Gobernadora firma ley para corregir errores en sistema de planillas electrónicas

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, convirtió en ley la medida que busca corregir múltiples fallos y vacíos legales en el proceso de radicación electrónica de planillas a través de plataformas privadas mediante la firma de la Ley 112-2025.

El nuevo estatuto, propuesto en el Senado por su presidente Thomas Rivera Schatz y coauspiciado por los senadores Gregorio Matías y Migdalia Padilla, busca clarificar definiciones fundamentales y enmendar disposiciones que obstaculizaban la implementación efectiva de la ley previa de 2024.

Entre las correcciones más destacadas, la nueva ley reconoce que el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) del Departamento de Hacienda aún no cuenta con la infraestructura tecnológica para gestionar la diversidad y volumen de planillas contributivas exigidas por la Ley 189-2024. De no atenderse, esta desconexión entre el mandato legal y las capacidades técnicas podría haber ocasionado retrasos, ineficiencia y una sobrecarga operativa que afectaría directamente a los contribuyentes.

Además, la medida atiende la ausencia de mecanismos adecuados para salvaguardar la confidencialidad de los datos contributivos que el Departamento debe compartir con terceros. Según el nuevo texto, esta deficiencia representaba un riesgo a la privacidad financiera de los ciudadanos, exponiéndolos a posibles fraudes o delitos cibernéticos.

También se subsanan contradicciones en la redacción original sobre los roles y deberes del Departamento de Hacienda, al establecer que se le otorga la facultad —y no la obligación absoluta— de otorgar acceso a proveedores privados para ciertos procesos digitales. La ley original presentaba ambigüedades que ponían en duda la discreción del Departamento para actuar según sus capacidades y criterios técnicos.

Finalmente, la Ley 112-2025 incorpora definiciones claras para los términos “planilla de contribución sobre ingresos” y “proveedor privado”, con el fin de evitar malentendidos y facilitar la correcta implementación de esta política pública de digitalización contributiva.