En manos del gobierno la aprobación de más ayudas federales por desastres de la tormenta Ernesto

Tras el paso de la tormenta tropical Ernesto, que ha dejado en muchos municipios de Puerto Rico el saldo de fuertes lluvias y ráfagas de viento que a esta hora mantiene a casi 600,000 abonados sin servicio eléctrico, el gobierno de Puerto Rico se enfrenta al reto de gestionar la ayuda necesaria para las familias damnificadas, gestión que pudiera tardar semanas.

“Es un proceso que toma días, hasta semanas. Ahora se empieza a levantar la data en cuanto a los daños, o sea, hacer estimados preliminares de daños a nivel municipal y se la suplen a Manejo de Emergencia, COR3, y entonces comenzamos a trabajar el asunto con FEMA. Hay que llegar a un umbral particular antes de uno pedir una declaración de emergencia de parte del presidente y que todavía no sabemos si vamos a llegar a ese umbral”, adelantó el gobernador Pedro Pierluisi durante la conferencia de prensa celebrada esta tarde.

En la noche de ayer, martes el Departamento de Seguridad Nacional autorizó una declaración de emergencia que permitirá a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) colaborar en los esfuerzos de recuperación, cubriendo hasta el 75% de los gastos que incurra el gobierno local relacionados con la emergencia bajo la Parte B de la Ley Stafford, mediante lo que se conoce como Asistencia Federal Directa.

Sin embargo, para que las familias afectadas puedan acceder a la asistencia al individuo por parte FEMA, el gobierno debe seguir una serie de pasos críticos, según explicó a InDiario la propia agencia federal en declaraciones escritas.

Según la normativa establecida, el gobernador Pierluisi deberá solicitar formalmente al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, una declaración de desastre que active el Programa de Asistencia Individual, la cual debe estar acompañada por un estimado de daños. Este paso es esencial, ya que permite que la ayuda federal no solo sea para complementar los esfuerzos estatales para atender la emergencia, sino que viabiliza la asignación de recursos para responder a las necesidades más urgentes de los ciudadanos afectados.

"Durante un desastre o emergencia, el gobierno de la jurisdicción está a cargo de las operaciones de respuesta y recuperación, la ayuda federal está destinada a complementar, no a sustituir. Si el estado/territorio y el sector privado no tienen la capacidad o los recursos para manejar la respuesta al desastre y los esfuerzos de recuperación, el gobernador debe solicitar al presidente una declaración de desastre que autorice la activación del Programa de Asistencia Individual", dijo la agencia a través de su oficina de prensa.

A preguntas de InDiario sobre si FEMA cuenta con el financiamiento para cubrir cualquier solicitud del 75% que pudiera realizar el gobierno de Puerto Rico, FEMA no fue asertiva en proveer una respuesta concreta. Sin embargo, aseguró que trabaja estrechamente con la administración y el Congreso federal para garantizar que el Fondo de Ayuda en Desastres (DRF, por sus siglas en inglés) esté debidamente provisto para cubrir las solicitudes de asistencia que puedan surgir no solo de la declaración aprobada anoche, sino de cualquier otra que se necesite en el futuro cercano. Esto es crucial, dado que Puerto Rico podría enfrentar una demanda significativa de recursos para la recuperación, especialmente en las comunidades que mayor cantidad de lluvia recibió tras el paso del ciclón.

FEMA subrayó que en situaciones donde el impacto del desastre sea muy severo, existe la posibilidad de que el pareo de fondos inicial del 75/25% se incremente hasta alcanzar un 90% o en el mejor de los casos para Puerto Rico, hasta un 100%. Para que esto ocurra, se requiere una evaluación exhaustiva por parte de la agencia federal, la cual considerará factores como la magnitud del desastre y la capacidad financiera del estado para cubrir su parte del 25%.

Alternativamente, el gobernador Pierluisi podría solicitar un aumento de la aportación federal no sin antes demostrar que la situación supera la capacidad del estado para manejar la recuperación con los fondos existentes. Otra alternativa sería que el presidente o el Congreso de los Estados Unidos autorice un aumento en la aportación federal, llevando el porcentaje de cobertura a un 90% o incluso al 100%, en caso de que se determine que la gravedad del desastre así lo justifica.

Con estos pasos en mente, el gobierno de Puerto Rico, junto con FEMA, se encuentra en una posición crítica para activar los mecanismos necesarios que permitan que las familias afectadas por Ernesto reciban las ayudas que necesiten. La situación se desarrolla rápidamente y es esencial que las comunidades afectadas estén conscientes de que aunque la ayuda federal está en camino, el proceso requerirá de algún tiempo y estrecha colaboración entre las diferentes agencias gubernamentales y federales.