Coral Maysonet denuncia adoctrinamiento en UPR-RP

La estudiante de periodismo Coral Maysonet denunció públicamente que la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, “está dejando de ser un espacio de debate libre para convertirse en un centro de adoctrinamiento ideológico”, tras un incidente en la Asamblea General de Estudiantes donde se sancionó a dos alumnos.

Según relató Maysonet en sus redes sociales, el pasado 23 de abril el Consejo General de Estudiantes “decidió perseguir y censurar la libertad de expresión de dos estudiantes al declararlos no gratos por simplemente alzar su voz en cuanto a la seguridad de las mujeres, en los baños inclusivos”. Maysonet añadió que estos son “baños donde muchas mujeres, incluyéndome, se sienten inseguras y con miedo”.

Los hechos ocurrieron después de que al menos dos estudiantes expresaran preocupaciones sobre incidentes de violencia sexual en dichos baños durante la asamblea. Uno de ellos, Jan Carlos Tousset Rivera, presidente de la organización Pro Vida PR, llegó a describir los espacios como “baños de acoso”. Durante su intervención, según se observó en vídeos del evento, le fue arrebatado el micrófono, y posteriormente se acogió una moción para declararlo “non grato” junto a otro compañero que también había expresado preocupaciones similares, forzando su salida.

Maysonet afirmó en su mensaje que los estudiantes “no insultaron, no agredieron, no faltaron el respeto, solo hablaron”, pero que “fueron marcados, cancelados y señalados públicamente”. Calificó la acción del Consejo como “censura y fanatismo” y “abuso de poder”. “Me parece sumamente preocupante… el convertir a estudiantes en 'non gratos' por expresar una preocupación real… va contra los principios básicos de la libertad de expresión”, sostuvo Maysonet.

Argumentó que “El Consejo General de Estudiantes no está para castigar ideas, sino para representarlas. Declarar a alguien 'non grato' por pensar diferente… es abrirle la puerta al fanatismo…”.

La Asamblea aprobó una moción para investigar los actos lascivos denunciados e implementar medidas de seguridad, Maysonet considera que no es suficiente. “Es un paso mínimo... no basta con investigaciones”, expresó, insistiendo en que “Investigar no resuelve el problema. Lo único que lo resuelve son medidas concretas: vigilancia, protocolos, separación clara de espacios y consecuencias para quienes violen esos espacios”. Mencionó haber recibido evidencia de correos universitarios sobre incidentes previos y compartió una experiencia personal de haberse sentido insegura en el campus.

Maysonet planteó que lo sucedido “es un síntoma de lo que pasa cuando una ideología se convierte en regla y todo el que no la repite es tratado como enemigo”. Reafirmó que “La UPR tiene el deber de formar ciudadanos críticos, libres y pensantes, no estudiantes que repiten lo que se les impone por miedo a ser juzgados por pensar diferente”.

“Castigar a quien se atreve a hablar sobre la seguridad de las mujeres demuestra hasta qué punto algunos están dispuestos a sacrificar principios básicos por ideología”, concluyó. Finalmente, declaró: “Y no vamos a callar... hablo por todos los que piensan que la universidad debe ser un espacio de pensamiento y no de adoctrinamiento”.

Para ver el video de su denuncia oprima aquí.

Posible contradicción y riesgo para fondos federales

Aunque la Junta de Gobierno de la UPR anunció la eliminación de estructuras DEI obligatorias (mediante la Certificación 110 o la relacionada Certificación 108) como una medida para alinear la institución con normativas federales de la administración Trump y proteger así fondos federales esenciales, la decisión de mantener operativos los baños inclusivos de género introduce una notable complejidad.  

Estos baños han sido objeto de controversia y son vistos por sectores conservadores, a menudo alineados con las políticas impulsadas por la administración Trump sobre neutralidad ideológica y contra la llamada "ideología de género", como símbolos contrarios a dichas políticas. De hecho, la propia Gobernadora Jenniffer González ha expresado públicamente su apoyo a legislación para prohibir este tipo de baños en instalaciones gubernamentales, incluyendo explícitamente a la UPR.  

Por lo tanto, mientras la UPR eliminó formalmente ciertas estructuras DEI, la permanencia de los baños inclusivos podría ser interpretada por agencias federales o entidades fiscalizadoras como una inconsistencia con el espíritu de las directrices que la Junta buscaba acatar. Esta situación podría, potencialmente y contrario a la intención declarada por la Junta, generar fricción o abrir cuestionamientos sobre la plena conformidad de la universidad, lo que algunos analistas o grupos podrían argumentar que sí representa un riesgo para la recepción o continuidad de ciertos fondos federales que exijan una adhesión estricta a políticas de neutralidad o separación por sexo biológico.