Los que prendieron el fuego ahora quieren ser bomberos en la JSF

La abrupta reestructuración de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico (JSF), con el despido de seis de sus siete integrantes en un lapso de menos de dos semanas, levantó bandera sobre el resto de los casi 100 empleados que conforman el ente rector de las finanzas públicas de la isla.

En declaraciones exclusivas para INDIARIO tras los fulminantes despidos, la oficina de prensa de la JSF confirmó solo la cantidad de trabajadores asalariados, sin revelar sus nombres, puestos y salarios devengados.

"La Junta de Supervisión cuenta actualmente con un total de 98 empleados. Casi todos son puertorriqueños y trabajan en San Juan. Los puestos del personal, en distintos niveles (por ejemplo, asociado, intermedio, superior, etc.), abarcan funciones de política pública, asuntos legales, finanzas, comunicaciones, investigación y otros roles de apoyo. Las descripciones de puesto corresponden, en general, a lo que sus títulos implican (por ejemplo, apoyo legal, análisis fiscal, asistente administrativo)", indicó el organismo en declaraciones escritas.

Sin embargo, según varios testimonios recabados por este medio y de acuerdo con información publicada en internet, existen varias figuras con un pasado en el Partido Popular Democrático (PPD) que, tras perder espacio en el aparato gubernamental estatal, han recalado en posiciones de liderazgo dentro de la JSF.

Entre ellos, destacan Arnaldo Cruz, actual subdirector ejecutivo y director de investigación y política pública de la Junta, y Filex Rosado Rodríguez, asesor intergubernamental y legislativo del ente. Este último saltó a la discusión pública tras este medio revelar un vídeo en el que se observa al individuo creando lo que coloquialmente se considera un papelón dentro del restaurante Tinto y Blanco, en Hato Rey, luego de que, en alegado estado de embriaguez, empujara, insultara y profiriera palabras soeces a varios asistentes de un evento social. Testigos presenciales lo describieron como un espectáculo de superioridad, soberbia y prepotencia por su rol decisional dentro del organismo que rige las finanzas públicas de Puerto Rico.

Tanto Cruz como Rosado han cultivado sus carreras profesionales dentro de un mismo eje político. Antes de ocupar sus cargos de alto nivel en la Junta Fiscal, ambos trabajaron estrechamente con figuras que dominaron la Rama Legislativa durante la pasada década y que marcaron la agenda política del PPD en el Capitolio.

En el caso de Arnaldo Cruz, su hoja de servicio en la política pública comenzó como asesor principal del presidente del Senado en finanzas públicas, bajo la presidencia de Eduardo Bhatia. En esa función, Cruz participó en el diseño e implementación de un modelo de presupuesto por desempeño que respondía a la estrategia legislativa del PPD en ese momento.

Previamente, colaboró con el senador Ángel Rosa, entonces presidente de la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica, por espacio de dos años y dos meses, donde se involucró en análisis y evaluación de políticas públicas, desarrollando vínculos con uno de los operadores legislativos más influyentes del partido.

Por su parte, Filex Rosado Rodríguez forjó su trayectoria como asesor legislativo del representante Rafael “Tatito” Hernández, quien para entonces fungía como portavoz del PPD en la Cámara de Representantes y era uno de los estrategas más agresivos de esa colectividad en materia fiscal y presupuestaria. Además, Rosado Rodríguez asesoró al entonces representante Manuel Natal cuando éste militaba en el PPD, participando en debates y negociaciones legislativas de alto perfil con políticos que eventualmente fueron derrotados en las urnas.

Las relaciones políticas y profesionales que Cruz y Rosado mantuvieron con Bhatia, Rosa y Hernández no habrían desaparecido con su paso a la JSF, según los informantes. Aunque en el organigrama del ente sus funciones son técnicas y responden al mandato federal de la Ley PROMESA, críticos sostienen que esas conexiones pueden influir indirectamente en su toma de decisiones, sobre todo en la interpretación y priorización de políticas que afectan áreas en las que sus antiguos jefes legislativos han mantenido posiciones firmes.

Una fuente con conocimiento de las tensiones internas, que solicitó anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente, explicó que pudiera haber fricción en la administración Trump, porque pudieran ver con sospecha que exformuladores de política pública asociados a partidos derrotados en las urnas sigan ejerciendo poder desde la Junta Fiscal.

“Aunque yo no esté en una papeleta, si soy parte del equipo que promueve esa agenda y policy, ahora gobiernan desde la FOMB, a pesar de que el pueblo rechazó su gobernanza en las pasadas elecciones”, expresó el informante.

En la práctica, esto significa que en la mesa de la Junta de Supervisión Fiscal podrían convivir criterios técnicos con una visión de país moldeada en el Capitolio bajo gobiernos populares. Para algunos observadores, esta dinámica brinda una percepción de que un “gobierno permanente” compuesto por cuadros del PPD desplazados de la política electoral sigue ejerciendo poder, pero ahora desde un organismo creado por ley federal con control sobre el presupuesto y las reformas estructurales de Puerto Rico durante los últimos nueve años.

En este nuevo escenario, la Casa Blanca tendrá que nombrar a los sustitutos de los miembros removidos, lo que abre la puerta a un viraje estratégico en el control y las prioridades de la JSF, con implicaciones directas en la relación fiscal y política entre Puerto Rico y Washington D.C.

INDIARIO volvió a cursar durante la tarde de hoy una solicitud de información para obtener la plantilla completa de los empleados que conforman la Junta de Supervisión y continúa esperando por una respuesta.