones iniciales del Congreso. Según este análisis, hasta esa fecha, Puerto Rico había pagado más de $2,020 millones en servicios de consultoría vinculados a la ley, de los cuales más de $1,710 millones correspondieron a asesores legales y financieros, más de $308 millones se destinaron a contratos fuera del proceso de reestructuración bajo el Título III, y alrededor de $11.3 millones fueron al examinador de honorarios encargado de fiscalizar las facturas.

Todos estos gastos provienen del presupuesto certificado del gobierno de Puerto Rico, el cual integra tanto fondos estatales como federales, siendo estos últimos una parte sustancial del flujo de efectivo gubernamental.